Canarias contrata a una firma vinculada con el exlíder de la CEOE en Tenerife para estudiar los riesgos laborales en hostelería

Imagen de archivo de una camarera de piso en el desempeño de su trabajo

Toni Ferrera

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El Gobierno de Canarias adjudicó a una empresa vinculada con el exlíder de los empresarios en Tenerife el estudio de las condiciones ergonómicas y psicosociales de los trabajadores en el sector hotelero. La Dirección General de Trabajo de la Comunidad Autónoma contrató a las compañías Servicios Avanzados de Opinión y Corporación 5, que conformaron una Unión Temporal de Empresas (UTE) para concurrir al procedimiento el pasado mes de septiembre y fueron las únicas mercantiles que presentaron una oferta. El coste de la licitación asciende a los 85.000 euros.

La noticia ha soliviantado a los sindicatos y a las camareras de pisos. La consultora Corporación 5 estuvo dirigida entre 2008 y 2022 por José Carlos Francisco Díaz, expresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) en Tenerife entre 2010 y 2022. Desde el verano de ese año, Francisco Díaz ocupa el cargo de presidente del Consejo Económico y Social de las Islas. En la formalización del contrato entre el Ejecutivo regional y la firma, de hecho, consta su rúbrica “en representación” de Corporación 5.

“Es una tomadura de pelo”, exclama Myriam Barros, presidenta del grupo Las Kellys en Canarias. “La visión empresarial no tiene nada que ver con la de los trabajadores. Nos dirán que se pueden limpiar veinte habitaciones de hotel al día, por ejemplo, pero nosotras no podemos aguantar ese ritmo de trabajo todo el tiempo”, afirma. “Pedimos que el estudio sea realizado por la administración pública y no por una empresa, porque ellos no van a avalar que realmente estamos siendo explotadas. Saben que, en caso de hacerlo, tendrían que invertir para mejorar nuestras condiciones laborales”, agrega Marcia Díaz, portavoz de las camareras de piso en Gran Canaria.

El objeto del estudio consiste en “determinar la situación (a modo descriptivo)” de los métodos de prevención de riesgos laborales en hostelería. El Gobierno autónomo recuerda que el sector servicios registró el mayor número de accidentes laborales con baja en las Islas en 2023, con 18.229 casos. Y que la hostelería, dentro de esta actividad, protagonizó el 31,62% de esos percances por múltiples problemas de salud, “relacionados todos ellos con los trastornos musculoesqueléticos, sin despreciar los de carácter psicológico”.

El trabajo de campo de la investigación comenzó en otoño del año pasado y ya finalizó. Seis técnicos de prevención de riesgos laborales de la UTE adjudicataria se trasladaron a diferentes hoteles de tres, cuatro y cinco estrellas del Archipiélago para obtener “un mayor conocimiento de los riesgos laborales actuales y (…) ofrecer soluciones”. La metodología consistió en la recogida de información a través de cuestionarios a empresas aleatorias.

La idea de la Dirección General de Trabajo era visitar 228 complejos turísticos, pero “desgraciadamente nos quedamos por debajo”, lamenta el director del Instituto Canario de Seguridad Laboral (ICASEL), Elirerto Galván. El pliego de prescripciones técnicas de la licitación tan solo especifica que el ICASEL “instará a las empresas a una participación, secreta y desinteresada en pro de los objetivos perseguidos”. Las compañías no estaban obligadas a responder.

Galván ha revelado que los resultados del estudio se presentarán pronto. El director del ICASEL justifica la externalización del mismo en la falta de personal. Dice que el Instituto Canario de Seguridad Laboral tiene “en torno a veinte técnicos” y que, en la especialidad de ergonomía y psicosociología, solo a seis. “Si los dedicáramos solamente a hacer un estudio de estos, no haríamos ninguna otra actuación y tenemos que hacer muchísimas más”, defiende.

Galván también apunta que el ICASEL ha supervisado el estudio “con reuniones continuas” con los seis técnicos contratados por la UTE de Servicios Avanzados de Opinión y Corporación 5. La primera es una empresa cuyo objeto social es “la ejecución de toda clase de estudios de mercado y de opinión pública en general”. En los últimos seis meses, ha contratado al menos cinco veces con la administración pública, en ningún caso por temas relacionados con la prevención de riesgos laborales, según el portal Gobierto.

Por su parte, Corporación 5 tiene como objetivo “la prestación de asesoramiento en materia financiera, económica, organizativa, fiscal, contable y especialmente las de formulación de análisis y estrategias”. Ha sido adjudicataria en ocho procedimientos de contratación en el último medio año. Sus trabajos se han centrado en estudios de impacto económico. La empresa ha respondido a este periódico que no emite ningún juicio de valor sobre sus encargos.

Este tema ha levantado “suspicacias” entre los sindicatos, admite Francisco González, vicesecretario general y de política sindical de la Unión General de Trabajadores (UGT). Señala que dentro de la organización “sorprendió muchísimo” la contratación de una empresa externa para la elaboración del estudio y que tendría que haberlo desarrollado el propio ICASEL. También considera que este tipo de investigaciones “se tienen que hacer en colaboración con los representantes de los trabajadores para que no se haga trampa”, aunque espera a los resultados del análisis para hacer mejores valoraciones. “Vamos a estar muy atentos”, advierte.

La última vez que el Gobierno canario llevó a cabo un estudio similar fue en 2016. Ese año se presentó la primera investigación sobre las condiciones ergonómicas y psicosociales de los trabajadores en el sector hotelero. El informe, de casi cien páginas, concluyó, entre otras cosas, que las empresas “no ejecutan” la mayoría de las medidas preventivas y que un 37% de los hoteles estudiados no habían implantado ningún tipo de protocolo de actuación ante el acoso laboral, acoso sexual y violencia en el trabajo.

La elaboración de un segundo análisis fue anunciada por la consejera de Empleo y Turismo, Jessica de León, del Partido Popular (PP), en el marco de la Estrategia Canaria de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta también dijo que dentro de ese estudio se estimaría por primera vez la salud mental de los trabajadores de la hostelería. “Quiero que a todos los infractores de la industria turística les caiga el peso de la ley encima”, aseveró De León.

El director general de Trabajo del Ejecutivo autonómico, José Ramón Rodríguez, indicó por su parte que, con este trabajo, la Consejería pretende “dar solución a las demandas de los trabajadores del sector”, como la incorporación de camas elevables, proposición de ley del PSOE ya avalada por el Consejo Consultivo, o carros de limpieza motorizados.

A finales del año pasado, los trabajadores del sector hotelero de las Islas volvieron a manifestarse para demandar una subida de los salarios y una reducción de la carga de trabajo porque “se están disparando” las bajas por este motivo. El actual presidente de la CEOE en Tenerife, Pedro Alfonso, ha manifestado en reiteradas ocasiones que “el verdadero problema en Canarias es el absentismo laboral, con 60.000 personas que no acuden a trabajar cada día”, aunque en esa cifra están incluidas las personas con bajas justificadas.

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