El abogado Carlos Leal quedó anoche en libertad bajo fianza de 150.000 euros. El socio director del bufete sevillano Estudios Jurídicos Villasís, imputado de ocho delitos por su participación en el caso de los ERE, abonó en efectivo la cantidad que le ha permitido quedar libre después de unas 15 horas de interrogatorio entre el jueves y el viernes.
La jueza Alaya dictó el auto de libertad pasadas las 2 de la mañana.
El abogado, que según indicaron fuentes del caso se ha mostrado bastante colaborador, ha detallado este viernes la comida a la que había aludido el día anterior en la Casa Rosa, con la presencia del exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías, el 'conseguidor' Juan Lanzas y dos miembros de la familia Ruiz-Mateos, para abordar la reubicación a los trabajadores afectados en el ERE de la empresa Primayor. Según explicó, también estuvieron los entonces consejeros de Innovación y Agricultura, Francisco Vallejo y Martín Soler, respectivamente.
La Fiscalía Anticorrupción y el PP habían pedido para Leal prisión eludible bajo fianza de 225.000 euros, mientras que la Junta solicitó en la 'vistilla' final la obligación del imputado de comparecer periódicamente en el juzgado y la retirada del DNI y el pasaporte.
Mientras Alaya redactaba el auto definitivo que ponía fin a dos días completos de declaración, el abogado de Carlos Leal, un familiar y un allegado suyo, a unos metros de la sala, comentaban la posibilidad de hacer frente a la fianza. Horas antes habían llegado a la sede judicial con una previsión para afrontar el pago con una cantidad similar a la impuesta finalmente por la juez, según confirmaron posteriormente fuentes de la defensa.
Finalmente Leal, que ya se mostraba visiblemente satisfecho tras la 'vistilla', pudo afrontar el abono de una fianza bastante inferior a la impuesta a imputados como el dueño de Uniter o al exdirector de Vitalia, 600.000 euros en ambos casos, por similares delitos.
La responsabilidad civil impuesta por la jueza al abogado asciende a más de 34 millones de euros. Fuentes de la defensa añadieron también que Leal no ha tocado ni un solo euros procedente del erario público, tal y como el imputado indicó en su declaración.
Con esta declaración, Alaya podría haber dado por cerrada esta fase de la instrucción centrada en las mediadoras de los ERE y en los supuestos beneficiarios que habrían intervenido para la inclusión de 'intrusos' en diversos expedientes y convertido en “negocio” el sistema de ayudas.
El imputado ha admitido que las ayudas millonarias concedidas por la Junta con posterioridad a la comida en la Casa Rosa a las empresas de Nueva Rumasa (Dhul y Proasego), donde se iban a integrar los exempleados de la antigua Cárnicas Molina, fueron consecuencia de tal encuentro, según fuentes del caso.
En este sentido, Leal ha comentado que el exdirector de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, le confesó días después que estaba molesto porque estaba recibiendo presiones por parte de Zarrías para que agilizara los pagos en relación a este ERE, después de que el presidente de la asociación de trabajadores de Primayor advirtiera de que iba a pedir al exconsejero que intermediara.
Esta versión tiene bastante relación con lo declarado meses atrás por el que fuera chófer de Guerrero, quien dijo, según trascendió tras el levantamiento del sumario, que Zarrías llamó en varias ocasiones a Guerrero para incluir a 'intrusos' en varias prejubilaciones. Alaya, pues, contaría ya con dos testimonios que implicarían a Zarrías en las negociaciones relativas a los ERE.
El abogado Carlos Leal ha reconocido, por otra parte, que acudió a Guerrero para confirmar el adelanto de 600.000 euros del ERE de la Faja Pirítica de Huelva tras habérselo pedido verbalmente los sindicatos. Además, apuntó que los sindicatos mantenían una relación privilegiada con la Junta.
Sin embargo, a pesar de comentar este hecho en concreto relativo al ERE de la Faja, Leal también ha señalado que su papel se limitaba al momento inicial de los ERE, cuando empresas y trabajadores negociaban condiciones. También ha relatado que desconocía que las ayudas sociolaborales llegaban a pocas personas, algo que sí era de conocimiento de los sindicatos.
Los cargos de la Junta, a partir del 25 de julio
A partir de ahora, en concreto desde el día 25 de julio, iniciará la toma de declaración a la veintena de personas de la Junta de Andalucía imputadas el pasado martes, relacionadas con el presunto uso indebido de las transferencias de financiaciación de las ayudas sociolaborales en el seno de la Administración.
El caso de los ERE fraudulentos ha dejado 11 imputados enviados a prisión desde que se iniciara la investigación hace ya más de dos años, si bien son cinco los que permanecen en la cárcel. El último auto de prisión lo emitió Alaya la noche del 18 de junio, eludible bajo fianza de 600.000 euros, para José González Mata, responsable de la mediadora Uniter, por la presunta comisión de ocho delitos.
Entre los encarcelados por la jueza en el marco del caso de los ERE destaca el que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía durante nueve años (1999-2008), Francisco Javier Guerrero, que ha sido el único que ha salido y entrado dos veces de prisión, en ambas ocasiones delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho, así como dos de falsedad en documento oficial y uno de falsedad en documento mercantil.
La investigación del caso se había centrado estos meses en los intermediarios de los ERE y en el “verdadero negocio” en que se había convertido el sistema de ayudas, como dice la juez instructora en uno de sus autos. Las mediadoras “corrompían” a cargos públicos y los sindicatos buscaban “nuevas empresas en situación de crisis para incrementar” dicho sistema