La oposición fuerza una modificación de la Ley del Suelo para garantizar el realojo y el retorno a los afectados

El Pleno del Parlamento de Cantabria ha aprobado este lunes, con los votos a favor de PP, Podemos y Ciudadanos y la abstención de regionalistas y socialistas, la modificación de la Ley del Suelo para garantizar el derecho al realojo y del retorno a afectados por actuaciones urbanísticas.

Los tres grupos de la oposición se han felicitado por la modificación pactada pues, a su juicio, es una “ley para las personas”, “garantista”, que llega “al límite”, pero no traspasa lo permitido por la legislación nacional y lo consideran una “pequeña victoria plebeya”.

“Hoy gana la sociedad civil, hoy celebramos la victoria plebeya”, ha reivindicado Verónica Ordóñez, portavoz parlamentaria de Podemos, formación que junto con C's presentaron enmiendas, que fueron admitidas, al texto original de la proposición presentado por el PP y que, según reconocen los populares, “han servido para mejorarla”.

La oposición han criticado la falta de participación de los representantes de PRC y PSOE en esta labor de mejora y han vuelto a censurar que no presentaran enmiendas durante la tramitación. Además, el diputado del PP José Manuel Igual cree que se ha llegado a una “buena ley” que “surfea la legislación estatal sin saltársela”.

Para el diputado de C's Juan Ramón Carrancio “no hay ninguna ley en España que llegue tan lejos” en la garantía del derecho al realojo y retorno como esta que se aprueba ahora. “Llega hasta el límite que nos permite, sin saltarnos nuestras atribuciones u otras leyes”, ha defendido.

Mientras, los grupos que sustentan al Gobierno de Cantabria, PRC y PSOE, han vuelto a cuestionar el texto al que se ha llegado, que, a su juicio, “adolece de falta de concreción” y contiene “inmensos fallos”. “Parecen ustedes los abogados de los promotores”, les ha afeado el diputado de Ciudadanos Juan Ramón Carrancio.

A pesar de sus críticas, regionalistas y socialistas han optado por la abstención -al igual que hicieron en la Comisión en la que se ha tramitado la proposición dde ley- en lugar de por el voto en contra.

El PRC ha explicado que se abstiene “por no perjudicar algunos supuestos beneficios para los vecinos” y el PSOE ha asegurado que no vota en contra “en un reconocimiento de las mejoras introducidas que van en la línea de lo que el Gobierno propone en la nueva ley del suelo que está diseñando” y que, a su juicio, “recoge mejor el realojo y el retorno que la actual modificación aprobada”.

La portavoz socialista, Silvia Abascal, ha negado la utilidad de esta modificación de ley y ha advertido de que “no servirá realmente para atender la justa reivindicación de los vecinos” tal y como pretenden “vender” sus proponentes.

“Esta proposición de ley no es útil, e incluso podría tornarse en perjudicial para los afectados, pero sí es útil para los objetivos políticos de los grupos que la proponen”, ha advertido.

La anulación del PGOU, presente en el debate

La socialista ha insistido de nuevo en la “inoportunidad e innecesariedad” de esta proposición de ley. “Y hoy es más innecesaria que ayer. Señoras y señores diputados, el Tribunal Supremo ha hecho innecesaria esta proposición de ley”, ha afirmado Abascal, aludiendo a la anulación por parte de este tribunal del vigente Plan General de Ordenación Urbana de Santander que ha hecho pública el diario digital VozPópuli.

Esta anulación se produciría al estimarse el recurso de casación que la Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA) contra este PGOU de Santander.

Ha explicado que con esta sentencia -que aún no ha sido notificada a las partes- tendría como consecuencia inmediata la entrada en vigor automáticamente del anterior PGOU de Santander que, según ha resaltado, sí garantiza los realojos.

A esta anulación del PGOU de Santander también han aludido otros grupos, como Podemos, que lo cree una “buena noticia” que, en su opinión, constituye el “triunfo de la razón frente a la especulación” y también “una victoria de la sociedad civil frente al Ayuntamiento de Santander y el propio Gobierno de Cantabria”.

“Una vez más, señorías, son la sociedad civil y la justifica los que miran por los intereses reales de la ciudadanía”, ha dicho Ordóñez, que ha lamentado que desde estas instituciones se sigan “haciendo políticas para beneficios que no son el de la mayoría y que atienden más al beneficio propio y de los intereses particulares de empresas y constructuras afines”.

Ordóñez ha recordado que Podemos, en noviembre de 2015, solicitaron al Pleno la declaración del PGOU de Santander como lesivo para los intereses de la ciudadanía pero no contaron con el apoyo de ningún otro partido.

Por su parte, el PP ha defendido que el Ayuntamiento de Santander, tanto si tiene que cambiar de planeamiento urbanístico por esta decisión judicial del Supremo como si no, queda “sometido” a la modificación de la Ley del Suelo aprobada este lunes.

Igual ha vuelto a defender que se trata de una “ley autonómica”, que no solo afecta a Santander sino a todos los municipios de la comunidad que tienen previstas actuaciones urbanísticas que requieran realojo, como, según ha dicho, es el caso de Santa Cruz de Bezana o Laredo.

De esta forma ha vuelto a contradecir, al igual que C's, la afirmación de los partidos que sustentan al Gobierno autonómico de que se trata de una ley “a la carta” ante el problema generado, a su juicio, por el Ayuntamiento de Santander en el barrio de El Pilón.

Precisamente, miembros de las plataformas de afectados de este barrio y también de Prado San Roque, han presenciado el debate y celebrado con aplausos la aprobación de la modificación de la Ley del Suelo.

Esta sonora celebración, a la que también se ha sumado Podemos, ha provocado la llamada de atención de la presidenta del Parlamento, Dolores Gorostiaga (PSOE), que les ha pedido que respetasen las normas parlamentarias.

Vivienda por vivienda

La proposición de ley aprobada, de la que ahora los servicios jurídicos de la Cámara corregirán errores en su texto, busca extender la garantía del derecho a toda actuación de ejecución urbanística en la que se requiera el desalojo de los ocupantes legales de inmuebles que constituyan su residencia habitual y se atribuye el mismo contenido material al deber de realojo, tanto si se actúa mediante expropiación forzosa como a través de cualquier otro sistema de ejecución del planeamiento previsto en la legislación autonómica.

Para ello se obliga al promotor de la actuación a dar cumplimiento al deber de realojo y retorno ofreciendo una vivienda de sustitución a cambio de la que resulta expropiada sin que deba existir compensación económica adicional.

Además, se impone como criterio de realojo el de mayor proximidad a la ubicación originaria. Se introduce con este texto la exigencia de que las viviendas de sustitución reúnan “condiciones adecuadas a las necesidades, no solo del titular del derecho de realojo, sino también de cuantos integran su unidad familiar o de convivencia”.

También por medio de la ley se extiende el derecho del realojo y retorno en favor de quienes explotan locales comerciales o negocios en los ámbitos de actuación afectados por las operaciones de renovación urbana o reforma interior.