Malvivir en Andalucía, desahuciar la esperanza

La problemática de la vivienda en Andalucía está directamente relacionada con nuestro carácter de territorio periférico dentro del capitalismo global, lo que se traduce en nuestra dependencia económica, asumiendo el papel que se nos ha asignado en la distribución internacional del trabajo y en subalternidad política, sin capacidad para decidir sobre cómo afrontar y solucionar el problema habitacional de Andalucía. Como es propio del capitalismo global, la vivienda ha pasado de ser un bien que debe cubrir una necesidad básica de las personas a ser una mercancía. Asimismo, la problemática de la vivienda en Andalucía está relacionada con nuestra situación de colonia interna dentro del Estado español.       

La combinación de dos formas de extractivismo, la especulación inmobiliaria y la turistificación, está acarreando consecuencias cada vez más dramáticas para cada vez más personas. No tener una casa, o perderla, genera una serie de violencias y, por tanto, violenta una serie de derechos.

Crece la población desplazada o excluida de determinados espacios urbanos obligada a asentarse en otros, destruyendo así sus relaciones sociales y de vecindad; familias obligadas a desahucios o desalojos, sean violentos o no, sean por la vía judicial o por causa de un desalojo silencioso: subida inasumible de alquileres, acoso, deterioro de las condiciones de convivencia, cierre de tiendas y negocios que posibilitan la vida diaria, desmantelamiento de centros escolares y de salud, ruptura de las redes de sociabilidad…

Las consecuencias a nivel individual no son menos dramáticas. Cada vez más personas, jóvenes y no tan jóvenes, afrontan esta situación viviendo en pisos compartidos, acudiendo a albergues insuficientes y mal gestionados o viviendo en la calle. De este modo, a la violencia económica de un desahucio, un desalojo o la imposibilidad de pagar una casa en un mercado de alquileres escasos e inalcanzables y de hipotecas abusivas, se suma la violencia de las instituciones, que se desentienden del problema, criminalizando a las personas afectadas y presentando la cuestión como algo individual.

Degradado por mercantilizado el concepto de vivienda, tal vez sería necesario recuperar el concepto de habitación y, por ende, el de habitar como sinónimo de convivir, de arraigarse, de establecerse en un lugar desde el que proyectar el futuro individual y colectivo

Una vivienda es mucho más que cuatro paredes y un techo. Es un espacio de ejercicio de derechos. Por eso, detrás de la pregunta a dónde voy yo se encuentra una ciudadanía desamparada de derechos, pero también personas, en su mayoría mujeres – un 98% de quienes acuden al PIVE, Punto de Información de Vivienda y Encuentro de la APDHA, lo son-, que sufren el desarraigo, el miedo, la ira, la impotencia e incluso el sentimiento de culpa. Por eso, en ocasiones, optan por el suicidio. El desahucio de la esperanza.

Vivienda digna para vivir dignamente

Más allá de la legislación existente, la cuestión central es quiénes son sujetos del derecho a la vivienda; considerado un derecho humano, este es inherente por tanto a toda persona por el hecho de serlo. Por eso, desde la APDHA se reivindica desde hace años una vivienda digna en la que la habitación participe de los elementos que confieren dignidad al ser humano. Una vivienda cuya tenencia no esté amenazada por el desalojo, el hostigamiento u otras formas de violencia. Una vivienda con las debidas condiciones de salubridad, con servicios educativos y sanitarios que garanticen el acceso de las personas al derecho a la salud y la educación, Una vivienda donde sea posible alimentarse de forma saludable, hacer frente a la climatología adversa, ubicada en entornos seguros y no hostiles, con espacios que propicien la vida en comunidad y la sociabilidad, y que tenga en cuenta y sea respetuosa con la identidad cultural de sus habitantes.

Necesitamos vivienda social en alquiler, por debajo del precio de mercado y gestionada por entidades sin ánimo de lucro porque los desahucios por impagos de alquiler siguen creciendo

Degradado por mercantilizado el concepto de vivienda, tal vez sería necesario recuperar el concepto de habitación y, por ende, el de habitar como sinónimo de convivir, de arraigarse, de establecerse en un lugar desde el que proyectar el futuro individual y colectivo. Mientras esto no suceda, nuestra sociedad seguirá creciendo en desigualdad y mermando en derechos.

Necesitamos vivienda social en alquiler, por debajo del precio de mercado y gestionada por entidades sin ánimo de lucro porque los desahucios por impagos de alquiler siguen creciendo. Necesitamos alternativas al acceso especulativo a la vivienda, tales como el derecho de uso, la copropiedad o el derecho de superficie, ya contempladas en las legislaciones autonómicas del País Vasco y Cataluña.

Y, sobre todo, necesitamos tomar conciencia de que el problema de la vivienda es colectivo y su solución es colectiva. Las manifestaciones recientes en algunas ciudades andaluzas, la organización de asociaciones de inquilinxs y de plataformas ciudadanas reivindicando el derecho a la ciudad, y señalando los efectos perniciosos de la turistificación condenando a su vez la abundancia de inversiones en barrios de clases acomodadas en detrimento de los barrios pobres y periféricos, son signos evidentes de esa toma de conciencia colectiva. Es la oportunidad de no desahuciar la esperanza. 

La problemática de la vivienda en Andalucía está directamente relacionada con nuestro carácter de territorio periférico dentro del capitalismo global, lo que se traduce en nuestra dependencia económica, asumiendo el papel que se nos ha asignado en la distribución internacional del trabajo y en subalternidad política, sin capacidad para decidir sobre cómo afrontar y solucionar el problema habitacional de Andalucía. Como es propio del capitalismo global, la vivienda ha pasado de ser un bien que debe cubrir una necesidad básica de las personas a ser una mercancía. Asimismo, la problemática de la vivienda en Andalucía está relacionada con nuestra situación de colonia interna dentro del Estado español.       

La combinación de dos formas de extractivismo, la especulación inmobiliaria y la turistificación, está acarreando consecuencias cada vez más dramáticas para cada vez más personas. No tener una casa, o perderla, genera una serie de violencias y, por tanto, violenta una serie de derechos.