El Gobierno de Juan Manuel Moreno ha subido un peldaño más en su escalada de ataques al sistema de justicia desde que el Tribunal Constitucional (TC) empezó a anular total o parcialmente las condenas a exdirigentes socialistas por el macrofraude de los ERE. El consejero portavoz de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha descalificado al tribunal de garantías, tildándolo de “un instrumento más del aparato político de la Moncloa”.
Las palabras de Fernández-Pacheco, en una entrevista este martes en Canal Sur radio, forman parte de una contraofensiva coordinada entre la Junta y el PP andaluz para cerrar el paso al PSOE de Juan Espadas y su estrategia de autoreafirmación tras las condenas anuladas por el TC a seis exaltos cargos socialistas, entre ellos los exconsejeros Magdalena Álvarez, Antonio Fernández, Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo (estos dos últimos recién excarcelados por la Audiencia Provincial de Sevilla).
La semana que viene, previsiblemente, serán los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán quienes verán desactivadas sus respectivas condenas por prevaricación y malversación. Cada sentencia del Constitucional que trastoca el fallo del Tribunal Supremo sobre la pieza política del caso ERE, en 2022, desata un terremoto en Andalucía. Los socialistas han salido en tromba a defender que todo fue “un montaje” organizado por el PP, personado en la causa, y una “cacería política” contra los gobiernos de Chaves y Griñán, sin la cual “hoy no sería presidente Moreno”.
Los populares han respondido desde todos los frentes, incluido cuestionar abiertamente la legitimidad del Constitucional, ahora de mayoría progresista, señalando a dos ponentes por sus vínculos con el PSOE, entre ellos, el exministro socialista de Justicia, Juan Carlos Campo, director general de Relaciones con la Administración de Justicia de la Junta de Andalucía entre 1997 y 2001. Aunque el partido conservador no solicitó la recusación de Campo o de la jueza ponente Inmaculada Montalbán -que recibió la Medalla de Andalucía de manos de Griñán- cuando pudo hacerlo.
Fernández Pacheco se ha referido a la “mal llamada mayoría progresista” de miembros que integran el Pleno del TC, para rebautizarla como “una mayoría sanchista, puesta por Pedro Sánchez para seguir al dictado de su interés”. Luego, el portavoz ha matizado que el tribunal de garantías “no ha absuelto a nadie” por el caso de los ERE, sino que “ha revocado una serie de sentencias que ha devuelto a la Audiencia Provincial de Sevilla, que tendrá que pronunciarse otra vez”. “Aquí no se ha perdonado a nadie, no se ha absuelto a nadie, por mucho que el PSOE se empeñe en hacérnoslo ver”, ha zanjado el consejero portavoz.
Duelo en el Parlamento andaluz
El PP registró la semana pasada una proposición no de ley que se debatirá este jueves en el Parlamento y que busca resituar al principal partido en la oposición en el disparadero, como responsable del “mayor caso de corrupción de la historia de España”.
El choque de trenes entre PP y PSOE parece evidente. Espadas exige a Moreno y al PP que “respete” la sentencia del Constitucional, que considera vulnerados los derechos fundamentales de los condenados por los ERE -entre ellos el de presunción de inocencia- y ordena a la Audiencia de Sevilla dictar nuevas sentencias. Los socialistas recuerdan que ellos “acataron” los fallos condenatorios, aunque “discrepasen” y defendiesen públicamente la “inocencia” de sus compañeros.
Pero, hasta tres consejeros de la Junta han cargado duramente contra el nuevo escenario judicial. El consejero de Justicia, José Antonio Nieto, que fue secretario de Estado de Seguridad del Gobierno de Mariano Rajoy, ha calificado las sentencias del Constitucional como “una sublimación del escándalo”. El titular de Presidencia, Antonio Sanz, que pilotó la estrategia de desgaste contra el PSOE-A por el caso ERE siendo secretario general del partido, ha tildado de “escándalo judicial” los fallos del TC, asegurando que “ponen en peligro total” que la Junta pueda recuperar el dinero defraudado.
La iniciativa que el PP lleva este jueves al Parlamento es una “defensa de la labor de las instituciones del Estado en la lucha contra la corrupción”, pero el contenido de la proposición es una sonora bofetada contra el PSOE. Dado que los de Moreno cuentan con mayoría absoluta y el apoyo de Vox en este punto, es previsible que la Cámara apruebe un texto que pide “el ”reconocimiento expreso“ a los órganos jurisdiccionales que ”han permitido investigar, esclarecer y juzgar“ las ”conductas ilícitas y punibles de malversación, apropiación indebida, falsedad documental y demás tipos penales execrables“ cometidos por ”los condenados en el denominado caso ERE“.
Otro escenario de la batalla de los ERE está en las redes sociales. El PSOE ha distribuido estos días sendos vídeos que ha grabado a algunos de los exdirigentes exonerados -como Magdalena Álvarez o Martínez Aguayo- reivindicando su trabajo en el Gobierno socialista y cargando duramente contra el PP.
La estrategia de Espadas pasa por que todos los dirigentes socialistas con algún mando en plaza -diputados, alcaldes, concejales de este a oeste de Andalucía- respondan enérgicamente en estos términos a las acusaciones del PP, que sigue señalando al PSOE-A como responsable de un fraude masivo de 680 millones, en alusión a la partida presupuestaria de la que salieron las ayudas fraudulentas (pero también las legales, que a día de hoy sigue pagando el Gobierno de Moreno a los prejubilados).
La proposición no de ley del PP recupera los datos que ofreció el presidente de la Junta en un reciente debate de política general a colación de las últimas decisiones del TC. Moreno, que ha mantenido un tono moderado en este asunto parapetado tras las duras consignas de sus consejeros, cuantifica la recuperación del dinero defraudado en el caso ERE en el reintegro de 27 millones de euros en los últimos cinco años, más la reclamación de otros 135 millones pendientes de resolver aún en los juzgados.
El Constitucional está desmontando estos días la llamada pieza política del caso ERE, es decir, la teoría inspirada desde el principio por la jueza Mercedes Alaya -primer instructora de la causa- de que el fraude de ayudas sociolaborales de la Junta tenía detrás una compleja arquitectura legal que implicaba a toda la cúpula del Gobierno socialista, incluidos sus presidentes. Esto hizo que señalara como ilegales las propias leyes de presupuestos, donde venía consignada la partida defraudada, y que fueron aprobadas por el Parlamento.
El TC concluye que una ley, por definición, no puede ser ilegal. Pero esto no borra el fraude de ayudas, que sigue resolviéndose diez años después en los juzgados a través de 134 causas pendientes, una por cada empresa en apuros que recibió subvenciones de la Junta. El PP sigue personado como acusación particular en todas ellas. Hoy siguen vivos 73 procedimientos vinculados a los ERE en el juzgado de instrucción 6 de Sevilla: 42 con diligencias previas, 31 en fase avanzada de instrucción y otras 62 que se han elevado a la Audiencia Provincial (17 de estas con sentencia, la mayoría con acuerdo entre las partes).