La identificación de ocho saharauis víctimas de la represión acaba con décadas de silencio

Después de décadas de lucha por parte de familiares y asociaciones de víctimas de la represión marroquí en el Sáhara Occidental, los restos de Mohamed Abdalahe Ramdan y de Mulud Mohamed Lamin, saharauis con DNI español, han sido exhumados de una fosa común en Fadret Leguiaa, a 400 kilómetros del campamento de Tindouf. Son solo dos de las ocho personas identificadas, hasta ahora consideradas desaparecidas, que un equipo de investigación forense de la Universidad del País Vasco ha localizado en dos fosas e identificado a través de un análisis de ADN. Todos, incluidos dos menores de edad, fueron ejecutados el 12 de febrero de 1976 por miembros del ejército marroquí.

En abril, la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA) alertó al equipo de la existencia de fosas comunes con restos humanos de víctimas de la represión en Fadret Leguiaa, en la región de Smara. Durante los días 8,9 y 10 del pasado mes de junio, los investigadores y forenses, dirigidos por el antropólogo Francisco Etxeberria y el psicólogo Carlos Martín Beristáin, constataron estas sospechas. Además de localizar vainas de proyectiles de fusil en las fosas junto a los huesos de las víctimas, pudieron entrevistarse con un testigo que presenció las ejecuciones con tan solo 13 años. Su relato, según el informe, coincidió con las evidencias descubiertas en las fosas.

Se trata de los primeros trabajos de exhumación en fosas comunes de la represión marroquí, una ocupación que deja como legado más de 400 casos documentados de víctimas de desapariciones forzadas. Cerca del 80% de estas desapariciones se dieron durante los primeros años de la ocupación militar del territorio (entre 1975 y 1976). Como explica el informe, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada o Involuntaria (GTDFI) elaboró, tras su visita a Marruecos en 2010, un informe que da cuenta del uso sistemático de la desaparición forzada como principal modus operandi de la represión ejercida por las fuerzas militares marroquíes y de la total impunidad ante estas violaciones reiteradas de los derechos humanos. De hecho, el GTDFI declaró expresamente que no era suficiente con “inferir la existencia de fosas”, sino que era obligación del Estado “exhumar los cuerpos e identificarlos de acuerdo con los estándares internacionales”.

Un testigo: “Le disparó directamente, en pleno corazón”

El 12 de febrero de 1976 fuerzas militares desplegadas en la zona de Amgala detuvieron a varios beduinos que se dedicaban al pastoreo. Algunos de sus familiares se encontraban en el lugar y fueron testigos de la detención colectiva. A pesar de ser menor de edad, Aba Alid Said -testigo al que entrevistó el equipo forense- fue detenido junto a dos conocidos: Mohamed Mulud Mohamed Lamin y Abdelahe Ramdan, los ciudadanos saharauis con DNI español identificados en la investigación. Ambos fueron ejecutados en su presencia: “Hacia las ocho de la tarde vino uno [militar marroquí] en un coche Jeep. Llamó a Mohamed Mulud primero. Le preguntó: '¿Dónde están los Polisario?'”. Después, como se desprende del relato del testigo, le pidió el carné de identidad. Entonces, Mulud negó tener conocimiento del Polisario. “Acto seguido, le disparó directamente, en pleno corazón”. Su compañero fue asesinado pocos minutos después por un hombre que, aunque tenía pistola, “cogió un fusil para hacerlo”, relató Aba Alid Said a los investigadores españoles.

La detención de Bachir Salma Daf, otra de las víctimas halladas en la fosa, de tan solo 14 años también fue presenciada por este testigo. La voz del padre de la víctima, Salma Daf Salec Bachir, suplicaba que no lo mataran. Pero ambos fueron ejecutados. El mismo día fueron detenidos otras cuatro personas, una de ellas menor de edad, de cuyo paradero no volvieron a saber sus familiares.

El informe denuncia que, tras estos hechos, “los familiares de los desaparecidos emprendieron el éxodo hacia otras zonas del Sáhara Occidental primero y después a Tindouf, ya en Argelia”. Se vieron obligados a huir en condiciones “extremadamente negativas” que provocaron incluso la muerte de algunos niños.

Marruecos aportó información falsa sobre los desaparecidos

Como explica el informe, Marruecos no dio respuesta oficial sobre el paradero de los desaparecidos. Solo en 2006, el Informe de la Instancia de Equidad y Reconciliación de Marruecos aseguró que cuatro de los detenidos aquel día habían sido llevados al cuartel de Samara y que allí habían fallecido durante el tiempo de detención.

Sin embargo, la investigación del equipo forense ha demostrado la falsedad de esta información: “Las detenciones fueron colectivas y ocurrieron el mismo día. [...] Los detenidos no fueron trasladados a ningún cuartel, sino que fueron ejecutados inmediatamente en el mismo lugar, mientras se encontraban indefensos”. Y el análisis genético así lo constató.

La herida de los familiares de las víctimas identificadas, abierta durante décadas por el desconocimiento del paradero de los suyos, puede comenzar ahora a cerrarse. Algunos de ellos pudieron acompañar al equipo de expertos durante el proceso de exhumación y practicar ritos funerarios ante las fosas. Ambos enterramientos volvieron a cerrarse una vez tomadas las muestras de ADN.

Hasta que se complete el proceso, aún abierto, los restos han sido dejados “debidamente protegidos y señalados en el lugar donde se encontraron, con el objeto de que se realice próximamente una misión de verificación oficial que pueda concluir con la entrega de las víctimas a sus familiares y se instauren medidas para la protección de otras fosas que se encuentran en la zona”.

Tras el análisis forense de los restos, Beristain, psicológo al frente de la investigación, recalca que “las implicaciones jurídicas y en términos de derecho internacional de los derechos humanos de este caso son evidentes y muy relevantes”. “Deberán ser evaluadas”, añade, “por las autoridades saharauis y españolas, dado que se trata de ciudadanos saharauis con DNI español, y por los órganos y mecanismos competentes del sistema de Naciones Unidas de protección de derechos humanos”. Las autoridades de Marruecos, concluye el informe, tendrán así que asumir su responsabilidad en el caso.