Mañana mismo o dentro de 15 años. Aunque lo más lógico es que sea en unos cinco años. Son las previsiones de la organización ecologista Greenpeace para ver el Hotel El Algarrobico, símbolo de la destrucción de la costa española, reducido a escombros. Han pasado 15 años desde que se puso la última piedra en este paradisíaco rincón del litoral almeriense -Parque Natural Cabo de Gata-, pero no sería hasta 2006 cuando un Juzgado de Almería dejaba en los 'huesos' la construcción de Carboneras, con la paralización de las obras.
Durante más de una década, la madeja judicial ha ido enredándose y enredándose a base de denuncias, recursos y alegaciones no sólo de la propia constructora, Azata del Sur, sino del Ayuntamiento de Carboneras o de la propia Junta de Andalucía, que llegó a manipular a mano los planos de la zona según los tribunales.
Ahora, por fin, una sentencia del Tribunal Supremo ha acabado con los ambages de todas las administraciones: se acabó la vía contencioso-administrativa y la Junta de Andalucía está obligada a acudir a la civil para reclamar los terrenos sobre los que está construido el hotel.
Es decir, ejercer su derecho de retracto, para que la constructora tome los 2,3 millones de euros y aquel pedacito de costa vuelva a ser de titularidad pública.
La última vía es civil
En respuesta a eldiario.es Andalucía, la Consejería de Medio Ambiente aclara que acudirá la vía civil impuesta por el Tribunal Supremo “antes de que finalice el mes de febrero” y una vez que tenga estudiados “todos los flecos jurídicos”. Greenpeace denuncia, por su parte, que el Gobierno andaluz podría haber acudido antes a dicha vía, ya que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en sentencia firme, ya le había dado la razón a la Junta y podían hacerse con las fincas reclamadas en 2006 a la empresa constructora. “El Gobierno andaluz podía ya haber comenzado los trámites para obligar a Azata a entregarle la finca, pero no lo hizo hasta el año 2015. Si la Junta hubiese iniciado el pleito civil en 2013, ya tendría al menos sentencia en primera instancia”, señala la organización ecologista.
Según la Junta, “siempre hemos entendido desde la Junta de Andalucía que la vía civil era una vía más lenta que la administrativa, y dado que la Sentencia no era firme, entendíamos que lo más oportuno y conveniente para demoler el Algarrobico lo antes posible era ultimar la vía administrativa. Había que agotar todas las posibilidades para tirar cuanto antes el Hotel, ya que entendíamos que había fundamento jurídico importante para sostener esa pretensión”.
En cualquier caso, el paso que dará la Junta, debería agilizar los trámites. No es la única administración que rema ya sin ambages a favor del derribo del símbolo de la especulación en la costa. También lo hace, por fin, el Ayuntamiento de Carboneras (Almería), en cuyo término municipal se encuentra el hotel. El Ayuntamiento, que tampoco ha atendido a las consultas de este diario, tomó el pasado mes de diciembre un importante paso: van a modificar su plan urbanístico para que los, hasta ahora, suelos urbanizables donde se asienta el hotel queden protegidos.
Tal y como había exigido el TSJA (2012) y el Supremo (2016), El Algarrobico estaría construido según la normativa local en suelo ilegal. El consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, manifestó que la decisión municipal vendrá “a facilitar las cosas”, según recogía Europa Press el pasado 11 de enero.
“Entendemos que si se ha dado este paso, en el ámbito de la revisión de oficio de la licencia municipal de obras se actuará de igual manera porque si no no tendría sentido”, apuntalaba.
Los otros flecos: derribo y empleo
Con el fin de El Algarrobico en el horizonte, quedan dos cuestiones por resolver: el empleo de la zona y el derribo del edificio, de 21 plantas y más de 400 habitaciones. Ambos asuntos están conectados. En 2011, el expresidente andaluz, José Antonio Griñán, y la exministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar (hoy consejera andaluza de Justicia), acordaron que los gastos de la demolición correrían a cargo del Gobierno central y los del reciclaje de los escombros y la restauración del paraje, a cargo de la Junta.
Consultadas ambas administraciones por este diario, la Junta de Andalucía señala que el protocolo de colaboración “sigue vigente y en su cláusula segunda se indica que el Ministerio abordará la financiación de la demolición y que la Junta abordará el desescombro y la correcta gestión de los residuos que esta demolición genere”. Así lo corrobora el Gobierno de España, señalando que “el Ministerio firmó un Protocolo de colaboración con la Junta de Andalucía para la recuperación de la playa de El Algarrobico. El Ministerio ha manifestado su compromiso de colaborar en la cofinanciación de esta recuperación, que supone la demolición del hotel”.
Ambas administraciones mantienen la cautela y no ofrecen cifras sobre dicha operación. Greenpeace, por su parte, calcula que la demolición se situará en torno a los siete millones de euros. Es ahí, donde entra, el prometido plan de empleo para la zona que reclama ahora el Ayuntamiento de Carboneras. En 2014, la entonces consejera de Medio Ambiente, María Jesús Serrano, anunció que el Ejecutivo autonómico un “plan de empleo extraordinario”, algo que ya venía recogido en el protocolo de 2011, con un un plan de empleo juvenil , poniendo en marcha de una Escuela-Taller enfocada a la restauración de los ecosistemas del Cabo de Gata. El alcalde Carboneras reclama ahora dichos planes de empleo para la juventud y “la instalación de grandes empresas que crearán centenares de puestos de trabajo en el levante almeriense”.
Con todas las administraciones remando en la misma dirección, es cuestión ya de tiempo que el hotel doblemente ilegal (construido en espacio protegido y en la mismísima playa), según los tribunales, termine reducido a escombros. La única duda que queda ya es saber cuándo.