PRESUPUESTOS ANDALUCÍA
Todos los grupos parlamentarios, incluido el PP, han registrado este viernes su paquete de enmiendas parciales al proyecto de ley de Presupuestos andaluces para 2023, que asciende a más de 45.000 millones de euros. Los partidos de la oposición en su conjunto movilizan con sus propuestas casi 12.000 millones de euros, la mayor parte del capítulo 1 de personal. El PP, que sostiene el Gobierno de Juan Manuel Moreno, ha presentado 88 enmiendas técnicas de corrección.
PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía, las tres formaciones de izquierdas, coinciden en reclamar un incremento del gasto en políticas sociales y, singularmente, para blindar los contratos de los 12.000 sanitarios de refuerzo, que expiran el próximo 31 de diciembre. Es la petición más exigente y más simbólica de este año, tras las movilizaciones de la Marea Blanca denunciando el deterioro de la sanidad pública andaluza, y las protestas programadas por otros sindicatos por el déficit en atención primaria.
La Junta no ha asegurado sus nóminas en el proyecto de ley que ha presentado, pero asegura que está negociando con el sector “el encaje jurídico, administrativo y presupuestario” para garantizar la continuidad de esos 12.000 trabajadores del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Los socialistas cifran esta enmienda en 600 millones de euros.
Por Andalucía, además, plantea también un incremento del personal docente para dar respuesta a la demanda social de bajar la ratio escolar en todos los colegios de Andalucía que aún tienen un número de alumnos por encima del límite legal establecido (25 en Infantil y Primaria; 30 en Secundaria y 35 en FP y Bachillerato).
Vox, por su parte, también corrige las cuentas del Gobierno andaluz pero desde una perspectiva económica diametralmente opuesta. La ultraderecha apunta en la línea del PP, pero con más exigencia a la hora de bajar los impuestos autonómicos.
Las cuentas del próximo año vienen dopadas por el incremento de las transferencias del Gobierno a las comunidades y, sobre todo, por el aumento de los fondos europeos. Eso hace que prácticamente todas las partidas aumenten de forma significativa respecto al Presupuesto de 2021, prorrogado en el presente ejercicio. Sin embargo, la oposición de izquierdas acusa a Moreno de parapetarse tras esos fondos extraordinarios para no invertir más en políticas sociales tirando de fondos propios, lo que en el argot técnico se llama “autofinanciada”.
El PSOE ha registrado 210 enmiendas a los Presupuestos que moverían 3.000 millones de euros. Por Andalucía, la coalición de seis partidos de izquierdas, presenta 300 enmiendas por valor de 5.000 millones. El grupo mixto Adelante Andalucía, con dos diputadas, ha planteado 120 enmiendas que trastocan 460 millones. Vox, por su parte, no ha contabilizado la carga presupuestaria que conllevan sus 500 enmiendas.
El Gobierno de Moreno cuenta con la mayoría absoluta del PP -58 diputados-, que ya tumbaron las enmiendas a la totalidad de los grupos de izquierdas y que garantizan sin problemas la aprobación de los Presupuestos de 2023, en el último Pleno del año que se celebrarán los próximos 21 y 22 de diciembre. El presidente de la Junta ha dado orden a su grupo de que gestionen esa mayoría absoluta como si no la tuvieran, y que esto se concrete en la aceptación de enmiendas parciales de todos los grupos, como ya ocurrió en ejercicios anteriores. Moreno quiere demostrar así que puede gobernar “sin hacer rodillo”, como achaca al PSOE, que durante sus 37 años en el poder jamás aceptó enmiendas del PP en sus Presupuestos.
El jueves pasado, la consejera de Hacienda, Carolina España, puso un matiz a esta consigna: se aceptarán enmiendas de la oposición siempre que no impliquen renunciar a la bajada de impuestos, seña de identidad del Gobierno del PP, porque están convencidos de que ayuda a recaudar más dinero por un supuesto aumento de declarantes.
Además la Junta cuenta con el respaldo incondicionado del grupo ultraderechista, que rehusó presentar una enmienda a la totalidad y votó en contra de las que defendieron PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía.
Vox fue clave para la estabilidad del Ejecutivo de Moreno en la pasada legislatura, en la que apoyó los tres primeros presupuestos a cambio de prebendas políticas pactadas con el PP. En los tres casos amagó con presentar una enmienda a la totalidad para obligar a Moreno a ceder, in extremis, a algunas de sus demandas. En 2019, de hecho, llegaron a registrarla y mantuvieron la enmienda hasta el momento en el que su portavoz, Alejandro Hernández, subió a la tribuna durante el debate para anunciar que la retiraba.
Ahora que Vox es intrascendente en términos aritméticos, los de Santiago Abascal despliegan una estrategia muy distinta: apoyan al Gobierno de Moreno y suman sus votos a los del PP, con la mirada puesta en las elecciones generales del próximo año. La ultraderecha aspira a conformar Gobierno con los populares en el conjunto de España, de ahí que su portavoz en el Parlamento, Manuel Gavira, instase a Moreno a entenderse en Andalucía con visos a “expulsar a Pedro Sánchez de la Moncloa”. De momento, los populares agradecen el apoyo de Vox, pero con cierta indiferencia.
El líder del PSOE-A, Juan Espadas, ha propuesto introducir en el Presupuesto “un paquete de medidas de lucha contra la inflación y de apoyo económico a familias, clases trabajadoras, autónomos y quienes más sufren la crisis”, con iniciativas como desgravación fiscal de hasta 300 euros a familias de rentas medias para paliar la subida de las hipotecas, ayudas económicas de 200 euros para hogares vulnerables que complementen las estatales (25 millones en total), respaldo económico de 300 euros a autónomos de sectores afectados por la crisis (90 millones), rebaja del 10% en tasas y precios públicos (29 millones) y bonificación en el transporte público autonómico desde la Junta (35 millones).
Según los socialistas, las políticas sociales “pierden peso” en el Presupuesto de 2023, de ahí que propongan uno de los principales aumentos a la sanidad y la contratación de profesionales (600 millones), a mejorar los centros sanitarios (250 millones), la educación (290 millones), a la red de centros educativos (241 millones más) o la educación infantil de cero a tres años (5 millones).
Por Andalucía propondrá en sus enmiendas que la Junta impulse con recursos propios dos planes de empleo, “uno para gestión por parte de los ayuntamientos y otro para gestión de las propias empresas”, cada uno de ellos dotado “aproximadamente con 200 millones de euros para intervenir en este momento de tanta dificultad” con “recursos públicos” de la Administración andaluza, según explicó su portavoz, Inmaculada Nieto, esta semana.
El diputado de Vox, Javier Cortés, ha defendido este viernes que Andalucía necesita “una bajada radical de impuestos”. Entre sus enmiendas destacan la reducción del 0,5% de la tarifa autonómica del IRPF; la ampliación de 600 euros de las deducciones en el IRPF por nacimiento, acogimiento o adopción; la eliminación de los topes de renta para la deducción autonómica por cantidades invertidas en alquiler de viviendas; la ampliación en 200 euros en las deducciones para familias numerosas; o la deducción en el IRPF por ayuda doméstica.
Para fomentar la conciliación laboral se propone deducir de la cuota de IRPF la cantidad íntegra de las cotizaciones sociales aportadas a la Seguridad Social por empleada doméstica para aquellas madres o padres que cuenten con hijos menores de 3 años; la eliminación de tope de renta para acceder a las deducciones por nacimiento o acogimiento de hijo, así como deducciones por familia numerosa; la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones para los grupos 3 y 4; la suspensión para el 2023 y eliminación de los tributos propios de la Junta de Andalucía; la reducción en un 0,75% del impuesto de acto jurídico documentados, y la bonificación del 50% de las tasas de Andalucía que inciden directamente en la actividad económica e industrial durante el ejercicio 2023.
Desde Adelante Andalucía, la diputada Maribel Mora ha puesto el acento de sus enmiendas en el ángulo opuesto. El grupo andalucista pide tocar la política fiscal “para recuperar esos 400 millones de euros que se han dejado de recaudar permitiendo que el 1% de la población más rica no pague el impuesto de Sucesiones y Donaciones y el de Patrimonio”. Las enmiendas de Adelante movilizan 70 millones de euros para la Renta Mínima de Inserción Social “mientras se cree otro concepto que sea compatible con el Ingreso Mínimo Vital, que es por lo que nosotros apostamos realmente”.
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