Los deberes de España con los derechos de los migrantes que las ONG denunciarán en la ONU

Acabar con las identificaciones por perfil racial, garantizar que los migrantes en situación irregular pueden denunciar de forma segura o solucionar el problema de las citas para pedir asilo son algunos de los “deberes” que España tiene pendiente en materia de derechos para los migrantes.

Así lo denunciarán diversas ONG ante la ONU el próximo 21 de febrero, cuando comienza el Examen Periódico Universal que la organización internacional realiza a sus Estados miembro cada cuatro años con el fin de analizar el grado de cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos.

Para ello, recaba diferentes informes y las entidades en defensa de los derechos humanos -y, en particular, de los migrantes- plataforma DESC España, la Fundación Convive CEPAIM, Accem y Red Acoge ya han trasladado su aportación.

Según explicó Natalia Slepoy, de Red Acoge, durante un desayuno informativo esta semana, en ellos las ONG han valorado algunos “avances” conquistados en los últimos años pero recalcan que “España tiene aún muchos deberes por hacer” en esta materia.

La activista resaltó la importancia de defender estos derechos en un momento como el actual, cuando se está cuestionando muchos de ellos “que parecían plenamente asumidos por el conjunto de la humanidad”.

Prohibición de identificaciones por perfil racial

Rubén Romero, de Fundación Convive CEPAIM, explicó en la misma rueda de prensa que el fin de las identificaciones policiales por perfil racial es una de las recomendaciones que más ha hecho la ONU en anteriores exámenes, así como el Comité de Derechos Humanos en 2015 o la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia en 2018.

Sin embargo, es una práctica que “continúa sucediendo en nuestras calles” y para la que no existe “ningún tipo de prohibición expresa” en nuestro ordenamiento, señaló.

Denuncias seguras para migrantes en la irregularidad

“En España sucede una paradoja y es que las personas que están en una situación irregular no pueden o al menos se ven coartadas a la hora de presentar una denuncia en comisaría, básicamente ante el temor a ser sancionadas o a que se le incoe un procedimiento de expulsión”, apuntó Romero.

Citó como ejemplo el de una mujer de América Central que en 2020 en Valencia fue a presentar una denuncia a comisaría y acabó con un expediente de expulsión.

Esto ocurre, denuncian las ONG, en contra de lo expresado en varias recomendaciones por el Defensor del Pueblo, que han sido rechazadas reiteradamente por el Ministerio del Interior.

El problema de las citas en protección internacional

Las entidades denuncian las trabas para acceder al procedimiento de protección internacional en España ante la escasez o ausencia de citas telemáticas y las dificultades para presentar presencialmente la solicitud, los retrasos para la primera cita de manifestación de voluntad de hasta cinco meses y después para la formalización, que demora entre seis meses y un año, casi dos en algunos casos.

También llaman la atención sobre la dificultad o imposibilidad de solicitar asilo en España desde el exterior a través de las embajadas, una posibilidad que reconoce la ley de asilo pero que, al carecer la norma de desarrollo reglamentario, se vuelve casi imposible en la práctica.

Reducir los internamientos

El informe de CEPAIM alude a los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), donde con los años está bajando el número de internos (2.085 en 2023, 2.276 en 2022) pero con cada vez más mujeres y la detección de algunos menores (dos acreditados en 2023).

Aunque cada vez las cifras son menores, las entidades insisten en que esta medida es “desproporcionada y viola los principios de última ratio y proporcionalidad de la pena del ordenamiento jurídico estatal y de los compromisos internacionales adquiridos”.

Acabar con las devoluciones en caliente

Advierten de que en Ceuta y Melilla se ha denunciado la práctica de devoluciones sumarias o expulsiones colectivas y la denegación del derecho a un recurso efectivo ante instituciones como el Defensor del Pueblo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Comité de los Derechos del Niño.

Y ponen como ejemplo de ello lo ocurrido en la valla de Melilla el 24 de junio de 2022, cuando, según el Defensor del Pueblo, se produjeron 470 devoluciones en caliente.

Por ello, recomiendan modificaciones legislativas como la disposición adicional décima de la ley de extranjería, introducida por la ley de seguridad ciudadana, que establece que las personas detectadas intentando superar “elementos de contención fronterizos” para entrar irregularmente a España puedan ser rechazados.

Sin autoridad independiente para la igualdad de trato

En su informe, CEPAIM y Red Acoge celebran los avances que ha supuesto la aprobación, en julio de 2022, de ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación, pero recuerdan que aún no se ha creado e la autoridad independiente que prevé la norma, que debió haberse constituido en enero de 2023.

Las entidades mencionan otros deberes pendientes, como ratificar la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares o mejorar el acceso a la sanidad para personas en situación de irregularidad, que siguen siendo excluidas u obligadas a pagar en algunas comunidades.

También establecer un mejor método de determinación de la edad del menor, que no se limite a las pruebas óseas y aplique la presunción de minoría.

Y, en cuanto a las personas apátridas, demandan mejorar la recopilación de datos fiables, facilitar la obtención de la nacionalidad española y modificar la ley del registro civil para posibilitar el registro de nacimiento de los pequeños nacidos en tránsito.