El Gobierno echa a la calle a los seis meses a refugiados cuando aún no han conseguido integrarse

Su farmacia. Cuando Adman (nombre ficticio) recuerda su vida pasada, menciona su farmacia una y otra vez. En Irak se quedó el negocio destartalado, su medio de vida por el que luchó durante años. Aquí, como solicitante de asilo en España, ha empezado de cero junto a su mujer y sus dos hijos, pero con el contador en marcha a gran velocidad. Aún no han encontrado trabajo, aún no han podido convalidar sus títulos universitarios, pero este mes se cumple la fecha límite, las ayudas con las que contaban para su alojamiento y manutención se agotan. Necesitan más tiempo pero el Gobierno no se lo da.

El Ejecutivo se ha llevado las manos a la cabeza por las 4.800 personas que debería acoger España si el proyecto europeo de cuotas para la recolocación de refugiados desde Italia y Grecia fuera finalmente aprobado. El ministro de Exteriores rechaza recibirles porque, asegura, el Ejecutivo “no podría garantizarles una vida digna”. Pero el sistema de acogida en España dejó de cubrir las “necesidades reales” de muchos refugiados hace cerca de dos años, según asegura el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y diferentes organizaciones implicadas. En la actualidad, indican, se está expulsando de los centros o dejando sin ayudas a personas que aún no están preparadas para una vida “normalizada”.

Adman recibió la prórroga de las ayudas en varias ocasiones debido a su situación de vulnerabilidad, pero otros muchos se quedan en la calle a los seis meses de estancia en España, según han confirmado a eldiario.es dos organizaciones a las que el Gobierno delega este servicio -la Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR) y Accem-. El Ejecutivo respondió al gran aumento de recepción de demandantes de asilo en España -se incrementó un 75% en 2013 con respecto al año anterior; un 25% más durante el 2014, según Eurostat- reduciendo el periodo de acogida de estos y otorgando cada vez menos prórrogas a las ayudas, aseguran. Desde hace cuatro meses, este medio ha preguntado de forma insistente al Ministerio de Empleo sobre la aplicación de esta nueva fórmula pero no ha recibido respuesta.

La medida comenzó a aplicarse en julio de 2014 con un periodo de adaptación, según CEAR. La imposición de un sistema de fases a las ONG encargadas de efectuar este servicio público escondía un recorte en el máximo de meses durante los cuales las personas que han huido de la guerra o de las vulneraciones de derechos humanos pueden vivir en centros de acogida o en un piso financiado. La ecuación realizada por el Ejecutivo, según diferentes fuentes implicadas en el proceso, fue la siguiente: a más solicitantes a los que internar, mismas plazas y menos tiempo de acogida [si salen antes las personas, podrán entrar más].

A más refugiados, fases “más rígidas”

La primera fase consiste en la acogida integral, ya sea en centros específicos o en pisos, donde la atención de las ONG sobre los receptores de la ayuda es total. Posteriormente, llega la etapa de “normalización”, en la que se pretende que el solicitante se integre en la sociedad y no dependa de los recursos ofrecidos por el Ministerio o por las organizaciones sociales. En función de su vulnerabilidad podrían recibir ayudas en la segunda parte del proceso, pero las subvenciones de algunos acaban una vez tienen que salir del centro de acogida.

“Antes de la entrada en vigor de la nueva medida, la media de estancia en los centros de acogida giraba en torno a los 10 meses. En ocasiones, conseguían la integración antes, otros perfiles vulnerables necesitaban más. Ahora el plazo máximo es de seis meses con prórrogas casi exclusivas para gente vulnerable muy concreta”, explica Estrella Galán, presidenta de CEAR. Como máximo, afirma, pueden permanecer en sus dependencias hasta nueve meses. Posteriormente, se les puede conceder ayudas, marcadas por la aceptación de prórrogas por parte del Ministerio. “Todas las fases del sistema de acogida suman 24 meses. Pero las prórrogas son muy limitadas”, añade.

“En este momento el sistema de acogida no está dando la respuesta adecuada a las personas que están llegando a España de manera espontánea o incluso a las personas que han venido bajo de cuotas. El numero de demandantes de asilo se ha duplicado en España y no se ha incrementado los servicios de acogida, hay gente que se queda fuera”, describe María Jesús Vega, portavoz del Alto Comisionado para los Refugiados de Acnur.

“Con los recursos que tenemos no llegamos debido al aumento de demanda de protección internacional y al empeoramiento de la situación económica en España, que, como a los españoles, dificulta las posibilidades de estas personas a la hora de encontrar un empleo para que puedan ser autónomas en un corto plazo”, sostiene Julia Fernández Quintanilla, de Accem. “Es imprescindible tener en cuenta cada caso de forma individualizada pero ahora se nos imponen las fases de forma más rígida, cuando algunos vienen traumatizados, vienen a un país europeo en el que necesitan tiempo para adaptarse y para trabajar tema en la incorporación laboral”.

Todas las fuentes consultadas indican que seis meses, por lo general, no son suficientes para lograr la autonomía de un refugiado o demandante de asilo. Son personas que huyen de la guerra o de graves vulneraciones de derechos humanos en sus países de origen, personas que han arriesgado su vida para llegar hasta España, que pueden presentar síndromes post traumáticos, que tienen que aprender un nuevo idioma y adaptarse, en muchos casos, a culturas muy diferentes. En otros casos las prórrogas alcanzan los dos años, pero cada caso tiene sus particularidades. Muchos necesitan más tiempo, aseguran.

“Es absolutamente irreal plantearse un proceso de seis meses donde el idioma es absolutamente diferente y deben lograr la estabilidad. En 6 meses es imposible garantizar un proceso de normalización. La solución no pasa por acortar los plazos sino por ampliar las plazas”, denuncia la directora de CEAR. “Durante casi toda la primera fase tienen que concentrarse en aprender el idioma, así que no es suficiente. Estamos intentando concentrar todo, que mientras estudien la lengua hagan cursos de formación pero es muy difícil. Algunas terapias tienen una duración de 18 meses”, apunta Laura Fernández, coordinadora de los recursos residenciales de la Merced Migraciones, ONG especializada en atención a jóvenes migrantes y refugiados que ha comenzado a aplicar los nuevos plazos en enero de este año.

“El sistema funciona, necesitamos recursos”

Todas las organizaciones consultadas recuerdan que es una obligación internacional de España asumir los “valores de la Unión Europea” y vivimos, aseguran, “un momento de emergencia en el que la sociedad española debe responder”. La solución no pasa por dejar de recibir refugiados o no aceptar las cuotas de la Unión Europea, indican, sino “por dotar de más recursos” al sistema. “Hemos podido en otros momentos, tenemos instituciones públicas y privadas que siempre se vuelcan. En este momento necesitamos más recursos. Se han duplicado los solicitantes de asilo. El sistema está y funciona, pero necesita adaptarse a esta situación”, afirma Quintanilla.

“En España existen dispositivos especializados con mucho bagaje, una infraestructura especializada y profesionales. Realmente es necesario poner más recursos y abrir otras vías de trabajo en España con comunidades autónomas y municipios. Con voluntad política se puede mejorar el sistema actual y asumir las cuotas establecidas por la Comisión Europea”, destaca la portavoz de Acnur.

Durante el año y tres meses que llevan Adman y su mujer en España, han aprendido español y realizado un curso de formación cada uno. El cronómetro avanza hacia una fecha límite y una ansiedad acrecentada cada 6-9 meses, cuando el Gobierno debía conceder o denegar las prórrogas de sus ayudas. Las subvenciones se acaban y desde la ONG que gestiona su caso están buscando soluciones, contactando con otras organizaciones que quizá les pudiesen ofrecer algún tipo de asistencia. “Estoy muy preocupado. No puedo estar aquí sin trabajo y no puedo volver a mí país porque.... no sé”, se interrumpe Adman antes de continuar su relato. “Perdí mi país, mi vida... Perdí mi farmacia”.

Ahora esta familia de refugiados concentra sus esfuerzos en conseguir trabajo mientras sus hijos van a la escuela. Adman probará suerte con las clases de inglés. Cuenta que se presentará a un examen avanzado con la intención de ser profesor de niños, mientras esperan la homologación de sus títulos de farmacéutico y de física.

“Nosotros jamas hemos querido que las personas sean dependientes, todo lo contrario, consideramos que son personas muy capaces. Todos los que han llegado hasta aquí porque seria imposible sobrevivir a todo lo que han sobrevivido y luchar en un nuevo país una vida adelante”, enfatiza la directora de Accem. El problema, destaca, es tener que hacerlo todo en un corto periodo de tiempo sin observar las especificaciones de cada caso. “Somos conscientes de que estas personas requieren un tiempo y ese tiempo no es único. Requieren formación, atención psicológica, aprender un idioma...”.

Adman y su familia pidieron la protección internacional en España tras ser perseguidos en Iraq por sus creencias religiosas. “Nos habían amenazado antes, pero un día 'ellos' fueron a atacar primero mi farmacia y después mi casa. Tuve que salir de allí”, dice evitando mentar al grupo al que pertenecen los culpables de su huida. Son discípulos de San Juan Bautista, minoría atacada por grupos radicales como el Estado Islámico.

Utilizaron buena parte de sus ahorros para comprar las visas en el mercado negro y viajar en avión hasta España para, desde allí, tomar otro vuelo a Holanda, donde vive una parte de la familia de su mujer. Pero su escala en Madrid truncó sus planes. La directiva de Dublín establece que las personas que quieran pedir asilo deben solicitarlo en el primer estado miembro que pisan. Cuando registraron su petición de protección internacional en Holanda, las autoridades les advirtieron que allí no se podría tramitar.

Este es otro de los aspectos que la agenda de migraciones estudiada por la Comisión Europea pretende estudiar, con el objetivo de flexibilizar la directiva, así como tratar de “armonizar” las condiciones de acogida de los diferentes países miembros, explican desde Acnur. Adán, su mujer y sus hijos fueron devueltos a España, donde, tras admitir su solicitud, comenzó el proceso de acogida que ahora acaba.