Caso Emarsa: Arranca el tercer intento de esclarecer el saqueo de 25 millones de euros en la depuradora de Pinedo
El juicio por la pieza principal del caso Emarsa, con 25 procesados y un presunto desfalco que ronda los 25 millones de euros, intentará arrancar de nuevo este martes en la Audiencia de Valencia tras dos aplazamientos, uno de ellos en noviembre de 2015 y otro en marzo de este año.
El primer aplazamiento, hace ya más de un año y medio, tuvo lugar tras reclamarlo algunas defensas en base a que hacía tres meses que se había detenido al fugado Jorge Ignacio Roca y se estaba a la espera de que fuera extraditado a España. Entonces el caso volvió al juzgado, se practicaron nuevas diligencias y se señaló nueva fecha de juicio para el 13 de marzo de 2017.
Durante ese tiempo, algunos acusados cambiaron de letrado a causa de renuncias o alguna incapacidad, y precisamente éste fue el motivo alegado por las defensas para volver a pedir la suspensión de la vista en el mes de marzo. El tribunal volvió a aceptar un aplazamiento y fijó nueva fecha de juicio para este martes, 2 de mayo. La vista está señalada a las 9.45 horas en la sección primera de la Audiencia por un caso que lleva investigándose desde hace siete años.
93 sesiones y más de 200 testigos
La Sala ha previsto 93 sesiones, hasta el mes de diciembre. Durante los tres primeros días de juicio se resolverán las cuestiones previas y la declaración de los acusados arrancará el 9 de mayo y se prolongará 11 sesiones. El tribunal prevé, además, tres días para resolver posibles incidencias o demoras. El 6 de junio empezarán las comparecencias de testigos, que superan los 200, para las que se reserva el mayor número de sesiones, 56 más cuatro días para posibles incidencias.
Posteriormente, el 14 de noviembre comenzarán las declaraciones de peritos, que se prolongarán durante seis sesiones. Finalmente, la exposición de conclusiones e informes está prevista para el 27 de noviembre.
Entre los acusados en esta pieza, además de Roca, se encuentran el exvicepresidente de la Diputación de Valencia y expresidente del consejo de administración de Emarsa, Enrique Crespo; y los que fueran cargos de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), José Juan Morenilla (gerente) e Ignacio Bernácer (jefe de Explotaciones).
Asimismo, se sentarán en el banquillo de los acusados el exgerente de la depuradora, Esteban Cuesta; Enrique Arnal, exdirector financiero de Emarsa; Adolfo Polo, jefe del área medioambiental; Sebastián García Martínez 'Chanín', exinformático de la entidad; Enrique Arnal Llorens, exdirector económico-financiero; Santos Peral, jefe de contabilidad y que tenía responsabilidad políticas en el PP de Valencia; e Ignacio Martínez Maiques, jefe de compras e igualmente miembro del PP.
Junto a ellos figuran los empresarios José Luis y Enrique Sena y Vicente Ros Bartual, relacionados con Notec; María Paz García Martínez, hermana de 'Chanín'; la administradora del Grupo Mas, Eva Marsal Gil; Juan Manuel García, administrador de Arrima Centre d'Estudis; Juan Carlos Gimeno, que fue encargado de gestión ambiental de la planta y posteriormente administrador de Area Este y CRM Adecua y Vicente Tomás Benlloch, administrador de Viajes Benimàmet.
Otros acusados son Ana María Ríos Solaz, periodista contratada por Emarsa; Leonor Moreno, abogada de la entidad; Luis Antonio Botella, abogado y primer teniente alcalde de Moncada; Rafael Quiles, asesor del grupo de empresas de 'Chanín'; Daniel Calzada de la mercantil Llar Calzada y a José Ramón Cuesta, hermano del exgerente.
El procedimiento saltó a la luz en 2010, cuando el PSPV denunció que Emarsa acumulaba un déficit de al menos 16 millones de euros, además de contratos no justificados por valor de unos 32 millones más. El proceso se dividió en 11 piezas, entre ellas la principal, con 25 acusados -más uno a título lucrativo-.
Dos condenas
Por este macroprocedimiento ya hay dos condenas judiciales fijadas por varias piezas separadas. La primera de ellas contra el fugado Jorge Roca, a quien se le han fijado dos años de prisión por simular una operación comercial para la exportación de 10.000 taxis a Pakistán. Se estipuló la misma pena para dos empresarios más: José Luis Sena y Vicente Ros.
La segunda condena -de cuatro meses de prisión y una multa de 62.000 euros- ha recaído sobre la mujer de Ignacio Bernácer por permitir que éste ingresara en sus cuentas bancarias parte del dinero público que detrajo ilegalmente de Emarsa.
