Banderas franquistas y saludos fascistas para conmemorar el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 con una caravana de coches. Eso es lo que se pudo ver el pasado sábado en la localidad cordobesa de Lucena, donde un desfile de una docena de vehículos recorrió el municipio con altavoces y exhibiendo la bandera preconstitucional el día en que se cumplían 79 años de aquel 18 de julio en el que se derrocó al Gobierno de la II República y se dio inicio a la Guerra Civil.
La marcha de coches –que sorprendió a los vecinos de la localidad- no había sido comunicada ni, por tanto, autorizada por la Subdelegación del Gobierno en Córdoba, según ha explicado públicamente el propio subdelegado, Juan José Primo Jurado. “Confirmo que era una manifestación no comunicada (…) No había sido comunicada y por tanto será sancionada”, ha adelantado.
En ese sentido, Primo Jurado ha informado de que el comisario provincial de la Policía Nacional en Córdoba ha ordenado que se realice un informe sobre la caravana franquista de manera que se investiguen los hechos y que “se identifique a los que participaron” en ella, quienes además de portar banderas franquistas exhibían símbolos similares y proclamaban “vivas” a Franco.
La Subdelegación del Gobierno basa su postura para sancionar la marcha en que “todas las concentraciones y manifestaciones que superen las veinte personas tienen que ser comunicadas a las sedes de la Subdelegación del Gobierno, salvo que sean con carácter de urgencia como un accidente laboral o un atentado terrorista”.
Por su parte, el Ayuntamiento de Lucena ha abierto una investigación para esclarecer los hechos, sobre los que ha dicho no disponía de información ni comunicación previa sobre su celebración. Desde el grupo municipal de IU, su portavoz Miguel Villa, ha denunciado los hechos en redes sociales y ha pedido que se condenen expresamente. Ha calificado la caravana de coches franquistas como “vergonzosa y cruel ofensa a la democracia y a nuestra memoria histórica”. Y, en ese sentido, ha considerado que estos hechos están “prohibidos por la Ley de Memoria Histórica”, según ha denunciado públicamente a través de sus redes sociales.