La Guardia Civil contabiliza una veintena de detenciones, 9 imputados citados a declarar y 13 registros

La operación desplegada este miércoles por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en diversas provincias de Andalucía y España a cuenta de la presunta administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos constituye la “segunda fase” del conjunto de la investigación y se ha saldado, de momento, con 20 detenciones, 9 imputados llamados a declarar y 13 registros, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil.

Las 20 detenciones se han producido nueve en Barcelona, que serían cargos y directivos de la consultora Vitalia Vida y de Eurobank; cuatro en Sevilla, entre ellos Eduardo Leal del Real, uno de los presuntos testaferros de las “empresas pantalla” de la trama, y José Luis Leal, hermano del abogado de Estudios Jurídicos Villasís ya imputado en la causa; tres en la provincia de Cádiz; uno en la provincia de Granada, Ismael Sierra, cuñado del exsindicalista Juan Lanzas, imputado en la causa como 'conseguidor' de la trama; y uno en Las Palmas de Gran Canaria, según informaciones de Europa Press.

La juez Alaya, desde el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, investiga una presunta trama de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) promovidos por empresas andaluzas y financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos. Mediante un acuerdo rubricado entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), durante los últimos años, la segunda de las instituciones habría librado directamente cerca de 648 millones de euros para sufragar la reestructuración de empresas en crisis con cargo a la partida 31L, fórmula supuestamente ajena a la Ley autonómica de Hacienda Pública al prescindir supuestamente de la fiscalización administrativa, siempre según la investigación.

Merced a estos fondos, de cualquier modo, habría sido financiada la presunta prejubilación fraudulenta de unas 72 personas, además de ayudas directas a empresas relacionadas con dirigentes públicos o miembros del PSOE.

Uno de los aspectos que incluye la investigación, en ese sentido, versa sobre las posibles comisiones que habrían cosechado las empresas intermediarias del sector de los seguros gracias a la contratación de las pólizas de seguro de rentas que acompañaban a los citados expedientes de regulación de empleo. Uno de los atestados policiales, por ejemplo, señalaba que las empresas de consultoría 'Hermes Consulting' y 'Maginae Solutions' habrían obtenido un beneficio de 186.800 euros por su papel de “intermediación” en el ERE promovido en 2007 por Mercasevilla.

Pues bien, después de que la juez Mercedes Alaya haya regresado al Juzgado de Instrucción número seis tras varios meses de baja, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha desplegado este miércoles una gran operación que, según han informado fuentes de la investigación, se ha saldado, de momento, con 20 detenciones, 9 imputados llamados a declarar y 13 registros. Se trata, como se ha informado, de la 'Operación Heracles', que cuenta con un nuevo llamamiento judicial al exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, con un papel clave en los hechos al haber ejercido este cargo durante el periodo en el que operó el citado sistema de ayudas.

Carmen Crespo, delegada del Gobierno en Andalucía, ha explicado que esta operación, ya “bajo secreto de sumario”, constituye “la segunda fase” de la investigación promovida en torno a la administración y destino de los fondos de la partida presupuestaria 31L. Las actuaciones, según ha manifestado, versan sobre una serie de “empresas mediadoras que ofrecían la búsqueda de financiación a aquellas empresas” que promovían “reestructuraciones” laborales. “Es la segunda fase”, ha insistido Crespo, quien ha recordado que, hasta ahora, todo el conjunto de la investigación contabiliza “116 detenciones e imputaciones”.

Detenidos y registros

Detenidos y registrosEntre los detenidos por orden la juez Alaya están Francisco Javier Guerrero, principal imputado y exdirector general de Trabajo andaluz, y el exsindicalista de UGT Juan Lanzas, según adelantó la Cadena SER.

Los investigadores han detectado que empresas en suspensión de pagos solicitaban la aprobación de expedientes de regulación de empleo para sus trabajadores, que estaban cubiertos por pólizas de seguros. En la tramitación de esos seguros se ha comprobado la existencia de cobro de comisiones ilegales, informa EFE.

Los agentes están practicando registros en la empresa de seguros Uniter de Jerez de la Frontera (Cádiz), ubicada en el número 58 de la calle Larga de la localidad gaditana y que se dedica a la mediación de seguros. Las fuentes detallan que el propietario de la misma ha sido imputado en el caso, puesto que presuntamente la empresa había planteado expedientes de regulación de empleos para sus empleados, a los que supuestamente pagaba subvenciones para después recibir el propietario comisiones por ello.

Se practican también registros en Jaén y en Albanchez de Mágina. En el caso de la capital jiennense se está realizando un registro, aunque no han precisado el lugar, mientras que otros tres se están desarrollando en la referida población de Sierra Mágina, localidad natal de Lanzas, considerado pieza clave en la trama como 'conseguidor' de los ERE y con el que están relacionadas estas actuaciones.

También se están produciendo registros de la casa del cuñado de Lanzas, Ismael Sierra, en Granada, de la sede de Uniter en Jerez así como un despacho de abogados sevillanos, según fuentes judiciales citadas por abc.es. Varios funcionarios han llegado al juzgado sevillano que instruye la causa con cajas de documentación mientras que varios secretarios judiciales, además de la de este juzgado, están participando en los registros de Sevilla, entre ellos en la Plaza Nueva y en la calle Balbino Marrón. Se espera que en las próximas horas todos sean enviados al juzgado y declaren ante la juez Mercedes Alaya. Las declaraciones podrían demorarse varias horas.

Los agentes de la Guardia Civil están llevando a cabo actuaciones principalmente en Sevilla, concretamente en lugares como el Edificio Viapol, donde hay desplegados media docena vehículos de la Benemérita y más de 15 agentes, los cuales están registrando un despacho de abogados allí ubicado, o la Plaza Nueva, donde hay dos coches del Instituto Armado apostados. En este sentido, la Guardia Civil tiene previsto trasladar a un abogado imputado y a otro detenido al despacho ubicado en Viapol a fin de realizar un registro.

Las fuentes consultadas por Europa Press han indicado que, además de las detenciones, varias personas ya imputadas en la causa han sido citadas a declarar por la juez instructora, entre ellos Juan Lanzas o Francisco Javier Guerrero, que ya se encuentra en dependencias judiciales. Las fuentes han querido dejar claro que las detenciones “no se han llevado a cabo por orden de la juez Mercedes Alaya”, sino que se han llevado a cabo “fruto de la investigación” iniciada.

Reacciones

ReaccionesEl consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Ávila, ha expresado hoy en declaraciones a los periodistas su “total respeto y apoyo” a la actuación judicial por la causa abierta por los ERE y espera que contribuya a esclarecer “con prontitud y rigor” este caso.

Valderas, vicepresidente y líder de IU, ha indicado que el caso de los ERE está en manos de la Justicia, “que está obligada a llegar hasta el final, a investigar y esclarecer todo el marco de responsabilidades, especialmente desde el punto de vista penal”. Según ha indicado, el Parlamento ya hizo su trabajo con la comisión de investigación, y ahora le toca a la Justicia.

El portavoz parlamentario del PP-A, Carlos Rojas, ha pedido la dimisión del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, tras las nuevas detenciones practicadas y que, a juicio del PP-A, ponen nuevamente de manifiesto que “estamos ante un escándalo sin precedentes” que, además, “daña muchísimo la imagen de Andalucía”. Así lo ha reclamado en una rueda de prensa celebrada en el Parlamento de Andalucía, donde ha recordado que el PP-A ya pidió su dimisión y que, ante las nuevas detenciones --se prevén hasta 24--, su partido mantiene “firmemente” dicha petición, así como que Griñán asuma “responsabilidades políticas” dentro del seno de su Gobierno.“Que se sepa la verdad y que los defraudadores rindan cuenta a la justicia”, ha apostillado Rojas.