Ocho años de la adjudicación del Castor a ACS: las claves de un fiasco multimillonario

El próximo martes se cumplen ocho años de la aprobación del Real Decreto por el que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero adjudicó a Escal UGS, controlada por la constructora ACS (66%), la concesión de explotación del fallido almacenamiento subterráneo de gas natural Castor. Fue el decreto clave, porque incluía una polémica cláusula, inédita en este tipo de instalaciones y avalada por el Tribunal Supremo en octubre de 2013, que indicaba que en caso de extinción de la concesión, la adjudicataria tendría derecho a recibir una compensación por “el valor de residual de las instalaciones”, aun en caso de “dolo o negligencia imputable a la empresa concesionaria”. 

Ese es el origen de la multimillonaria indemnización (1.650 millones de euros) que cobró la adjudicataria tras renunciar al fallido almacén a finales de 2014. Hace dos semanas, el Gobierno recibió un informe encargado al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) sobre el almacenamiento, en el que dejó de inyectarse gas en septiembre de 2013, después de que se registraran cientos de seísmos en la zona. Te explicamos brevemente qué es el Castor y cómo se ha llegado hasta aquí.

 ¿Qué es el Castor?

Es un almacén subterráneo de gas ubicado a unos 1.700 metros de profundidad, en la zona occidental del Mar Mediterráneo, a 21,6 kilómetros de la costa, frente a la localidad de Vinarós (Castellón), en la comarca de Baix Maestrat, muy próxima a la comarca de Montsià (Tarragona). Se diseñó aprovechando el sellado natural que proporcionaba el terreno calizo del antiguo yacimiento de Amposta, en el que Shell extrajo entre 1975 y 1989 unos 56 millones de barriles de petróleo. Tiene una capacidad de unos 1,9 bcm (miles de millones de metros cúbicos) y consta de una plataforma marina, un gasoducto de 30,3 kilómetros de longitud y una planta terrestre en Vinarós. Esta planta lleva el nombre de Ignacio Pérez, como el expresidente de ACS Servicios Industriales y Energía, fallecido en 2007 y hermano del presidente de ACS, Florentino Pérez.

El Castor sólo estuvo en funcionamiento durante unos meses de 2013, pero fue clausurado tras detectarse medio millar de microseísmos en septiembre de ese año, tras su puesta en marcha. Actualmente está en estado de hibernación. El Gobierno ya ha confirmado que no lo reabrirá pero no ha adelantado si lo desmantelará, como piden los alcaldes de la zona.

¿Quién decidió su construcción y por qué?

El proyecto ya figuraba en la planificación energética que el Gobierno de José María Aznar elaboró en 2002, pero no era prioritario “dada la inmadurez” de los estudios previos. Recibió un espaldarazo definitivo en marzo de 2006. Con el socialista José Montilla al frente del Ministerio de Industria, la Planificación energética 2005-2011 identificó como “urgentes” cinco proyectos de almacenamientos subterráneos al considerarlos clave para garantizar la seguridad del sistema energético. Entre ellos estaba Castor, “proyecto necesario y prioritario para el sistema gasista español”.

Fue presentado como la solución para atender posibles problemas de cobertura de la demanda de gas y, con ello, prevenir fuertes subidas de precio de la materia prima (y, con ello, de la luz), en respuesta a las recomendaciones de la extinta Comisión Nacional de la Energía (CNE) y de Enagás. Entonces, la demanda estaba disparada por la elevada utilización de las centrales de ciclo combinado (que queman gas para producir electricidad) y España sólo tenía dos almacenamientos subterráneos, Gaviota (frente a las costas de Bilbao) y Serrablo (Huesca), que siguen funcionando. Castor debía ser capaz de guardar un tercio de la demanda durante 50 días. Con la crisis posterior y el desplome de la demanda eléctrica, para cuando acabó su construcción (mediados de 2012) las infraestructuras gasistas funcionaban al 50% de su capacidad.

La tramitación del proyecto se inició en agosto de 2005. El Consejo de Ministros se lo adjudicó a Escal UGS el 16 de mayo de 2008, en el polémico decreto que incluía la compensación y que llevaba la firma de Miguel Sebastián, entonces recién aterrizado en Industria. Sebastián ha culpado a su antecesor en el cargo, Joan Clos, de la cláusula de la discordia. El proyecto recibió Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable en octubre de 2009, aunque el gasoducto anexo fue eximido de presentar ese estudio, una decisión que anuló el Tribunal Supremo en septiembre de 2015. El almacén recibió el acta provisional de puesta en servicio a mediados de 2012, tras cerca de dos años y medio de obras.

¿Cuál fue el papel de ACS?

La constructora no estuvo en el proyecto desde sus inicios. Este fue impulsado por la canadiense Dundee Energy, que entonces se llamaba Eurogás. ACS se incorporó en 2006, cuando el proyecto empezó a tomar impulso. Primero se adjudicó el diseño y la ingeniería inicial, y en 2007 tomó un 5% que a finales de ese año aumentó hasta el 66,67%. La idea era que, cuando estuviera en marcha, ACS vendiera un 33% a Enagás para repartirlo a partes iguales entre los tres socios. El proyecto fue presentado como un salvavidas para permitir a Dragados Offshore, filial de ACS, reincorporar a 300 obreros de su factoría de Puerto Real afectados por la ruptura del contrato con una firma noruega para construir el mayor barco de perforación petrolífera del mundo.

¿Cuánto nos va a costar?

El coste final del Castor se disparó y fue casi el triple de lo presupuestado. La inversión inicialmente cifrada en 500 millones, fue creciendo año a año. En 2007 pasó a 800 millones, luego a más de 900 millones y finalmente, a unos 1.350 millones, la indemnización que finalmente cobraron ACS y su socio por decisión del Gobierno de Mariano Rajoy, tras intentar que el Supremo anulase en vano aquella polémica cláusula.

Esta cantidad, que puede irse por encima de los 4.000 millones (contando los intereses), la pagarán los consumidores de gas en su tarifa durante 30 años, a razón de unos 95 millones anuales, más los 15 millones anuales que le cuesta a Enagás (dueña de la red de gasoductos) mantenerla hibernada. La mayor parte de ese coste corresponde a los seguros de la instalación.

La indemnización, en puridad, no fue para Escal, sino para Santander, Caixabank y Bankia, los bancos que en noviembre de 2014 prestaron a toda prisa a la filial de la empresa de Florentino Pérez 1.350 millones para evitar el impago de unos bonos que Escal UGS había pedido prestados para financiar la obra. El mayor acreedor de esa emisión era el Banco Europeo de Inversiones, que aportó 300 millones y garantías por otros 200 millones. A esos 1.350 millones se sumaron 300 millones más reconocidos luego en concepto de “retribución financiera” e “inversiones y costes de operaciones y mantenimiento” desde julio de 2012, fecha del acta provisional de puesta en servicio, hasta octubre de 2014, cuando se cerró el Castor.

¿Qué ha dicho el MIT?

El MIT ha concluido que las operaciones de inyección de gas durante el verano de 2013 provocaron los terremotos en una zona activa de la falla de Amposta que han generado su desestabilización, de modo que si se vuelve a introducir gas, podría volver a aumentar la actividad sísmica en la zona de manera “incluso mayor”. Ahora, el Gobierno debe decidir si desmantela la instalación. La operación no está exenta de riesgo y tendría un coste de 300 millones. Previsiblemente correría a cargo de los consumidores de gas.

Los responsables del estudio han exculpado a Escal UGS y a la Administración, al considerar que realizaron todos los estudios técnicos disponibles en el momento para tratar de predecir la reactividad sismológica del terreno, porque con los estándares exigidos a la industria en el momento de acometer aquellas operaciones “difícilmente” se habría podido predecir el aumento de la actividad sísmica.

Durante su gestación, el proyecto se topó con el rechazo de varios ayuntamientos de la zona y de organizaciones como la Plataforma en Defensa del Ebro y la Plataforma en Defensa de las Tierras del Sénia. Durante la tramitación de la DIA, algunos particulares alegaron “inseguridad por peligro de explosión y de terremotos” y el Observatorio del Ebro recomendó estudiar la frecuencia y magnitud de la actividad sísmica de la zona, “incluyendo pruebas que aseguren que las presiones debidas a la inyección no causen fracturas en las rocas”.

¿Se hicieron todos los estudios necesarios? ¿Fueron adecuados? El 23 de enero de 2007, el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) emitió un primer informe que no recogía “ninguna referencia a la existencia de fallas activas en el entorno del almacén, a la posibilidad de inducir seísmos, a la necesidad de realizar estudios de peligrosidad sísmica y, por consiguiente, sobre cómo podía afectar (...) a la seguridad de las personas”, según el juzgado que investiga este caso.

Tras los seísmos, el IGME emitió un nuevo informe que sí recogía la posibilidad de que se diera “el fenómeno de la sismicidad inducida” en “actividades que conlleven tanto la extracción como la inducción de fluidos en el subsuelo” que dependería de “las condiciones geológicas locales” y que podía “llegar a producir terremotos dañinos en las infraestructuras civiles”. El nuevo informe recomendaba, de forma genérica, realizar “estudios de peligrosidad sísmica”. 

¿Hay responsables?

De momento, no. La Fiscalía de Castellón denunció a finales de 2014 por prevaricación medioambiental a la empresa concesionaria y al Estado. Actualmente hay veinte imputados en el juzgado de instrucción número 4 de Vinaròs, al que ha sido remitido el informe del MIT. El procedimiento ya va por el tercer juez y la causa ha sido declarada “compleja” para poder alargar el plazo de instrucción.

Entre los investigados en el proceso hay tres altos cargos del Instituto Geográfico y Minero de España (IGME), el organismo que realizó los informes técnicos que permitieron construir el almacén, dos directores generales del Ministerio Industria del anterior Ejecutivo del PSOE, una ex directora general de Medio Ambiente y directivos de Escal, pero ningún exministro o ex secretario de Estado.

En el plano simbólico, diversas organizaciones de la sociedad civil, encabezadas por la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia y el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG) han convocado para el próximo 17 de junio en el Centre de Cultura Contemporánea (CCCB) de Barcelona un “Juicio Popular al Proyecto Castor, para denunciar, juzgar y acusar a sus responsables, con la urgencia, rigor y transversalidad que este caso requiere”. Consideran que el Castor “ha generado deuda ilegítima; una deuda privada donde se han socializado todos los costes y riesgos, unas instalaciones que no se desmantelan, y una deuda que sigue creciendo”.