Dos años y 6.500 muertes después, Lampedusa permanece como símbolo trágico en pleno Mediterráneo de la mayor crisis humanitaria y de refugiados desde la II Guerra Mundial. Aquel 3 de octubre de 2013 perdieron la vida 366 personas procedentes de Eritrea y Somalia, que vieron hundirse su barco envuelto en llamas a media milla de esa isla italiana, cuando ya acariciaban su sueño de pisar suelo europeo. Testimonios de supervivientes denunciaron que tres barcos de pesca pasaron cerca sin prestar ayuda, para mayor indignación de la alcaldesa Giusi Nicolini, que ya había interpelado a la Unión Europea por su pasividad --“¿cómo de grande tiene que ser el cementerio de mi isla?”-- para abordar a fondo el problema de los millones de personas que buscan refugio y protección internacional tras huir de la violencia y las violaciones de derechos humanos en sus países.
Algo ha avanzado la UE desde entonces, al acordar el reasentamiento en dos años de 120.000 solicitantes de asilo y al destinar 1.000 millones de euros a los países de acogida. Pero Amnistía Internacional advierte, en palabras de su director para Europa John Dalhuisen, de que solo es “la continuación de una estrategia fallida” y hace falta un “planteamiento nuevo, audaz y ambicioso” que garantice el acceso seguro a quienes necesitan protección internacional.
Cualquier respuesta integral y duradera a la crisis de los refugiados pasa, según AI, por medidas de largo recorrido como reforzar las operaciones de búsqueda y salvamento en el mar, abrir vías seguras y legales para llegar a la UE, no 'externalizar' el control migratorio a países que no garantizan los derechos humanos y aumentar las cuotas de reasentamiento, el acceso a visados humanitarios y las reunificaciones familiares.
De lo contrario, las cifras seguirán siendo apabullantes, tanto en las llegadas por mar a Europa (130.000 en 2014, casi 450.000 este año) como en la factura trágica de la travesía mediterránea (3.500 muertes en 2014, casi 3.000 en lo que va de año). Y abrumadores seguirán siendo los testimonios del drama cotidiano que envuelve a cada naufragio, como recoge Amnistía Internacional en su informe de este año “La vergüenza de Europa, a pique. Omisión de socorro a refugiados y migrantes en el mar”.
Los relatos de las víctimas y de quienes acuden a su rescate ofrecen dos perspectivas de una misma y terrible realidad que arranca con violencia y abusos de derechos humanos en los países de origen (Siria, Irak, Afganistán, Eritrea, Somalia, Libia, Sudán, Túnez y un largo etcétera), que sigue por distintas rutas de huida hacia la UE, y que acaba estrellándose contra una 'Europa-fortaleza' de fronteras cerradas, vallas y alambradas, policías antidisturbios y centros de detención.
Lamin, joven de Malí embarcado por traficantes en Libia con más de 100 personas, cuenta que “la gente se caía al agua, pero nadie podía ayudarlos”. Vio morir ahogados a algunos, y a varios más por falta de comida y agua: “Solo Dios sabe cómo me sentí... Solo quedábamos siete cuando llegó el salvamento”. Y el enfermero Salvatore Caputo, que iba a bordo de un guardacostas italiano, completa el relato: “Estaban agotados, sedientos, con mucha hambre... Les dimos mantas térmicas y bolsas calientes, pero no les servían de mucho... Hacía mucho frío, quizá cero grados. Algunos estaban tan empapados que se quitaron toda la ropa... Para mantenerlos calientes los hacíamos entrar por turnos en la cabina, pero era todo muy difícil. Nos sentíamos todos mal, y asustados... Yo sentía tanta rabia: salvarlos y luego verlos morir así...”
Luego, como denuncia Amnistía Internacional en su informe “El coste humano de la fortaleza Europa”, se dan de bruces contra la política de “exclusión” de la UE, empeñada en la “construcción de vallas más altas, instalación de más material de vigilancia y mayor control de las fronteras”. Un empeño inútil, porque su único resultado es que “está obligando a la gente a tomar rutas cada vez más peligrosas”, demasiadas veces con trágicas consecuencias. Como recuerda AI, “muchas personas –mujeres, hombres, niñas y niños– mueren ahogadas en el mar o asfixiadas en camiones. Sufren violencia en las fronteras de la UE y se ven privadas de su derecho a solicitar asilo. Acaban atrapadas en países como Libia, Marruecos, Ucrania y Turquía, donde sus derechos están amenazados. En algunos de estos países viven en la indigencia y carecen de derechos sociales y económicos, y muchas sufren violencia e incluso tortura”.
La historia del afgano Rahim, que huyó de su país en 2012 con solo 16 años, resume esa desprotección. En 2014 contó a AI que lo habían obligado a retroceder por la frontera de Bulgaria y Grecia y que malvivía en Turquía en una pequeña habitación con cinco compatriotas y con un duro trabajo en un taller textil. Aunque solicitó la condición de refugiado en la Agencia de la ONU (ACNUR) en Ankara, su paso por un refugio para menores al este de Turquía le pareció “peor que estar en Afganistán”, por lo que escapó a los seis meses y marchó a Estambul. Tras dos semanas durmiendo en la calle, encontró alojamiento y trabajo y ahorró para pagar a un traficante que lo llevó a Europa con otros siete afganos. Cruzaron de madrugada la frontera búlgara, pero la Policía los descubrió, y tres agentes lo detuvieron junto a un amigo de 13 años: “Comenzaron a golpearnos, nos dieron patadas, y llevaban cachiporras negras duras como el hierro. Nos golpearon con ellas en las rodillas, y también en las manos. Fue terrible”.
Tan terrible como la propia situación en Turquía, que obliga a regresar a Siria e Irak a muchos refugiados. O como las penalidades en la ruta de los Balcanes hacia Hungría, que intenta frenarlos con vallas y leyes draconianas con penas de hasta tres años de cárcel. Las devoluciones 'en caliente', a menudo violentas, son habituales no solo desde Bulgaria y Grecia a Turquía, sino también desde Macedonia a Grecia y desde Serbia a Macedonia. Y a los abusos de las autoridades fronterizas –incluido el pago de sobornos-- se suma con frecuencia la vulnerabilidad de los refugiados ante traficantes, ladrones y grupos armados.
Más terrible, si cabe, es la situación de los refugiados en las rutas africanas hacia las costas de Libia, país donde los testimonios recabados por Amnistía Internacional hablan de abusos, secuestros, torturas y violencia sexual por parte de grupos armados, traficantes y organizaciones de delincuentes. En esas condiciones de máximo peligro, en las que no faltan ejecuciones sumarias de cristianos coptos a causa de su religión, la idea de cruzar el Mediterráneo rumbo a Europa se convierte en un riesgo asumible para los refugiados.
De ahí la insistencia de Amnistía en que la UE, en vez de levantar muros y vallas para controlar la inmigración irregular, ofrezca una respuesta integral y colectiva para salvar vidas en el Mediterráneo. Solo Italia, con la Operación Mare Nostrum de 2013-2014, se tomó en serio esa política de búsqueda y rescate de refugiados. La posterior Operación Tritón lanzada por la Comisión Europea, en cambio, tiene mucho menos presupuesto y recursos operativos, y su mandato se centra en el control de fronteras.
Todo ello deja en evidencia la frecuente justificación por la UE del endurecimiento de sus políticas migratorias con el argumento de que Europa se ocupa de más personas refugiadas y migrantes de las que le corresponden. La realidad es que la mayoría no salen de su región de origen. El caso de los cuatro millones de refugiados sirios es significativo: el 95% está en solo cinco países, Líbano (1,2 millones, equivalentes al 20% de su propia población), Jordania (650.000, el 10% de su población), Turquía (1,9 millones, el mayor número en todo el mundo), Irak (casi 250.000) y Egipto (132.375). Y llamativa es la escasa oferta de 104.410 plazas de reasentamiento en todo el mundo (2,6% de los refugiados sirios en los cinco países citados), con países de altos ingresos que no han ofrecido ni una sola plaza, como los del golfo Pérsico, Rusia o Japón. Alemania (35.000 plazas) y Suecia son los países más comprometidos de la UE, mientras los otros 26 miembros apenas cubrirán 8.700 plazas.
Sobre este blog
Amnistía Internacional es un movimiento global de más de 7 millones de socios, socias, activistas y simpatizantes que se toman la lucha contra las injusticias como algo personal. Combatimos los abusos contra los derechos humanos de víctimas con nombre y apellido a través de la investigación y el activismo.
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