El calendario del sistema universitario público andaluz ha estado marcado estas últimas dos semanas por diversas protestas, promovidas por las organizaciones sindicales y respaldadas por la Asociación de Universidades Públicas Andaluzas (AUPA), para denunciar “los incumplimientos reiterados de la Junta en materia de financiación”.
En el marco de esas movilizaciones, se ha producido un pulso entre los rectores de las nueve universidades públicas, que reclaman al Gobierno andaluz que transfiera los 50 millones de euros que “adeuda” en virtud de los pactos de financiación firmados hace más de seis meses, y el consejero de Universidad José Carlos Gómez Villamandos, que dice no entender la “inquietud” que ha motivado las concentraciones sindicales, convocadas en la recta final del año.
Entretanto, esta semana la Junta de Andalucía ha inyectado 48,5 millones de euros a la Universidad de Málaga para rescatarla de una crisis “sin precedentes”. Un desembolso extraordinario que el propio consejero señala como la causa de la demora de las aportaciones adicionales que los rectores llevan esperando desde junio y reclamando desde hace meses por temor a cerrar el 2024 “en déficit”. La cuestión es compleja porque entran en juego varias cifras relativas a diferentes variables de financiación, pero eso es lo que elDiario.es Andalucía se propone desenredar en este preguntas y respuestas.
Durante la concentración que han convocado este miércoles los sindicatos que componen la Mesa General de Universidades (CCOO, CSIF y UGT) a las puertas del Rectorado de la Universidad de Sevilla, el rector de esta institución académica, Miguel Ángel Castro, recordaba que “nos falta la aportación de 50 millones de euros que están firmados y comprometidos por la Consejería de Universidad”.
El presidente de la asociación que las representa, Francisco Oliva, aclaraba hace unos días que las instituciones universitarias “no han demandado ni un euro más de lo que les corresponde”, de acuerdo con las normas y los acuerdos firmados por el propio Gobierno andaluz. El también rector de la Universidad Pablo de Olavide esgrimía que “a las universidades nos preocupa mucho que a estas alturas del año no nos haya llegado toda la financiación que nos corresponde de 2024”. Por tanto, lo que demandan desde AUPA es que la Junta transfiera de inmediato los fondos comprometidos que aún están pendientes de pago, alegando que su retraso pone en riesgo la estabilidad financiera de las universidades públicas en el cierre del año.
Los 50 millones que reclaman los rectores de la pública proceden de sumar los importes contemplados en dos acuerdos firmados hace meses. Por un lado, el 19 de septiembre de 2023, el Gobierno autonómico aprobó el nuevo modelo de financiación de las universidades públicas andaluzas para el periodo 2023-2027. Este marco de financiación, publicado en el BOJA días después, recogía una partida de nivelación (para corregir desigualdades entre universidades y garantizar una calidad homogénea en el sistema universitario) y una cláusula de salvaguarda (destinada a asegurar la estabilidad financiera del sistema, cubriendo los aumentos de las retribuciones del personal del sector público que se establezcan).
A la Consejería de Universidad le falta por transferir al sistema público universitario cerca de 25 millones de euros para cumplir íntegramente con el modelo de financiación aprobado. Así lo reconoció la propia Junta de Andalucía durante un Consejo Andaluz de Universidades celebrado el 22 de mayo, que se saldó con el compromiso firmado de elevar el reparto presupuestario abonado hasta ese momento, sumando los 16, 8 millones de euros correspondientes a la partida de nivelación, y los 7,5 millones derivados de la cláusula de salvaguarda (a cuenta del 0,5% de subida salarial relativo a 2023). En conjunto, cerca de 25 millones.
La otra mitad de esos 50 millones que se demandan responden (20 millones) a los complementos autonómicos del personal docente e investigador (PDI) y (5,9 millones) a la evaluación del desempeño de la carrera horizontal del personal técnico, de gestión y de administración y servicios (PTGAS). Gastos adicionales de financiación de las universidades públicas que el consejero del ramo se comprometió a cubrir en otro acuerdo firmado en junio por todas las partes de la mesa (Consejería, rectores y sindicatos).
El titular de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, niega que exista ninguna “deuda”, pues “aquí hay un presupuesto comprometido de 1.685 millones, que se ha transferido totalmente a las universidades en los plazos en los que hay que transferirlo”. Con todo, Villamandos reconoce que “como todos los años, siempre nos comprometemos a hacer aportaciones adicionales, que siempre hacemos en el último trimestre del año” y, en esta ocasión, “vamos un poquito más tarde”.
El consejero de Universidad achaca la demora a que este año “hemos tenido otra urgencia presupuestaria”, que el propio Villamandos ha identificado con el rescate de la Universidad de Málaga, anunciado a principios de esta semana. “Una vez que eso ya ha finalizado –ha incidido el consejero– estamos en esa gestión de una aportación adicional”, que ha avanzado será de 21 millones de euros.
En cuanto a los complementos autonómicos para el personal docente e investigador de las universidades públicas andaluzas, el consejero ha recordado que “había una previsión del coste que iban a tener esos complementos” (de 20 millones de euros), pero “ha sido mucho menor”, pues “cuando se ha producido la evaluación ha bajado muchísimo, y creo que está alrededor de unos 13 millones aproximadamente”.
Tras las protestas de los últimos días, la Asociación de Universidades Públicas Andaluzas ha dado a conocer que “ante lo apremiante de la situación, hemos recibido una comunicación por parte de la Consejería de Universidad en la que se nos confirma que el Gobierno andaluz está trabajando para resolver ambas cuestiones relativas al ejercicio 2024, y se nos informa de que se estima por su parte que en una semana se habrá alcanzado una solución satisfactoria al respecto”.
En esa línea, el presidente de AUPA, Francisco Oliva, comunicaba que “ya está gestionando con Hacienda el pago que se le adeuda a las universidades públicas correspondiente a este ejercicio”. Con esta esperanza, los rectores de la pública han convocado una rueda de prensa para el próximo martes 10 de diciembre, en aras de actualizar la situación. “Esperamos ilusionadamente decir que se ha solucionado este problema y que el 2024 lo hemos resuelto”, ha manifestado este miércoles el rector de la Hispalense.
En cualquier caso, los sindicatos mantienen ojo avizor y aseveran que continuarán con las movilizaciones “el tiempo que sea preciso”, hasta que la administración autonómica garantice el complimiento del modelo de financiación y de los acuerdos firmados con todas las partes. Por el momento, han convocado una manifestación y una huelga general en el conjunto del sistema universitario público andaluz para los próximos 12 y 13 de diciembre, respectivamente.
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