Un año de la Ley Sinde-Wert: una coacción ineficaz

El 1 de marzo de 2012 empezó la aplicación práctica de la llamada Ley Sinde-Wert, la Disposición Final 43ª de la Ley de Economía Sostenible. Tras más de un año de tramitación, fue rechazada en el Congreso y el texto definitivo se aprobó el 30 de diciembre de 2011.

Para esa fecha el nuevo Gobierno del PP había comenzado su mandato y su impulso a la ley hizo que se apodara popularmente como 'Sinde-Wert', en referencia a los dos ministros de Cultura que estuvieron involucrados en su desarrollo. Pese a la aprobación del reglamento y las órdenes ministeriales el 1 de marzo del pasado año, la Comisión de Propiedad Intelectual no empezó a actuar hasta junio, cuando abrió los primeros expedientes. La identidad de los miembros de este organismo administrativo, creado para la gestión de las denuncias, permaneció secreta hasta que hace pocas semanas fue revelada por El Mundo.

Entre los primeros casos estaban los de Cinetube.es y Bajui.com. Ambos procedimientos se dirigieron contra los servicios que tenían alojados el contenido protegido con derechos de autor, Letitbit.net y uploaded.to respectivamente. Las web españolas, al tratarse de páginas de enlaces, que no almacenan las obras, fueron tratadas como intermediarios.

Como cuenta el abogado David Bravo sobre el caso de Bajui.com a quien él mismo representa, el proceso que seguía la comisión consistía en resolver que el contenido fue subido al servicio de alojamiento sin que el denunciante lo autorizara. De esta forma, se exigiría al intermediario que lo retirara y que evitara que volviera a aparecer en la web. Teniendo en cuenta que se trata de sitios en los que son los usuarios quienes publican los enlaces, la tarea no es sencilla. Ahora bien, al administrador de Bajui.com ya le habían dado la razón previamente los juzgados civiles y penales.

Trabas y expedientes archivados

El expediente abierto contra Bajui.com fue archivado por silencio administrativo. Ha pasado el tiempo y la Comisión de Propiedad Intelectual no ha contestado a las alegaciones del sitio web, según comenta David Bravo. Al haber transcurrido el plazo superior a los tres meses que dicta la ley para resolver, el procedimiento ha caducado. El caso de Cinetube.es también se archivó por caducidad. “Prácticamente todos los casos han acabado en archivo”, apunta Carlos Almeida, del Bufet Almeida, abogado defensor del portal y de otros clientes que han sido denunciados por la vía administrativa que ha establecido la Ley Sinde-Wert.

Según datos de la Secretaría de Estado de Cultura, que recoge El País, únicamente 25 expedientes abiertos han terminado en acuerdo para retirar los contenidos. En estos momentos hay 90 denuncias que se están investigando. Estas cifras se extraen del total de 161 denuncias que han pasado por la Comisión de Propiedad Intelectual en este último año, excluyendo las 200 que presentó el músico Eme Navarro, con el fin de demostrar la ineficacia de la legislación.

De hecho, José Manuel Tourné, presidente de la FAP (Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual), una de las organizaciones que habían apoyado una legislación como la Ley Sinde-Wert, se muestra decepcionado con los resultados. ¿Qué ha ocurrido para que quienes fueron defensores de la norma ahora se muestren descontentos con su aplicación?

Sencillamente se está aplicando la legislación en vigor. La Ley Sinde-Wert sacó del procedimiento a los jueces, dando poderes a un órgano administrativo, como es la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, para resolver en los casos en los que se vulneren los derechos de autor.

También ha convertido en tarea difícil el proceso para presentar alegaciones, mediante burocracia cibernética. En 48 horas, a partir de la notificación, el denunciado debe contestar a través de un sistema online engorroso, sin que se le esté permitido hacerlo de otro modo. “La Comisión Sinde es un monstruo jurídico que ha complicado extraordinariamente la tramitación de estos temas”, comenta Carlos Almeida, quien califica el proceso informático de horroroso. “Basta que haya cualquier actualización de Java para que se interrumpa”, señala.

Para aclarar el proceso, la Secretaría de Estado de Cultura publicó un manual de 60 páginas, mientras que el plazo para presentar alegaciones sigue siendo de 48 horas. Sin embargo, cuando el órgano administrativo tiene que resolver debe aplicar la Ley de Propiedad Intelectual vigente.

Tan solo en uno de los casos que está llevando Bufet Almeida se ha ordenado la retirada de los enlaces. La resolución ha sido recurrida ante la Audiencia Nacional. En realidad la página contiene URLs acortadas en texto plano, sin hipervínculo. Además, el procedimiento no se dirige contra la web que aloja el contenido con derechos de autor, pese a ser española y tenerlo por tanto más fácil para acceder a ella.

El expediente de Vagos.es también fue archivado. En este caso porque la Comisión comprobó que los contenidos no estaban. Además, como ocurre con Bajui.com, algunos de los casos que ha llevado la Comisión de Propiedad Intelectual ya han sido resueltos por las vías civil o penal. Es decir, ya ha habido jueces que han aplicado la norma y han establecido que no existía falta ni delito. ¿Ha cambiado en algo que las denuncias las tramite un órgano administrativo?

El resultado final sigue siendo el mismo. El caso de Pordescargadirecta.com muestra cómo la Comisión de Propiedad Intelectual abrió un expediente al portal mientras que éste se encontraba en medio de un procedimiento penal, que tiene prioridad sobre el administrativo. El órgano de la Ley Sinde-Wert dejó que el tiempo pasara y archivó las actuaciones por caducidad.

“Siempre que la Comisión se ha visto contra la espada y la pared, se ha producido la caducidad del expediente”, apunta Bravo, abogado defensor de Pordescargadirecta.com.

La próxima jugada

La Ley Sinde-Wert no tocaba los preceptos legales a los que está sujeta la propiedad intelectual sino que establecía un nuevo procedimiento, diferente del civil y del penal, para resolver los casos que afectaran a este tema. Sin embargo, en los últimos mese se han producido movimientos que apuntan a una pretensión de modificar la propia Ley de Propiedad Intelectual.

Ya existe un borrador del futuro texto que se pretendería aprobar este mismo año. En medio de las informaciones sobre la tramitación de una nueva ley, Christopher Dodd, presidente de la MPAA (Motion Picture Association of America o Asociación Cinematográfica de Estados Unidos) visitó España. El líder del lobby de la industria audiovisual estadounidense mantuvo una conversación con Mariano Rajoy, en una reunión privada que no se incluyó en la agenda oficial del presidente de Gobierno, según apuntó Moncloa.

Por otra parte, la directora ejecutiva de la Federación Internacional de la Industria Discográfica (IFPI), Frances Moore, ha echado la culpa a la Ley Sinde-Wert de los malos números que obtuvo el mercado de la música en España el pasado año. Mientras que en el resto del mundo esta industria crece un 9%, en el país sólo lo hace un 4%. Se corre el riesgo de volver a estar en la lista de los estados con más ‘piratería’.

En este contexto se está fraguando el texto que modificará la regulación de la Propiedad Intelectual en España. Uno de los nuevos actos penados que se barajan para incluir en la nueva norma es el “facilitar la localización” de contenido que se ofrece de forma ilícita. En esta expresión se puede ver sin lugar a dudas que el objetivo son las páginas de enlace, las mismas que no ha podido tumbar la Ley Sinde-Wert.

Imagen: organgeacid