El PP y el salario mínimo: historia de un doble discurso

El incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) es una de las principales banderas del Gobierno. Cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, en junio de 2018, estaba fijado en 735 euros. Este 2025, los trabajadores sujetos a este indicador cobrarán 1.184 euros. Un incremento del 60% que ha llevado a la parte socialista del Gobierno de coalición a plantear por primera vez su tributación directa, vía IRPF. El PP, que se ha opuesto sistemáticamente a todas esas subidas que acumulan 449 euros, pero clama ahora por unos 20 euros de impuestos a una parte de los trabajadores que lo cobran mientras oculta que también pagarán más las demás rentas, incluidas las más altas.

La historia del PP y el SMI es la historia de un doble discurso. Lo ejemplifica muy bien la intervención de Alberto Núñez Feijóo durante su fracasado intento de investidura. Era septiembre de 2023 y el líder del PP planteó su “compromiso de alcanzar el 60% del salario medio”, en consonancia con lo que pide la Carta de Derechos de la UE y con el planteamiento que Unidas Podemos, primero, y Sumar, después, han llevado al Consejo de Ministros.

Feijóo añadió, en referencia al PSOE: “Con ustedes, el incremento del salario mínimo está por debajo del incremento de los precios y con nosotros el incremento del salario mínimo supera el incremento de los precios”. Dos afirmaciones que no son correctas, ya que no todos los gobiernos del PP han subido el SMI igual o más que el IPC (no lo hizo, por ejemplo, José María Aznar). Pero sí todos los gobiernos socialistas han incrementado el indicador por encima de la carestía de la vida, tanto con José Luis Rodríguez Zapatero como con Pedro Sánchez.

En esta última etapa, entre mayo de 2018 y diciembre de 2024, los precios han subido alrededor de un 20%. El SMI, por encima del 60%.

Pero más allá de la manipulación dialéctica, el PP intenta tapar su propia gestión del SMI tanto cuando gobernó como en la oposición. Mariano Rajoy asumió el poder con mayoría absoluta tras las elecciones de noviembre de 2011, y mantuvo este indicador prácticamente congelado durante su mandato.

Durante su primer mandato lo subió 14 euros, desde los 641 euros de 2011 a los 655 de 2016. Para entonces, el PP había perdido la mayoría absoluta y habían irrumpido en el Congreso Podemos y Ciudadanos, con discursos muy distintos sobre el indicador. Al año siguiente, el SMI dio un pequeño salto, hasta los 707 euros. Y en 2018 otro, hasta los 735 euros.

Acuciado por la oposición, Rajoy firmó a finales de 2017 con los sindicatos y la patronal un acuerdo para incrementar el SMI de forma progresiva hasta los 850 euros entre 2018 y 2020. Pero al último presidente que ha tenido el PP no le dio tiempo a poner en marcha su plan por la moción de censura que lo sacó de la Moncloa de forma anticipada en junio de 2018.

Pablo Casado sustituyó a Rajoy al frente del PP tras imponerse a Soraya Sáenz de Santamaría gracias al voto de los delegados en un congreso extraordinario pese a que perdió las primarias.

La coalición progresista pasó por encima de los acuerdos de Rajoy y ya en 2019 elevó el SMI a los 900 euros. Fue el comienzo de una serie de subidas que han llevado el indicador en 2025 a los 1.184 euros.

El PP de Pablo Casado se opuso a todos los incrementos del SMI. Llevado por su vehemencia, el entonces líder de la oposición llegó a prometer que haría cumplir el acuerdo firmado por Rajoy y los agentes sociales de fijar un SMI de 850 euros en 2020, lo que implicaría bajar por primera vez el salario mínimo fijado por ley. En principio, 50 euros al mes. En realidad, más.

Porque en 2020, nada más estrenarse el primer Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, un pacto a tres bandas que incluía a patronal y sindicatos fijó el SMI en 950 euros. 100 más de los previstos por Rajoy y de los defendidos por Casado.

El PP se opuso de forma taxativa, pese al acuerdo del diálogo social. Esa vez, la anterior y las siguientes. Desde la sede nacional de la madrileña calle de Génova se distribuyeron argumentarios a los portavoces y dirigentes del partido en toda España. Casado le puso voz: “Ya hemos dicho, como ha dicho la patronal, que iba a producir mucho paro en el mes de enero”.

Así, mientras el líder del PP defendía una supuesta subida del SMI que, en realidad, iba a suponer una bajada de 100 euros, desde la factoría de Génova se lanzaba la idea de que incrementar el indicador sería causa de paro y crisis. Además, Casado intentó exponer que su partido siempre negociaba con los agentes sociales las cuestiones laborales, pero Mariano Rajoy impuso en 2012 su reforma laboral, así como las posteriores decisiones sobre el SMI. Solo a finales de 2017, con las encuestas mostrando un clima social de rechazo a sus políticas, se avino a negociar.

Al PP no le hizo cambiar de posición ni la pandemia ni los sucesivos acuerdos sociales liderados por la entonces ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, hoy también vicepresidenta. “Solo conseguirá destruir tejido productivo, ralentizar la creación de empleo y disminuir la prosperidad”, dejó por escrito el PP en 2022. Entonces, el paro era inferior al que dejó su partido en 2018, con un SMI 230 inferior y con el mundo todavía pagando las consecuencias de la pandemia. Los estudios afirman que la subida del salario mínimo en 2019 redujo la desigualdad y los índices de pobreza laboral.

Era febrero y a Casado le quedaban apenas unos días al frente del PP. Feijóo y los barones ya preparaban el golpe de mano que propició el cambio de liderazgo. Pocos días después, Rusia invadió Ucrania y los precios en toda Europa se dispararon.

Con el IPC desbocado, el Gobierno se sentó con patronal y sindicatos a negociar el SMI de 2023. La nueva dirección del PP desechó la estrategia de Casado e intentó desde el primer momento no arremeter directamente contra las subidas del indicador, aunque se expresó en contra con motivos económicos.

“El esfuerzo tiene que salir de la administración en primer lugar para luego pedirle ese esfuerzo a los empresarios”, dijo el vicesecretario económico, Juan Bravo, en septiembre de 2022 como forma de desviar el debate sobre el SMI hacia otro sobre los impuestos. El Gobierno de coalición utilizó la subida de los precios como palanca en su negociación, mientras el PP asumió el relato de la patronal y pidió un incremento limitado.

Porque el debate social ya no era sobre la necesidad o no de subir el SMI, si no cuánto debía subir el indicador. Un triunfo de los defensores de aumentar el mínimo que cualquier trabajador debe cobrar en España que Feijóo llevó a su propio discurso de investidura un año después. 

El PP mantuvo aun así un discurso crítico con subir el SMI mientras defendía el incremento. En 2022, Feijóo pidió una subida “equilibrada con la competitividad de las empresas” pese a asumir “una inflación del 13% los dos últimos años” y “un incremento exponencial de las hipotecas de 200-300 euros de media al mes”. Su miedo, afectar a “la competitividad de las empresas y del tejido productivo español, para no perder los trabajadores su puesto de trabajo”. Feijóo no dio cifras y se referenció en las de la patronal.

Ya en 2023, Feijóo sorprendió con un anuncio: situar el SMI en el 60% del salario medio. Lo hizo en su debate de investidura y cuando ya era plenamente consciente de que el Congreso no le iba a designar presidente del Gobierno. Una propuesta que no estaba en el programa electoral del PP y alejada de los postulados de la CEOE.

El Gobierno da aire al discurso de Feijóo

De aquella propuesta de Feijóo no queda nada, y el PP ha vuelto a las críticas al salario mínimo interprofesional. Una de las más recientes y novedosas fue la de Isabel Díaz Ayuso, quien aprovechó la Conferencia de Presidentes de finales de 2024 para lanzar la idea de establecer un SMI diferente para cada comunidad autónoma.

“El salario mínimo no debería ser igual para un agricultor extremeño que para un empresario de Madrid”, dijo Ayuso a puerta cerrada ante los presidentes autonómicos y el propio Pedro Sánchez. Una frase que recoge una vieja reivindicación de la patronal y que obtuvo respaldo o silencio cómplice en las propias filas de la dirigente madrileña. Por ejemplo, de la propia presidente extremeña, María Guardiola. 

Solo Juan Manuel Moreno optó por contradecir a Ayuso, quizá consciente de que Andalucía es la región donde más personas cobran el SMI.

Algo que también debería haber tenido en cuenta la vicepresidenta primera del Gobierno y próxima candidata de PSOE en Andalucía, María Jesús Montero, antes de acabar con parte de la exención fiscal del SMI.

Hasta este año, la parte del salario de cada trabajador español equivalente al SMI quedaba fuera de tributación del IRPF. Una fórmula que beneficia a los preceptores de sueldos bajos, pero no solo ya que todo salario estaba libre de impuestos en dicho tramo.

La bronca interna en el Gobierno ha permitido al PP coger aire. No solo porque ha tapado su apoyo al decreto social que recoge la subida de las pensiones después de haberlo tumbado en la primera votación, sino porque sitúa el debate en uno de sus puntos fuertes: los impuestos.

Feijóo ha defendido esta semana que España es “un infierno fiscal”, pese a que la presión tributaria está por debajo de la media de la UE. Es irrelevante que solo un 20% de los perceptores del SMI vayan a pasar a pagar unos 20 euros mensuales de IRPF (un 2% sobre el total), y que además esta decisión suponga que las rentas más altas también van a ver aumentada proporcionalmente su tributación.

El PP ha encontrado la forma de desviar el debate de su propia contradicción y de un mensaje que no se corresponde con los datos económicos. Tanto Feijóo como su responsable económico o su portavoz parlamentario, Miguel Tellado, han asegurado en los últimos días que subir el salario mínimo destruye empresas, sobre todo pymes, sube el paro y reduce la productividad de los trabajadores.

La realidad es diferente, tal y como expuso el secretario general del sindicato CCOO en un post en Twitter: “Hay más PYMES, más empleo en ellas y tienen un tamaño medio superior”. Y los datos del INE así lo atestiguan.

Este viernes, Tellado ha señalado además que el SMI no está acordado con la patronal, pero el PP en el pasado tampoco ha apoyado las subidas que sí contaban con el visto bueno de la patronal. 

El pasado mes de enero, el responsable económico del PP dejó una frase para la hemeroteca que define bien lo que piensan en el partido que lidera Feijóo. “Hay que valorar hasta donde se puede subir el SMI sin que se destruya empleo”, dijo, antes de que se hiciera pública la decisión del Gobierno. Exactamente, la misma idea que defendía ya Pablo Casado en 2019.