El juicio de los ERE se ha retomado este lunes con las réplicas de las cuestiones previas por parte de las acusaciones y las defensas. Tanto el PP como Manos Limpias han pedido que se admitan las propuestas por la Fiscalía Anticorrupción mientras que las defensas, como ya advirtieron el pasado martes, han criticado que el Ministerio Público haya pedido al tribunal “un pronunciamiento expreso” en el que se confirme la delimitación objetivo de la causa, como ha denunciado el abogado de la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo.
“Sorprendente” y “extravagante” han sido algunos de los calificativos usados por Víctor Moreno ante la petición de la Fiscalía “para asombro de las partes”, que solicitó “aclarar de manera expresa y taxativa que, con respecto a todos los encausados (...) el presente procedimiento sólo se refiere al diseño del denominado procedimiento general o específico sin ser sometido al plenario (...) cada ayuda sociolaboral o ayuda a empresa de forma individualizada”.
El letrado, primero en intervenir y al que le ha aplaudido las sucesivas defensas que han ido interviniendo, que se han adherido y amplliado a la profusa réplica del anterior, ha considerado que la aceptación de esa cuestión previa sería un “flagrante atentado en beneficio de la acusación” y una “vulneración de derechos fundamentales” que “carece de cualquier amparo legal”.
La Fiscalía, según el abogado de Aguayo, “tenía que haber recurrido el auto de 'proa'” y “no puede alterarse ahora el objeto de juicio”, recordando la “reiterada petición” de la Fiscalía de formar piezas separadas “con sustantividad propia para enjuiciarse por separado”, la última en junio de 2015 y acordada apenas un mes después en contra del criterio de la primera instructora, Mercedes Alaya. “El procedimiento penal ya quedó definido y no se puede contaminar por lo que pase en otros procesos independientes de este”, ha lamentado Víctor Moreno.
“El replanteamiento de la causa es un disparate procesal no que puede ser acogido por el tribunal”, ha dicho el abogado ante la cuestión previa de la Fiscalía, que planteaba alternativamente “devolver las actuaciones” al juzgado para no generar indefensión a las partes si se acogieran los “posteriores criterios interpretativos” de la Audiencia o del propio juzgado (como el último auto de la Faja Pirítica). “Pretender que el tribunal anule el auto de proa porque se ha producido supone una extralimitación del objeto de la causa es puramente desconocer los procesos penales”, ha dicho Moreno.
“A sabiendas de la definición práctica de las distintas piezas, la Fiscalía está pidiendo un pronunciamiento expreso del tribunal que enturbia el debate. Está pidiendo que el tribunal reinterprete lo que ya se enjuicia, sustituyendo al instructor. No se pueden cambiar las reglas cuando el juicio se ha abierto. No tiene parangón en la historia judicial, porque la Fiscalía quiere tratar aquí lo que se juzga en otros procesos, instando a una resolución alternativa”, ha resumido el letrado.
Con mayor vehemencia se ha expresado Juan Carlos Álferez, abogado de Jacinto Cañete, exdirector general de la agencia IDEA, quien ha criticiado el “afán desmedido acusatorio” por parte de Anticorrupción y su “error grave en su estrategia”, llamando a cada investigado por cada ayuda concreta“. ”De haberle salido bien, mi cliente tendría 124 juicios por malversación“, ha ejemplificado, aludiendo al ”calvario y tortura procesal“ hacia su cliente ”y otros muchos“. ”Vamos a terminar con todo esto en 15 años. ¿Por qué no es suficiente con esta acusación?“, ha argumentado. ”No consientan que haya que pasar por ese calvario“, ha pedido al tribunal.
El PP también pide aclaraciones al tribunal
Antes que las defensas, que también se han negado a las testificales propuestas de manera “extemporánea” por la Fiscalía, han intervenido las acusaciones del PP andaluz y de Manos Limpias. La segunda apenas ha expresado su adhesión a las propuestas de la Fiscalía mientras que los populares han instado igualmente a que se se admitan todas las cuestiones de la Fiscalía y ha “que se resuelva la inseguridad jurídica” que, con posterioridad, han ido criticando los abogados defensores.
El PP ha argumentado que así se aclarará el dinero defraudado en “la mayor trama de corrupción de Europa” con el mal llamado procedimiento específico“, animando al tribunal a atender las ”contradictorias posiciones jurídicas“ y ”delimitar el objeto del procedimiento“ de las ”subvenciones ilícitas sin control“ a partir de la ”creación, constitución y dotación del fondo de reptiles“, unos hechos distintos al pago de las ayudas” como ha sostenido la Fiscalía. “El procedimiento no ha variado sino que ha sido modificado desde fuera”, ha dicho aludiendo también al auto de la Faja Pirítica en el que han sido exculpados varios exaltos cargos de la Junta en una pieza donde se investiga al Ministerio.
En esa línea ha insistido al tribunal “aclarar” la cuestión ya que en este juicio “no se está exigiendo responsabilidad civil alguna” por parte de las acusaciones. “Aquí no se está viendo los pagos de las ayudas”, ha dicho, solicitando por último “que se permita a todas las pares afrontar el procedimiento penal con seguridad jurídica y posibilitar que todos los andaluces puedan recuperar todo el caudal de dinero defraudado”.
“Se interesa de la sala, con carácter previo al inicio de la práctica de la prueba, la confirmación del objeto de enjuiciamiento tal y como fue diseñado en los autos de división de piezas, en el auto de incoación de la presente pieza y repetido, con mayor detalle, en el auto de incoación de procedimiento abreviado, con expresa exclusión como objeto de debate de los hechos relativos a concesión y pago de cualquier ayuda individual tanto sociolaboral como directa a empresa con cargo al programa 22E o31L, las cuales son objeto de las piezas separadas (...), y que permitirá dejar sin efecto los apartamiento ya acordados en las mismas y todo ello sin perjuicio de corregir, en su caso, una posible exasperación punitiva en la sentencia que recaiga en cada pieza separada o en su ejecución mediante los mecanismos previstos en nuestra legislación penal”.