Campañas cívicas y felicidad pública
El pasado 28 de marzo varias personas intentaron, sin éxito, paralizar pacíficamente el desahucio de Teresa Cabrero en el barrio madrileño de Tetuán. Ocho de ellas se enfrentan ahora a multas que suman hasta 24.000 euros. El 14 de noviembre, durante la Huelga General, la violencia policial hizo que mucha gente se preguntara si lo que entonces sucedió era propio de una democracia. Hoy viernes 30 de noviembre, decenas de personas están recibiendo una carta de la Delegación de Gobierno en Madrid en sus domicilios. En ella se les impone una multa de 500 euros por manifestarse pacíficamente en la capital, el pasado 27 de octubre, en contra de los Presupuestos presentados por el Gobierno.
Hace apenas veinte días se lanzó a través de las redes sociales la campaña cívica #yosoy301. Esta respondía precisamente a la amenaza que la propia Delegación había anunciado, y que hoy se está consumando, contra las 300 personas identificadas el 27O. Hasta la fecha, más de 6.000 personas se han sumado a la iniciativa informando a Cristina Cifuentes de que ellos también estuvieron allí.
La manifestación del 27O no había sido comunicada a Delegación. Quizá se tuvo en cuenta que al convocante de la manifestación del 25S se le había multado con 6.000 euros. En nuestro país, todavía —la ley orgánica es de 1983—, cualquier reunión de más de 20 personas debe comunicarse a las autoridades, indicando además “para qué” se realiza. Como ha señalado la Comisión Legal de Sol, a los grupos de turistas, religiosos o mariachis reunidos en esa plaza nunca se les identifica aunque sobrepasen esa cifra; mientras, con los grupos del 15M es práctica habitual. En este país hacer política ciudadana aún se observa con suspicacia.
Eso sí, según las leyes vigentes no se puede prohibir ninguna reunión ni manifestación salvo que se vaya a cometer un delito o sus integrantes porten armas. Sólo alguna de estas dos condiciones las definiría como “ilegales”.
Por tanto una manifestación pacífica no comunicada, según el Código Penal (art. 513) y la Ley de Seguridad Ciudadana (art. 23C), en ningún caso es ilegal. Se podrá sancionar a los convocantes, pero no a los participantes. La sorprendente decisión de la Delegación del Gobierno madrileña de ir hasta el final en su amenaza, y así finalmente multar a los manifestantes del 27 de octubre, constituye un paso peligroso en el recorte de libertades políticas. Si comunicar una manifestación puede costar 6.000 euros a la persona responsable, y hoy ya sabemos que no comunicarla supone 500 euros a cada participante identificado, la conclusión parece lógica: mejor no convocar, ni tampoco acudir, a manifestaciones. ¿Es esto lo que significa “modular” el derecho de manifestación? Se trata de nuevo de la estrategia del miedo; y no es casual que se intensifique justo ahora, cuando las razones para hacer política y protestar son tantas. La Constitución Española, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, una vez más se quedan en papel mojado.
Es por ello que el Colectivo Novecento juzgó importante lanzar una iniciativa que tratara de frenar una escalada, a nuestro juicio, antidemocrática. La campaña se realizó de manera sencilla, sin un solo euro aunque con cierta dosis de trabajo. Toda ella giraría en torno a un vídeo. Contábamos con un director y un músico de primera. Nos propusimos lograr la adhesión de personas conocidas cuyo ethos, a la manera que ya recomendara Isócrates, ofreciera credibilidad a la hora de aparecer en lo público. Y finalmente gente menos conocida donde reconocernos, amigos cercanos y protagonistas de los difíciles tiempos que nos ha tocado vivir: parados, jubilados, inmigrantes, activistas contra los desahucios, trabajadores, jóvenes, mayores.
Mostraríamos nuestro DNI, al modo del #yosoy132 mexicano. Diríamos que también estuvimos el 27O. Porque la crisis nos ha llevado muy abajo, pero también a uno de “esos raros momentos de intensidad política” donde ya mucha gente se atreve a plantar cara abiertamente. Cuando a la desobediencia se le une la negativa pública frente a lo que marcan los poderosos —escribía James C. Scott en Los dominados y el arte de la resistencia— los retos pueden llegar a tomar envergadura.
Comenzó así una campaña de firmas por Internet, con su hashtag y todo: #yosoy301. Y dejamos bien claro que no tenemos miedo; que hay leyes que aún nos protegen. Sostuvimos con firmeza que los poderes públicos deben observar la ciudadanía como sujeto de derechos, no como objeto de sospechas. En primera instancia exigíamos que no llegaran nunca las sanciones a las 300 personas identificadas el 27O; y con la Huelga General tan cercana, tratamos asimismo de influir para que se respetaran los derechos de reunión, manifestación, libre expresión y huelga.
Ni una cosa ni la otra se han logrado. Y sin embargo se está produciendo un éxito, muy relativo pero importante, de la campaña: más de 6.000 personas han suscrito nuestra petición. En los comentarios de los firmantes se puede leer una sana indignación cívica, un coraje capaz de muchas y grandes cosas. El vídeo de la campaña ha recibido más de 30.000 visitas en Youtube, y medios de comunicación de América —como la CNN en español o la televisión venezolana Telesur, entre otros— han difundido el mensaje más allá de nuestras fronteras. Conectado con todo ello es donde se encuentra el mayor éxito, a mi entender, de la iniciativa. En la felicidad pública que genera participar en una campaña cívica abierta.
El concepto de “felicidad pública” lo acuñó Hannah Arendt para expresar lo que nos embarga cuando accedemos a los asuntos comunes y hallamos, en los encuentros cívicos, en los intercambios y diálogos que se producen desde la confianza en los demás, en las decisiones y acciones que entonces surgen, una satisfacción imposible de encontrar en lo privado. Es también el tesoro perdido de los resistentes, aquel obtenido cuando ante un panorama desolador, opresivo y autoritario, grupos de ciudadanos logran unirse buscando la liberación y que paradójicamente, cuando la consiguen, la institucionalización de lo público suele marchitar.
Otros autores han utilizado después este concepto para describir el ambiente generado en las luchas estudiantiles o por los derechos civiles, en las revoluciones contra el comunismo, etc. Las condiciones cuando falta libertad son tan duras y grises, y tan conocidas, que no hace falta aquí ahondar en ellas; pero sí al menos imaginarlas para poner en su justa medida un término como “felicidad”. Así, ese pequeño atisbo de felicidad pública en medio de la tragedia acude simplemente al saber que se puede vencer al miedo, que organizándose colectivamente se puede defender lo que se considera justo.
Porque el triunfo de la injusticia enloquece. Es algo sobre lo que ya escribió Sigmund Freud, y sobre lo que previamente Platón, en el Gorgias, había establecido una variación fundamental: cometer injusticia es aún peor que sufrirla. En aquel prodigioso diálogo, Sócrates trataba de defender que el tirano Arquelao —como quizá tantos villanos que va dejando esta crisis— es desgraciado en la soledad de su poder, en aquel saberse injusto, allá en el fondo, que le impide mirarse al espejo por las mañanas. Contrariamente, cuando la ciudadanía guiada por su sentido de la justicia trata de reparar los entuertos causados, encuentra ciertos espacios de felicidad pública entre el desempleo, la pobreza y la represión policial.
Diversas campañas en España, grandes y pequeñas, vienen demostrando que sí se puede. Cómo no citar así la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que ha logrado un cambio fundamental en las conciencias de este país. Otra gran victoria parcial ha sido la del Hospital de la Princesa, que con más de 350.000 firmas recogidas ha logrado detener su reconversión en centro geriátrico. Cuando Ester Quintana perdió la visión de su ojo el pasado 14N tras el impacto de una pelota de goma, enseguida comenzó la campaña #ojocontuojo y tomó fuerza la iniciativa Stop Bales de Goma. O qué decir de la solidaridad creciente con los #8deTetuán— ya así conocidos en las redes sociales—, más aún tras la inexplicable detención ayer de Feli Velázquez. La lista que cada cual hará de las diversas iniciativas que conozca es por sí sola indicativa de la fuerza que están tomando.
En un momento en que el principal partido de la oposición está en merecida caída libre, y cuando el panorama mediático responde a lo que demanda un oligopolio muy concentrado, es gracias a pequeños movimientos, partidos, sindicatos, asociaciones, colectivos, diarios digitales, ciudadanos y ciudadanas como se construye la Política con mayúsculas. Es desde el impulso que ofrecen las redes sociales como todo ello puede alcanzar una voz impensable hace unos años.
Los miles de firmantes en #yosoy301 esperamos que se retiren inmediatamente las sanciones hoy enviadas a los 300 identificados el 27O, y que se anuncie públicamente la rectificación. El pasado 17 de noviembre el sindicato policial SIPE reconoció que recibían órdenes para identificar masiva y arbitrariamente a la ciudadanía, vulnerando sus derechos civiles. Hace dos días otro sindicato policial, esta vez el SUP, denunciaba que un mando de los antidisturbios estaba instruyendo a sus subordinados para que disparasen directamente las pelotas de goma contra los ciudadanos. La situación por tanto es grave y, tras lo visto el 14N o con los recientes indultos del Gobierno a los mossos condenados por torturas, no tiene visos de mejorar. Lo que es seguro es que empeorará si permanecemos agazapados en la pasividad y el silencio.
Las nuevas campañas cívicas tienen la virtud de la solidaridad, del valor que confiere saber que participamos en causas justas. Desde la pequeña satisfacción que ofrece la dignidad, ese poder mirarse al espejo, así como desde la felicidad que otorga el saberse acompañados en una lucha pacífica y democrática en el espacio público, todo es posible.
