Juan Cotino y diez empresarios declaran esta semana por el caso Bárcenas

El juez del caso Bárcenas, Pablo Ruz, ha citado esta semana como testigo al presidente de Les Corts Valencianes, Juan Cotino, y como imputados a diez empresarios para que declaren en la Audiencia Nacional por la causa sobre la supuesta contabilidad B en el PP.

Ruz se iba a desplazar en un principio a Valencia el viernes para tomar declaración en su despacho oficial a Cotino, pero finalmente éste le hizo saber que estaba dispuesto a desplazarse a Madrid y comparecer en la Audiencia Nacional para dar explicaciones de por qué aparece como supuesto receptor de 200.000 euros anotados en la supuesta contabilidad paralela del extesorero del PP Luis Bárcenas.

El juez le citó entonces a las 12.00 horas, una hora después que a su sobrino Vicente Cotino, que declarará imputado como administrador único de Asedes Capital y de Sedesa por sus presuntas donaciones en negro al PP nacional reflejadas también en los llamados papeles de Bárcenas.

Aparte de Vicente Cotino, el juez ha emplazado esta semana a otros nueve empresarios como imputados, que también aparecen en los papeles como donantes y que declararán a partir de las diez de la mañana el miércoles y el jueves.

El miércoles están citados Rafael Palencia (presidente de Dregemont Iberia y relacionado con Generales dex Eaus), Cecilio Sánchez (directivo de FCC), Camilo José Alcalá (presidente de Cyopsa-Sisocia), José Antonio Romero (del Grupo Romero Polo) y Antonio Pinal (consejero delegado de Bruesa).

El jueves deberán acudir a la Audiencia Nacional José Luis Suárez (de Construcciones Parreño), Joaquín Molpeceres (del grupo Licuas), Ramón Aigé (presidente de Sorigue-Acsa) e Ignacio Urgatxe (consejero delegado de Urazca Construcciones).

El juez acordó estas citaciones en respuesta a la petición de ampliación de la querella de IU que dio lugar a la apertura de la investigación de la supuesta contabilidad B del PP.

Los diez nuevos empresarios imputados se suman a los siete que ya lo estaban al ser admitida en febrero la querella de IU, acusación popular que considera que todos los querellados en el caso Bárcenas, tanto los empresarios como los encargados de las cuentas del PP, podrían haber cometido un delito contable porque falseaban las cuentas de las empresas o del partido para ocultar el “dinero negro” que daban al PP, en unos casos, o “el dinero entregado por los empresarios”, en otros.