La vivienda en España, ese oscuro objeto de deseo (II): encontrando soluciones

Faltan viviendas, ya lo sabemos, pero ¿qué se puede hacer? La primera idea que a una le viene a la cabeza es que es necesario construir más. Es una receta muy fácil. Sin embargo, necesitamos aumentar la graduación de la lupa con la que miramos el problema para entender mejor la solución. El aumento de la oferta es necesario, aunque no es suficiente pues en principio pueden reducir los precios, pero de aquí a una década según el Banco de España.

Además existe una demanda inversionista, como comentamos en el artículo anterior, que puede que absorba ese aumento de oferta, y por tanto no es una garantía de que parte de la población puedan disfrutar de esas nuevas viviendas. Es necesario tomar medidas adicionales, como son las archifamosas viviendas de protección oficial, y las desconocidas cooperativas de uso de viviendas. 

En la década de los 90 y hasta el 2012, se construyeron más de 50.000 viviendas de protección oficial anualmente. Esa cantidad ha caído drásticamente, llegando algunos años a rozar las 10.000 viviendas, y en otros reduciéndose a la mitad. Asimismo, el peso de la vivienda pública en alquiler es irrisorio porque rondan las 1.000 viviendas anuales ¡En toda España!

Sin duda el gobierno tiene que ponerse las pilas, tal como ha propuesto el Banco de España. Existen muchos países con modelos exitosos de gestión del parque público de viviendas, como por ejemplo el de la ciudad de Viena. El alquiler público en muchos otros países europeos no se destina a colectivos vulnerables, sino a toda una población que necesita cambiar de residencia, como pueden ser estudiantes, trabajadores temporales, personas mayores que necesitan otro tipo de vivienda, etc.

La segunda línea de actuación, que es muy poco conocida es la vivienda cooperativa en cesión de uso, que va más allá de una cooperativa de viviendas a secas. Es una mezcla entre la propiedad y el alquiler. Es una forma diferente de tenencia de la vivienda porque la propiedad es colectiva.

Por otro lado, el uso es privado. Para ello es necesario que las personas socias constituyan una cooperativa, donde cada una aporta un capital. A continuación, la cooperativa es la que adquiere las viviendas. Para ello cuenta con diversas vías. Puede ser que consigan la cesión de un solar por parte del ayuntamiento o un particular, la compra de este, y la posterior construcción de las viviendas, o directamente la compra de viviendas construidas.

En todos los casos, la propietaria de las viviendas es la cooperativa. Con posterioridad, las personas socias pagan un alquiler a la cooperativa durante todo el tiempo que se usa, destinado a pagar la hipoteca de la cooperativa, si los hubiera, y los gastos comunes. Así, pueden acceder a un hogar de modo indefinido o durante un período de tiempo largo, aunque nunca serán propietarias a título individual.

Cualquier propietario puede decidir irse en cualquier momento, la cooperativa le reembolsa todo el capital que haya aportado. Las ventajas de este sistema de propiedad son diversas. En primer lugar, la construcción o rehabilitación de las casas se puede hacer con criterios propios, y no hablamos de diseño estético, si no de criterios de sostenibilidad o de necesidades específicas de las personas que lo vayan a habitar, porque las personas socias tienen capacidad de decisión.

Supone por tanto un proceso de empoderamiento y aprendizaje de las usuarias que participan en el proyecto, que estimula la corresponsabilidad, y que llegan a entender mejor la importancia de su proyecto de hogar a largo plazo. 

La otra ventaja es que los socios deciden quien es el nuevo socio que entra, cuando alguien ha dejado la cooperativa, pues se entiende que no solo es una casa privada sino un espacio de convivencia. La tercera ventaja, y esta es la que interesa a las administraciones públicas, es que se queda fuera de los procesos especulativos de la vivienda. Los efectos de la especulación son bien conocidos por todos, después de la crisis del 2008, por lo que es una herramienta que fomenta el acceso a la vivienda, sin que exija un desembolso de dinero público. 

Es una fórmula incipiente en nuestro país, si bien esta alternativa está muy arraigada en otros países, como Dinamarca, Suecia o Alemania, de hecho representa casi la tercera parte del parque de viviendas de Copenhague. En el caso de España, existen diversos referentes. A modo de ejemplo, La Borda, en el barrio de La Bordeta de Barcelona, que ha recibido diversos reconocimientos internacionales. En Madrid, Entrepatios es un ejemplo de proyecto de convivencia intergeneracional. 

Estas iniciativas se están multiplicando por todo el territorio español, donde las finanzas éticas, en especial FIARE, está jugando un papel importante. Por último, aparece un término “hermano” que es el cohausing, donde además existen servicios comunes. Este modelo está creando mucho interés entre la población senior, que ve una forma de gestión parecida a las residencias de mayores, en cuanto a servicios específicos y adaptados a sus necesidades, pero muy lejos de una gestión realizada por terceros, donde los propios interesados encuentran un espacio de convivencia, de autonomía y de corresponsabilidad.

En Andalucía existen diversas iniciativas para poner en marcha cooperativas de viviendas en cesión de uso, y existen diversos cohausing, siendo el más veterano Residencial Santa Clara, en Málaga.