La Cámara de Cuentas está fiscalizando el bono alquiler joven de la Junta de Andalucía en aras de evaluar “en qué medida ha sido eficaz” la gestión de una ayuda que está envuelta en polémica. La demora en los pagos que acumula la tramitación de este bono –que debería haberse resuelto en mayo de 2023– ha provocado que cientos de jóvenes andaluces lleven meses movilizándose contra el Gobierno de Juan Manuel Moreno.
Medio centenar de afectados interpuso en abril la primera demanda colectiva contra la Junta de Andalucía por este motivo. Y hace apenas unas semanas, la plataforma que ampara a los jóvenes afectados convocó la quinta protesta en un año para volver a denunciar el “desmesurado” retraso en los pagos y “la falta de transparencia” que le reprochan a la Consejería de Fomento, responsable de ejecutar este bono financiado con fondos estatales.
Con esta investigación que arrancó hace unos meses, la Cámara de Cuentas andaluza pretende “concluir si la gestión de las ayudas del bono alquiler joven se ha realizado de conformidad con los principios de eficacia, economía y eficiencia, y si existen áreas de mejora”. Para ello, este órgano de fiscalización de la administración pública examina la “agilidad” de la Junta en la tramitación de esta ayuda atendiendo a dos variables: el número de resoluciones y la ejecución de los créditos a fecha del 31 de diciembre de 2023, más de un año después de que se abriera la convocatoria.
Fuentes de la Cámara de Cuentas explican a este periódico que el trabajo de fiscalización se encuentra avanzado, habiéndose acometido ya actuaciones como la planificación y el trabajo de campo. Una vez concluida esta última fase consistente en recabar la información necesaria, el órgano de fiscalización va a dedicar las próximas semanas a extraer conclusiones que volcará en un informe, cuyo borrador esperan tener redactado a finales de julio.
De momento, a la luz de los datos aportados por la entidad fiscalizada (esto es, la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda como responsable de la gestión del bono), desde la Cámara de Cuentas avanzan que “llama la atención que de los 68 millones presupuestados solo se hayan pagado unos 15 millones de euros a 31 de diciembre de 2023”, lo cual representa un 22% del presupuesto total en más de un año. En cuanto a las resoluciones, en esa misma fecha tan solo se habían resuelto 6.687 solicitudes de las 17.288 que se recibieron en noviembre de 2022, es decir, el 39%.
Aunque todo ello conecta con el clamor que los jóvenes llevan meses manifestando en las calles, desde el órgano fiscalizador se explica que la decisión de examinar el controvertido bono nace de la necesidad de acotar el examen que se iba a realizar en torno a un programa presupuestario más amplio relativo a “Vivienda, rehabilitación y suelo”. Dentro de ese programa marco, el bono alquiler joven era el que contaba con mayor dotación presupuestaria, de ahí que determinaran centrarse en su fiscalización.
Tras conocer la actuación que está llevando a cabo la Cámara de Cuentas, Manuel Sanz, portavoz de la plataforma que se encarga de canalizar las movilizaciones de los afectados, vuelve a recordar que “no queremos ninguna victoria moral, sino que el Gobierno andaluz haga mejor su trabajo y pague de una vez desde que expiró el plazo legal que tenían para resolver”. Ese plazo establecido por el Gobierno central para resolver el trámite expiraba a los seis meses de la convocatoria, esto es, en mayo de 2023.
Sin embargo, aún hoy quedan miles de jóvenes pendientes de que se resuelva su expediente o se les abone esta ayuda pública de 250 euros de alquiler concebida “con el fin de facilitar a las personas jóvenes con escasos recursos económicos el acceso a su residencia habitual en régimen de alquiler y favorecer su emancipación y desarrollo vital”, como consta en la página web de la Junta.Durante este año y medio, los planes de vida de muchos de ellos se han frustrado al no poder disponer de un dinero con el que contaban.
Desde el Gobierno andaluz insisten en que “se ha resuelto la gran mayoría de los expedientes y se sigue trabajando para que todos los beneficiarios reciban el dinero lo antes posible”. De acuerdo con las cifras de la Consejería de Fomento, actualmente hay 10.300 expedientes resueltos, gracias a “las medidas de refuerzo que hemos adoptado para agilizar el proceso de concesión”, según destacan desde este departamento. No obstante, los jóvenes afectados apostillan que “expedientes resueltos no significa pagados” y reprochan que “aunque los resuelvan ahora, van casi dos años tarde”.
El propio presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, admitió la tardanza en la tramitación como “un error” y pidió disculpas en dos ocasiones atribuyendo la demora a “un problema de carácter técnico importante”. Sin embargo, su Gobierno sostiene ahora la tesis de que los retrasos responden a la “enrevesada tramitación impuesta” por el Ejecutivo central. “El único problema que ha tenido el bono alquiler joven son las numerosas trabas que nos ha puesto el Gobierno de España en el camino, con una norma farragosa que ha necesitado de un desarrollo posterior por parte de las comunidades”, recriminan desde la administración andaluza, aunque en el resto del país, ese mismo diseño no se haya traducido en un impedimento como el que arrastra Andalucía.
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