Más de 130 entidades piden al Gobierno que devuelva la declaración de utilidad pública a Planificación Familiar
Partidos políticos, entre ellos Podemos, PSOE o Ahora Madrid, ONG, asociaciones feministas y sindicatos se han unido para pedir al Ministerio del Interior que restituya la declaración de utilidad pública que le revocó a la Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE) poco después de concedérsela. Han entregado al organismo un manifiesto en el que muestran su apoyo y denuncian una “persecución ideológica” a la que, dicen, está siendo sometida la federación.
Interior decidió revocar la decisión tras la denuncia de una asociación católica conservadora que afirmaba en su recurso que la FPFE “promueve el aborto” y “no inspira los derechos constitucionales ni valores sociales”. La asociación Abogados Cristianos aludía a que la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid había interpuesto una sanción leve a la federación por publicitar en su revista anuncios de medicamentos anticonceptivos de prescripción médica que, según la ley, no pueden estar visibles al público en general.
Por ello, el Gobierno admitió que le retiraba la declaración de utilidad pública por “ocultar” esta sanción administrativa leve. Sin embargo, desde la FPFE insisten en que cumplen con todos los requisitos y aseguran que “la petición se hizo en febrero de 2015 y la sanción se impuso en octubre, no hemos ocultado nada”. En opinión del presidente de la federación, Luis Enrique Sánchez, “se está utilizando una falta leve para perseguirnos por razones ideológicas” y asegura que “la sanción ya está subsanada y no es razón para retirar una declaración de utilidad pública”.
La defensa de los derechos sexuales y reproductivos
La federación fue uno de los colectivos que se opuso a la reforma de la ley del aborto que proponía el Partido Popular. “Somos una organización molesta y Abogados Cristianos es una de esas que cuestiona a las que defendemos los derechos sexuales y reproductivos y la interrupción voluntaria del embarazo”, matiza Sánchez. El presidente recuerda que la FPFE tiene convenio con varias administraciones para llevar a cabo talleres sobre sexualidad y métodos anticonceptivos con jóvenes, migrantes o personas con diversidad funcional.
Abogados Cristianos enumeraba en su recurso una serie de acusaciones que fueron posteriormente desmentidas por el Ministerio del Interior. El colectivo afirma que la federación se ha estado “financiando de manera irregular”, que “un 92% de sus ingresos proceden de las arcas públicas” y que, por ello, “no es creíble” que los miembros de los órganos de representación que reciban retribuciones “no lo hagan con cargo a fondos públicos”.
Sin embargo, Interior sostiene que “las cuentas aportadas no presentan defectos” y no hay motivos para presuponer que la federación se ha financiado irregularmente. Por otro lado, “resulta que los cargos directivos no perciben retribuciones y que, del total de ingresos de la entidad, el 67%, que no el 92%, corresponden a subvenciones públicas”. Frente a ello, los firmantes del manifiesto denuncian “que las creencias religiosas se conviertan en instrumentos para gobernar” y aseguran que “la religión no puede estar por encima de la salud y de los derechos”.
Además, la federación aporta la resolución de la Consejería de Sanidad por la que se impuso la sanción en la que se constaba que la FPFE no se benefició económicamente de los anuncios que incluyó en la revista. Polonia Castellanos, presidenta de Abogados Cristianos, asegura que la decisión de retirar la declaración “es imparcial porque se financiaron ilegalmente”. Además, asegura que la utilidad pública implica unos condicionantes como “proteger la infancia, la familia y la mujer”. Algo que esta asociación “al promover el aborto, no hace”.
