Vejaciones y propuestas machistas: trabajadoras de ayuda a domicilio de Santa Cruz de Tenerife denuncian acoso sexual

Vejaciones, proposiciones sexuales a cambio de dinero, tocamientos, propuestas de ver pornografía... Trabajadoras de ayuda a domicilio de Santa Cruz de Tenerife denuncian sufrir acoso sexual en su día a día en el puesto de trabajo. Desde CCOO apuntan que se ha contabilizado varios casos y que una de ellas ha denunciado ante la Policía. USO señala que son siete los casos constatados, pero que puede haber más, incluso de trabajadoras que ya no están en el servicio.

“Nuestro puesto de trabajo, que no se olvide nadie, entramos en el sitio más íntimo de una persona, que es su hogar, y cuando se cierra la puerta, quedamos vendidas”, señala Verónica González, miembro del comité de empresa de este servicio y del sindicato USO. “Nosotras esto lo venimos sufriendo desde hace tiempo, la única diferencia es que ahora lo hemos hecho público”, incide. “Comentarios machistas venimos sufriendo desde hace muchísimos años, pero ahora lo que han cogido de moda algunos usuarios es las proposiciones sexuales”, añade.

La sectetaria de Mujeres, Juventud e Igualdad de CCOO, Elvira Hernández, explica también a este periódico que el pasado 6 de febrero se produjo una denuncia, pero “esto es solo la punta del iceberg”, aclara. “Estamos viendo vejaciones, comentarios de naturaleza sexual, intercambios que le han propuesto a una de las trabajadoras, otro que llamó pidiendo que le mandaran chicas guapas...”

Hernández recuerda que la ayuda a domicilio es un servicio fundamental, ya que son personas que tienen una dependencia y que en todos los casos se trata de hombres que tienen estos comportamientos machistas, mientras que de ninguna mujer hay quejas. Sí que hay un caso de un familiar de la persona dependiente que también ha acosado a una trabajadora, remarca la secretaria de Igualdad.

La portavoz de CCOO apunta que la empresa encargada del servicio, Atende (filial de la empresa Clece), “la primera solución, que no es una solución, que es un parche, es enviar a otra trabajadora donde acudía una”, apunta y añade que a un usuario sí que se le ha dado de baja del servicio, se trata del caso que ha sido denunciado en la Policía, según adelantó Prensa Ibérica.

En este punto, la portavoz de USO señala que cuando se ha dado de baja un servicio a los dos o tres días vuelve a darse de alta. Con el último caso que salió a la luz esta semana, Verónica González remarca que se han tocado todas las puertas para que paralizaran el servicio “porque sabíamos que la compañera que nos había puesto en alerta estaba pasándolo fatal. Yo personalmente le recomendé que fuera a su médico y le hicieran un parte para poder presentar una denuncia”, explica. “Ese servicio sí está paralizado, pero nos consta que seguramente lo vayan a reactivar si no el lunes, el martes”, agrega.

“Todas las compañeras del comité, lo primero que recomendamos es cuando pasa una situación de esas, en el caso de esta chica fue que le hicieron una propuesta sexual directa, que se marche del domicilio, se ponga en un lugar seguro y automáticamente llamar al 091”, remarca Verónica González. “Según la empresa, el protocolo es que llamemos a coordinación, que se pone en contacto con el ayuntamiento. Nos consta que la empresa sí es cierto que se pone en contacto con el ayuntamiento, pero sabemos que en la mayoría de las ocasiones el ayuntamiento no responde o tarda muchísimo en responder”, resume la integrante del comité de empresa. No obstante, remarca que es la empresa la que tiene que abrir un protocolo.

González subraya que otra compañera que ha denunciado esta semana y que es miembro del comité ha señalado que un usuario en varias ocasiones le dijo de ver una película porno. Ella se lo comunicó a la empresa. “La empresa lo que hizo fue cambiar de auxiliar y el señor usuario le ha dicho a la coordinadora que le mandara una nueva pero guapa”.

“El comité de empresa está pidiendo que se dé de baja a estos usuarios del servicio, porque es un servicio de ayuda a domicilio, son personas dependientes, pero la empresa tiene la obligación de proteger a las trabajadoras”, resume Elvira Hernández. “No se puede enviar a mujeres en situación de riesgo a trabajar a domicilio donde se las está agrediendo”, incide la portavoz de CCOO.

“Casos así siempre han existido, pero ahora estamos más sensibilizadas como sociedad y también las trabajadoras han visto que van a tener apoyo de sus compañeras y del comité de empresa, en el que estamos diferentes sindicatos para acompañarlas en el proceso de denuncia”, incide Elvira Hernández.

El acoso en el trabajo es violencia de género

Desde CCOO afirman que se ha pedido una reunión urgente del comité de igualdad, ya que al tratarse de una empresa estatal tiene su plan de igualdad, protocolo de prevención y de tratamiento del acoso sexual y por razón de sexo, y tiene, de hecho, un protocolo de emergencia que se debe aplicar cuando son los usuarios los que están cometiendo el acoso sexual o por razón de sexo. “Pero al final es que el Ayuntamiento es el que determina la concesión a una empresa y quienes pueden dar de baja al usuario son los servicios sociales del Ayuntamiento”, aclara.

Hernández recuerda que el acoso sexual en el trabajo es violencia de género y “la empresa tiene la obligación de garantizar un espacio seguro para las trabajadoras”. “Y el Ayuntamiento tiene que conciliar el no poner en situación de vulnerabilidad a las trabajadoras de un servicio que está contratando y el de atender la situación de vulnerabilidad de personas con dependencia, pero la discapacidad y la dependencia que está reconocida pueden ser situaciones muy diversas”. En este punto incide en que en muchas ocasiones la discapacidad es física y tiene plenas sus facultades mentales. “Hay un machismo detrás y una estructura patriarcal que está clara”.

Qué reclama el comité de empresa

“Llevamos desde que se constituyó este comité de empresa hace dos años pidiendo al ayuntamiento y a la empresa, pero sobre todo al ayuntamiento, una reeducación de los usuarios y una campaña de sensibilización. Cuando decimos reeducación no nos referimos a que nos den los buenos días ni las buenas tardes. Nos referimos a que sepan cuáles son nuestras funciones, porque ahí tenemos un grave problema. Y a exigir y pedir respeto”, incide Verónica González.

“Cuando los usuarios van a pedir un certificado de empadronamiento al ayuntamiento o van a hablar con la trabajadora social ¿a ellos les faltan el respeto?. O cuando van al banco a hacer una gestión, ¿Por qué a nosotras se sienten en la libertad y en total impunidad? Y además estamos en muchas diferencias de condiciones”, recuerda González. “Cuando se cierra la puerta del domicilio estamos en su terreno”, añade.

Otra cuestión que piden desde el comité es que en algunos casos que envíen a dos personas a los domicilios, “ya no solo por la carga física, es la carga mental y es por protección”, destaca González.

“Nosotros estamos preparadas para muchísimas tareas que no se nos respetan y sabemos perfectamente cuándo un usuario o una usuaria tiene una conducta que es consecuencia de una enfermedad mental o de una pérdida de funciones cognitivas y cuando lo están haciendo con maldad. Y cuando hay denuncias es porque sabemos que lo están haciendo con maldad y además son casos repetitivos”, insiste.

La respuesta del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha anunciado en un comunicado que ha pedido a la empresa adjudicataria del servicio de ayuda a domicilio que revise los protocolos de actuación y permita denunciar de forma anónima a sus profesionales si sufren situaciones de acoso sexual que “son absolutamente intolerables”. La concejala de Políticas Sociales del Ayuntamiento, Rosario González, asegura que ha remitido en una carta dirigida a las auxiliares que realizan a diario el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) en todo el municipio en la que denuncia cualquier trato discriminatorio, vejatorio, de acoso y de violencia a este personal.

En la misiva, la concejala expresa “el más sincero apoyo” a aquellas personas que hayan podido sufrir cualquiera de estas situaciones, y reafirma el compromiso del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) para erradicar este tipo de conductas. La concejala destaca en la carta que “el principal objetivo del IMAS es garantizar que todas las personas que forman parte del servicio puedan desarrollar su labor en un ambiente positivo y saludable” y reitera que para ello, en las próximas semanas se pondrá en marcha una campaña de sensibilización.

Verónica González señala que el ayuntamiento no suele responder a los correos y que el pasado martes se les comunicó la situación de una trabajadora, por no que no comprenden que desde el consistorio se aluda a que se han enterado por los medios. Además, remarca que no les han convocado a ninguna otra reunión y que el grupo socialista en el consistorio sí que les ha emplazado a reunirse la próxima semana.

Este periódico ha intentado contactar con Atende sin que por el momento haya habido respuesta.