El Gobierno de Cifuentes no garantiza a los alumnos un centro público en el distrito en el que viven

La “libre elección” de centro escolar implantada por la Comunidad de Madrid en el año 2012 no lo está siendo tanto para Carolina (nombre ficticio), madre de una adolescente de 15 años que a día de hoy no tiene un instituto adonde ir el curso que viene. La Comunidad de Madrid le ha denegado la plaza en todos los centros públicos de Secundaria de su nuevo distrito, Fuencarral-El Pardo. La única opción que le da la Administración es matricularla en colegios concertados, donde sí hay vacantes.

Tras cambiar de domicilio, Carolina solicitó instituto para sus hijas –tiene otra de 13 años– en la zona de su casa actual. Listó tres centros –los más cercanos al nuevo domicilio– en la solicitud que tienen que rellenar todas las familias, en la que crean su propio ranking de colegios e institutos por orden de preferencia independientemente del lugar en el que vivan. Un sms le informó, tras la publicación de las listas provisionales, de que ni una ni otra de sus hijas estaba admitida en los institutos que Carolina había elegido.

El siguiente paso marcado por la burocracia es ir al SAE (Servicio de Apoyo a la Escolarización) correspondiente para ver qué plazas vacantes han quedado tras la primera ronda de asignaciones. Carolina cuenta que esperó durante tres horas “una cola interminable de personas que estaban en la misma situación”. “Me dieron un listado de centros con plazas libres. Para tercero de la ESO solo había un instituto público con cinco vacantes en uno de mis distritos limítrofes (Tetuán), pero me dijeron que no lo solicitara porque ya se habrían cubierto con personas de la cola. Yo creo que esto no es legal”, explica en conversación con eldiario.es. La única opción pública que le ofrecía el listado –con un nutrido número de vacantes en centros concertados– era un instituto de la zona Chamberí, a más de 13 kilómetros de su nueva casa.

¿La Comunidad de Madrid está obligada a garantizar una plaza pública a cada uno de los escolares de un distrito? Fuentes de la Consejería aseguran que se “garantiza una plaza pública para todas las familias” sin concretar a qué distancia del domicilio y subrayan que “en ningún caso se deriva a ningún alumno a centros concertados”.

16.483 escolares no han sido admitidos en los centros que pidieron sus familias en la solicitud, según datos recogidos por CCOO. Son las únicas cifras disponibles pues la Consejería no hace públicos los números. Solo afirma que el 93% de las familias han obtenido plaza en el centro que pidieron como primera opción. CCOO denuncia la “falta de transparencia” en este sentido.  “No existe ningún sistema centralizado que saque a la luz pública las solicitudes y las vacantes”, sostiene Isabel Galvín, secretaria de Educación del sindicato en Madrid.

El sistema previo al de libre elección funcionaba a través de comisiones de escolarización que dividía las zonas en distritos educativos con centros adscritos unos a otros, es decir, colegios asociados a institutos. “Esto garantizaba la unidad y continuidad en la escolarización en el mismo barrio”, defiende Galvín. “El modelo de ahora –continúa– no es tanto libre elección como una bolsa común que genera masificación, desequilibrio y desigualdades”.

Vallecas y Villaverde, más zonas con problemas

Carolina se negó a incluir en su segunda lista centros concertados –“todos religiosos, por cierto”– y decidió añadir en la primera enumeración el resto de institutos restantes de su distrito, a pesar de saber que no había posibilidades. Acto seguido, se dirigió a la Dirección de Área Territorial (DAT) para poner una reclamación. Era 8 de junio y aún no ha obtenido respuesta.

“Lo que más me enerva es que a las familias nos dirijan de este modo a los centros concertados, aunque no queramos. En la cola reparé en que la mayoría se conformaba, pese a que preferían la escuela pública, con tal de quitarse la angustia de no saber dónde van a estar sus hijos e hijas en septiembre”, asegura Carolina.

Es la historia de Raquel Hernández, una madre que terminó matriculando a su hijo de tres años en un colegio concertado de Vallecas dada la imposibilidad de que entrara a uno de los públicos que solicitó. “Están sobrecargados y no van a aumentar más las líneas, así que no me quedó otra opción”, dice. Les ha pasado a varias familias de la zona, según los datos recogidos por las diferentes AMPAS de la zona del PAU de Vallecas, donde el curso que viene calculan que habrá más alumnos y alumnas matriculados en la concertada (440 plazas) que en la pública (330).

Marlene, con un hijo de seis años, se niega a ceder. Su niño y otros 14 del barrio de San Fermín (distrito Usera-Villaverde), procedentes de escuelas infantiles, no tienen acceso a los centros públicos de la zona. “Gano 200 euros y no quiero ni puedo permitirme pagar una cuota al mes que exigen muchos coles concertados. Las familias afectadas vamos a resistir hasta que nos den una alternativa”, dice al otro lado del teléfono. Esa resistencia ha empezado con el registro de 2.000 firmas en la Consejería de Educación. Uno de los colegios más cercanos perdió el año pasado una línea en primero de Primaria y ha cubierto todas las plazas con los alumnos que promocionan de Infantil.

En algunas zonas, como en Vallecas, se da además una paradoja que los opositores al sistema de libre elección de centro en la Comunidad de Madrid achacan a este modo de asignar las plazas. Y es que hay centros públicos con vacantes “a los que nadie quiere ir”, reconoce Raquel. “El problema es que se concentra la demanda en unos pocos centros y en otros apenas hay”, completa Galvín.

El PSOE contabiliza el cierre de 78 aulas

La Consejería se pone de perfil y no da respuesta sobre si va a cerrar aulas el próximo curso, aunque hay casos documentados que demuestran que sí. Ha pasado, por ejemplo, en el colegio público Eugenio María de Hostos, donde se ha prescindido de una unidad de tres años y los 57 niños y niñas matriculados tendrán que dividirse en solo dos clases (con 28 o 29 escolares cada una). La cifra es superior a la ratio legal marcada por ley (25) y heredada de la anterior norma educativa (LOE). Hasta este curso, la Comunidad de Madrid contaba con el permiso del Ministerio de Educación para aumentar el número de alumnado por clase hasta un 20%, pero a partir de septiembre estas subidas ya no se sostienen legalmente y se siguen produciendo.

Pese a la ampliación de la oferta pública en 7.500 plazas, el PSOE ha documentado que el próximo septiembre se cerrarán en la Comunidad 72 aulas. Educación Infantil pierde 32 y el grueso de cierres se concentran en Formación Profesional, con la pérdida de 44 unidades. El este y el sur de Madrid son las zonas más afectadas, según el grupo socialista en la Asamblea, que asegura que la Consejería ha recortado 16 millones de euros de un año para otro en su presupuesto para mejora y ampliación de centros. A este respecto, la Comunidad asegura que “atiende sin problemas las necesidades de escolarización para el próximo curso”. 

Carolina tenía la esperanza puesta en que quedara una vacante en la que era su primera opción para su hija pequeña. “Pude hablar con el director, me dijo que era bastante posible y al final podrá entrar allí”, afirma. Con la mayor la situación es más complicada y Carolina se están planteando que continúe en su instituto actual, a 55 kilómetros de la nueva casa, donde sí tiene plaza asegurada al estar ya dentro. “Voy a matricularla por lo que pueda pasar”, admite. Esta alternativa, reconoce, supone que su hija tenga que mudarse a vivir con su padre de nuevo a la sierra.