El que fuera presidente de Andalucía durante 19 años -entre 1990 y 2009-, Manuel Chaves, ha denunciado este martes el paralelismo entre la causa que instruye el juez Juan Carlos Peinado por un posible delito de tráfico de influencias contra Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, y el proceso de los ERE, que se saldó con la condena de toda la cúpula del gobierno socialista andaluz por prevaricación y malversación, y que el Tribunal Constitucional acaba de anular.
“Me recuerda el proceso de instrucción de los ERE, esa búsqueda de la cúspide de la pirámide basada en recortes de prensa y a partir de la denuncia de dos pseudosindicatos ultraderechistas [Manos Limpias también fue acusación particular en los ERE]. Con un informe contrario de la Guardia Civil, y mire dónde ha acabado, con la imputación de la esposa de Pedro Sánchez y la citación judicial del presidente del Gobierno. Es raro y es insólito”, ha dicho Chaves, en respuesta a una pregunta durante una entrevista en Canal Sur Televisión.
El expresidente andaluz fue condenado por la Audiencia Provincial de Sevilla -posteriormente ratificada por el Tribunal Supremo- a nueve años de inhabilitación para cargo público por un delito de prevaricación en la llamada pieza política del caso ERE, el macrofraude de ayudas sociolaborales a parados y empresas en crisis.
Aquel fallo concluyó que durante diez años, bajo gobiernos socialistas, se habían otorgado ayudas sin control ni fiscalización, que habían acabado en manos indebidas, en personas ligadas al PSOE o que se habían usado para fines distintos a los previstos (cocaína, fiestas, alcohol...).
La sentencia del Supremo cifra el supuesto fraude en 680 millones de euros, que son los fondos de la partida presupuestaria del que salieron las ayudas ilegales -también las legales- y sentencia que el Consejo de Gobierno, empezando por el presidente andaluz, diseñaron un sistema opaco para defraudar las ayudas, inserto en la Ley de Presupuestos Autonómicos, debatida y avalada por el Parlamento andaluz.
El Constitucional ha admitido total o parcialmente el recurso de amparo de una decena de exaltos cargos condenados -entre ellos los expresidentes Chaves y José Antonio Griñán- desmontando la teoría de la “trama” y la implicación directa de ambos en el fraude de ayudas, y ha solicitado a la Audiencia y al Supremo que redacten nuevas sentencias. Considera el tribunal de garantías que se han vulnerado los derechos fundamentales de los condenados, entre ellos la presunción de inocencia, y acusa al Supremo de haber hecho una “interpretación extravagante” de la ley para culpabilizar a los expresidentes. Una ley, por definición, no puede ser ilegal, concluyen los magistrados.
El fallo del Constitucional ha devuelto a Chaves a la política activa, irrumpiendo con fuerza con una durísima denuncia contra el PP, al que acusa de haber pilotado “una operación para tumbar al Gobierno andaluz. ”Ha ocurrido lo que no tenía que haber ocurrido: en el contexto de una operación política, mediática, con ropaje judicial, montada por el PP. El objetivo era echar al PSOE del gobierno de la Junta de Andalucía, conseguir lo que no habían podido conseguir con los votos: erosionar la credibilidad del PSOE ante la ciudadanía para cuestionar los 30 años de gestión más brillante que Andalucía ha tenido: modernidad, igualdad, convivencia, autoestima, solidaridad. Esta operación política y mediática ha sido la más grave en España para tumbar a un Gobierno y al partido que lo apoyaba“, dijo Chaves el jueves pasado, en su reaparición en la sede del PSOE-A después de 14 años de ostracismo público.
Esa misma denuncia, implícitamente, ha lanzado este martes contra la instrucción del juez Peinado contra Begoña Gómez, que en los últimos días ha dado un paso sin precedentes al programar la citación como testigo del presidente del Gobierno en el Palacio de la Moncloa, con grabación incluida.
“Nunca he hablado de lawfare”
En la entrevista, Chaves ha mantenido sus críticas al procedimiento de los ERE que terminó condenándolo pero, a preguntas de la entrevistadora, ha rehusado hablar de “prevaricación” de la jueza Mercedes Alaya, primera instructora del caso. “Nunca he acusado de prevaricación a nadie, ni siquiera he usado la palabra lawfare, aunque tenga mi opinión. Pero sí creo que, más que perseguir la pista del dinero [de los ERE], el proceso iba dirigido hacia la cúspide de la pirámide”.
El expresidente andaluz también ha restado importancia al hecho de que entre los jueces del Constitucional que votaron a favor de anular su condena se encontrara Juan Carlos Campo, exministro de Justicia de Sánchez y director general de Relaciones con la Administración de Justicia de la Junta de Andalucía entre 1997 y 2001. “Entiendo las críticas desde la oposición política, pero también hubo un presidente del Tribunal Constitucional afiliado al PP”.
Chaves sostiene que “todos los magistrados tienen ideología” y que “la ideología nunca ha sido incompatible con dictar sentencia en un tribunal”, pues así lo estableció la propia doctrina del TC. “Yo nunca he dicho que los magistrados del Supremo me condenaran por ser conservadores”.
El expresidente andaluz ha concluido repitiendo que, pese a considerarse “inocente” de la supuesta trama política que describieron los jueces que le condenaron, él dimitió por su responsabilidad política en el fraude de ayudas de su gobierno. “Tengo una responsabilidad política, lo asumí y dimití y me di de baja del PSOE”. “Si yo hubiera tenido conocimiento [del fraude], otra cosa hubiera pasado”, ha añadido, tras reiterar que al Consejo de Gobierno nunca llegó un “informe de actuación” del interventor general de la Junta, alertando de un menoscabo de fondos.
Quien ocupaba el puesto durante los diez años que abarcan el supuesto fraude, Manuel Gómez, se elevó siete informes alertando de que el procedimiento para la concesión de ayudas no era el apropiado. Gómez fue imputado y absuelto en la primera fase de la instrucción de los ERE.