Las ejecuciones suben un 50% y alcanzan la mayor cifra en 25 años

Ayudar a alguien a salir del país en Corea del Norte, traficar con drogas en Tailandia o ser “adúltera” en Arabia Saudí. Allí, cualquiera de estos actos puede conllevar la muerte. Son algunos de los delitos por los que diferentes estados ejecutan a sus condenados, pese a que ninguno de ellos haya supuesto consecuencias letales y no hayan sido juzgados en un juicio justo. Desde Amnistía Internacional advierten de que la pena de muerte es un síntoma de una cultura de violencia, no su solución. Denuncian que 2015 cerró con la cifra de personas ejecutadas por pena de muerte más alta en el último cuarto de siglo: al menos 1.634, un 50% más con respecto a las cifras del año anterior.

Tres países −Arabia Saudí, Irán y Pakistán− fueron responsables de casi el 90% de todas las ejecuciones registradas. Pakistán levantó la moratoria de las ejecuciones de civiles y continuó utilizando la muerte como castigo, batiendo todos los récords del país hasta el momento, según ha denunciado Amnistía Internacional en su informe anual global sobre la pena de muerte en el mundo,

Allí, más de 320 personas fueron enviadas a la horca. También en Arabia Saudí el número aumentó un 76% con respecto al año anterior. Fusilaron y decapitaron al menos a 158 personas, llegando incluso a exhibir los cadáveres de algunas en público. Irán envió al corredor de la muerte a 234 personas más que en 2014, y acabó ejecutando a casi 977. Por su parte, EEUU es el único país de América que continuó aplicando la condena capital, en concreto a 28 personas.

Ali al-Nimr tenía 17 años cuando cometió el “delito” de manifestarse y grabar las protestas con el móvil. El joven ha denunciado que las fuerzas de seguridad le detuvieron y torturaron para forzarle a confesar que realizó robos a mano armada y que estaba en posesión de una ametralladora, entre otros delitos supuestamente falsos. Luchó por demostrar que todo el proceso de su juicio era ilegal e injusto, pero Ali ha sido condenado a muerte. Este es solo un caso de los documentados por Amnistía Internacional. La organización denuncia que Arabia Saudí e Irán ejecutan con frecuencia a personas que, como Alí, eran menores de edad en el momento del presunto delito, pese a que el derecho internacional lo prohíbe.

La ONG también alerta de que todas estas cifras son en realidad mayores. China, que podría estar ejecutando a miles de personas cada año, oculta los datos sobre la pena de muerte porque los considera secreto de Estado. Tras comprobar que las estimaciones publicadas por Amnistía Internacional eran utilizadas por el gobierno chino para tergiversar la realidad, la organización decidió en 2009 dejar de publicar datos sobre ellos, pero insisten: “China podría estar a la cabeza de los principales estados que aplican la pena de muerte”.

Ejecuciones a personas con discapacidad

Estados Unidos también sigue estando entre los “verdugos”, aunque las cifras parecen mostrar algunos avances. Fue el único país de la región de América que llevó a cabo ejecuciones, en concreto a 28 personas, la cifra más baja desde 1991. En total han abolido la pena de muerte 18 estados del país. Pese a todo, AI denuncia que EEUU siguió contradiciendo el derecho y las normas internacionales en algunas de las ejecuciones, llegando a aplicar la pena de muerte contra personas que sufrían discapacidad.

Fue el caso de Alfredo Prieto, ciudadano salvadoreño que fue ejecutado en Virginia el 1 de octubre. Su ejecución se llevó a cabo pese a que había pruebas de que sufría una discapacidad intelectual y a que, el 29 de septiembre del año anterior, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había pedido a Estados Unidos que adoptara medidas cautelares para detener la ejecución. Indonesia, Japón y Pakistán son también algunos países que condenaron a muerte a personas con discapacidad mental o intelectual.

El japonés Iwao Hakamada vio una luz de esperanza cuando en 2014 aparecieron pruebas nuevas que demostraban su inocencia al demostrar que no existía coincidencia alguna entre su ADN y las muestras tomadas de la ropa que, según el fiscal, vestía el asesino, según explica el informe de Amnistía Internacional.

Iwao se ilusionó, pensó que sería libre y que ya nadie le privaría de poder vivir, pero en 2015 el fiscal recurrió el fallo, y le volvieron a condenar. “Aunque su salud mejoró tras salir del corredor de la muerte, la discapacidad mental que desarrolló durante los 45 años que había pasado en espera de ejecución seguían afectando gravemente a su capacidad para comunicarse y para participar en las actuaciones judiciales en su contra y apoyar a sus abogados defensores en ellas”, denuncia el informe. El de él, y el de muchas otras personas condenadas y ejecutadas por pena de muerte, han sido casos especialmente criticados por, según Amnistía Internacional, no cumplir las normas internacionales sobre juicios justos.

La premisa de la seguridad

En casi todas las regiones del mundo hubo gobiernos que continuaron usando la pena de muerte para responder a amenazas -reales o presuntas- para la seguridad del Estado y la seguridad pública. “En 2015, los gobiernos continuaron arrebatando implacablemente la vida a muchas personas basados en la falsa idea de que con la pena de muerte estamos más seguros”, ha señalado Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.

El terrorismo sirvió como pretexto en al menos siete países para aplicar la pena de muerte. La mayoría de las ejecuciones realizadas en la región de Oriente Medio y el Norte de África fueron por este tipo de delitos, y algunos gobiernos introdujeron cambios legislativos para ampliar el ámbito de aplicación de la pena capital a los delitos de terrorismo.

Avances hacia la abolición

2015 fue un año de retrocesos, pero también de avances. La cifra de personas ejecutadas es alarmante, pero contrasta con el pequeño número de países que aplicaron la pena capital. Según Amnistía Internacional, los avances mundiales hacia la abolición de la pena de muerte son evidentes, y los estados que se aferran a ella, una minoría aislada.

Cuatro países −Fiyi, Madagascar, República el Congo y Surinam− abolieron totalmente la pena de muerte en su legislación. A día de hoy, y por primera vez en la historia, la mayoría de los países han abolido ya por completo la pena de muerte.

“Cualesquiera que sean los retrocesos a corto plazo, la tendencia a la larga es evidente: el mundo se está apartando de la pena de muerte. Los países que siguen ejecutando a personas tienen que darse cuenta de que están en el lado equivocado de la historia y deben abolir la forma más extrema de pena cruel e inhumana”, concluye Shetty.