Barcelona impulsa un plan piloto para convertir pisos turísticos ilegales en viviendas sociales
Después de haber puesto en marcha hace unas semanas una moratoria a nuevos alojamientos turísticos, el alcalde en funciones de Barcelona, Gerardo Pisarello, y la concejala de Ciutat Vella, Gala Pin, han anunciado este miércoles que ponen en marcha un plan piloto para reconvertir en viviendas sociales los pisos turísticos ilegales del distrito de Ciutat Vella, el más afectado por la presión turística. El alquiler de viviendas turísticas sin la licencia correspondiente está sancionado, de acuerdo con la ley catalana del derecho a la vivienda, con sanciones de hasta 90.000 euros. Lo que plantea el ayuntamiento es reducir las sanciones -que en promedio son de 15.000 euros- en un 80% para aquellos propietarios que cedan durante tres años la vivienda en la Mesa d'Emergència Social del Consorci de l'Habitatge de Barcelona.
Pisarello ha destacado que las medidas que plantean procuran “no la sanción, sino garantizar el derecho a la vivienda”. “Nosotros pensamos que el turismo sólo puede ser de calidad si es un turismo que garantiza la calidad de vida de los vecinos y vecinas de la ciudad”, declaró, y añadió que “tienen por objetivo evitar que Barcelona se convierta en una nueva burbuja especulativa tras la burbuja del ladrillo”.
En Ciutat Vella, según ha explicado la concejala del distrito, ya hay 330 viviendas sancionadas que se podrán acoger a la medida. Una vez cedida la vivienda en alquiler social, el propietario sólo percibirá las rentas una vez haya aportado -con las rentas del alquiler o en efectivo- el 20% restante de la multa. El consistorio recuerda que en el distrito de Ciutat Vella hay 250 desahucios al mes y el refuerzo en la Mesa d'Emergència Social puede ayudar a dar respuesta.
Sanciones a Airbnb y Booking
Por otra parte, Pin ha anunciado medidas para presionar “lobbies que operan desde internet sin ninguna contrapartida para la ciudad”, como Airbnb y Booking, que según Pin concentran el 80% de la oferta, y “recuperar el liderazgo público de modelo turístico de Barcelona ”, ha dicho. El Ayuntamiento abre la puerta a aplicar multas a estos operadores, como contempla la Ley de Turismo de Catalunya. El consistorio les requerirá información sobre todas sus ofertas en las que no consta el número de inscripción en el Registro de Turismo de Catalunya, así como de los anunciantes, y la retirada de los que no tengan licencia. A partir de septiembre, explica Pin, comenzarán a multar a las plataformas web para “todos y cada uno de los pisos sin licencia que ofrezcan”.
La medida sólo afecta al alquiler de viviendas enteras y no el alquiler de habitaciones en el piso en el que viva el anunciante. Pisarello enfatizó que la medida no tiene un afán recaudatorio, sino que plantea alternativas para garantizar el derecho a la vivienda. “Quien se ve obligado a alquilar un piso para llegar a fin de mes que entienda que aquí hay un gobierno que está dispuesto a condonar la sanción para garantizar el derecho a la vivienda”, ha dicho.
La complicidad de los turistas
El Ayuntamiento ha anunciado también que buscará la complicidad de los turistas en estas medidas. “Entendemos que cuando el turista viene a Barcelona viene sin la intención de cometer ninguna irregularidad, y a menudo nos hemos encontrado que cuando se les comunica que están en un alojamiento turístico ilegal se sorprenden”, ha explicado Pin. Para ello pondrán en marcha una plataforma web para que los turistas puedan colaborar en la identificación de los pisos ilegales y aportar pruebas.
La concejala de Ciutat Vella ha apuntado que esto no detendrá las inspecciones que ya se llevan a cabo desde el pasado verano en los barrios más afectados, como la Barceloneta, pero sí ha remarcado que en internet se puede encontrar el conjunto de la oferta. Lo que sí necesitará el Ayuntamiento serán pruebas para iniciar expedientes sancionadores, ya que con el anuncio no tienen suficiente, y para ello son claves las inspecciones.
