Los intérpretes de lengua de signos de las escuelas públicas andaluzas, cuyos contratos fueron suspendidos al entrar en vigor el estado de alarma, no han cobrado aún el mes de abril ni parte de marzo. Desde que comenzó el estado de alarma, el 14 de marzo, la Junta de Andalucía dejó de garantizar el derecho del alumnado sordo a contar con un intérprete, al suspender los contratos con las empresas adjudicatarias del servicio. También informó a las empresas prestatarias de que las indemnizaría por suspender su contrato, cubriendo sus costes laborales y las cotizaciones de sus trabajadores. Según las empresas, aún no ha abonado nada, de modo que algunas no han pagado a sus empleados. La Junta de Andalucía, por su parte, explica que sólo abonará la indemnización si las empresas han pagado antes las nóminas.
Hace ya tres semanas, Tangram Geriformación, que presta el servicio en Málaga y Cádiz, advirtió a sus intérpretes de lengua de signos de que no podía pagarles porque la administración no aclaraba cuál era su situación legal. “Nos vemos en la lamentable tesitura de anunciaros que en estos días hasta no se aclare nuestra situación frente a la agencia y por consiguiente la vuestra no podemos hacernos cargos del abono de vuestros sueldos”, les comunicó.
Lo mismo ha ocurrido con los intérpretes que prestan el servicio en los centros escolares de Jaén y Almería. María Ángeles Marcos Bailón, gerente de Marcos Bailón, ofrece una versión similar a la de Tangram: “Desde el 13 de marzo hemos recibido información contradictoria [de la administración autonómica]. En la última comunicación nos dicen que los contratos están suspendidos, pero nos van a indemnizar, de modo que no podemos ir a ERTE”.
La Agencia Pública de Educación (APAE) de la Junta suspendió estos contratos hace dos meses. Se trata de contratos cortos, de apenas tres meses, y varios de ellos vencían a finales de marzo o comienzos de abril, haciéndose cargo una nueva contrata. Los intérpretes, que vienen subrogándose en las distintas empresas que se hacen con el servicio, se encuentran ahora en un limbo administrativo: sin cobrar sus nóminas, sin ERTE y sin desempleo, porque su contrato está suspendido.
La Consejería de Educación, de la que depende APAE, explica que empezará a abonar las indemnizaciones “en los próximos días”, y que para que la empresa la reciba es necesario que antes haya pagado a sus trabajadores. “El procedimiento tiene como objetivo prioritario el mantenimiento de los puestos de trabajo, y establece que es condición necesaria que justifiquen el pago de las nóminas”, explican fuentes oficiales.
Por el contrario, las empresas dicen que no pagan a sus trabajadores porque sin la indemnización no tienen liquidez para hacer frente a los sueldos, según aseguran.
Sin sueldo por el “no cobro de indemnizaciones”
Las comunicaciones de estas empresas a sus trabajadores revelan el desconcierto e incertidumbre sobre la situación. Primero, les dijeron que se garantizaban sus puestos de trabajo; luego informaron de que los contratos habían sido suspendidos y que aplicarían un ERTE; y poco después, que no habría ERTE sino el pago de la nómina después de recibir la indemnización de la APAE. A primeros de mayo Tangram comunicó a los trabajadores que no cobrarán su sueldo ante la “posible tesitura del no cobro de indemnizaciones por falta de presupuesto”.
Siguiendo las indicaciones de APAE, tanto Tangram como Marcos Bailón registraron la solicitud de la indemnización, pero la agencia les comunicó un mes después que la indemnización no podía superar el presupuesto del contrato y que antes debía realizar una liquidación. “Han pasado dos meses del estado de alarma, deberíamos tener una solución, y no resoluciones contradictorias cada 15 días. No hemos recibido nada. Llamamos y nos dan la callada por respuesta”, protesta Paqui Cózar, gerente de Tangram: “Nos dicen que no saben. ¿Cuándo van a saber? ¿Cuándo hayan arruinado a las empresas? ¿Cuándo hayan matado de hambre a los trabajadores?”, se pregunta.
El ERTE, dicen ambas gerentes, está descartado porque no pueden garantizar que mantendrán el empleo dentro de seis meses. Tampoco pueden despedir mientras dure el estado de alarma. Cózar cree que la situación se solventaría activando los nuevos contratos, ya adjudicados, y subrogando en ellos a los trabajadores. Para el servicio de interpretación de lengua de signos en Málaga hay un nuevo contrato, por un año prorrogable, ya adjudicado a una UTE de la que forma parte la empresa que dirige. Sin embargo, está pendiente de firma debido a la paralización del estado de alarma. Otra opción sería prorrogar los contratos vigentes y garantizar el servicio.
“No puedo pedir ni moratoria ni desempleo”
Situaciones similares se están produciendo en Jaén, Córdoba, Huelva, Cádiz y Málaga. Provincias para las que APAE venía firmando hasta ahora contratos por apenas tres meses, con gran incertidumbre para los trabajadores, que se subrogan en cada empresa adjudicataria, pero reclaman desde hace años su reconocimiento como personal laboral. En algunas provincias se han firmado hasta tres contratos diferentes para este año lectivo.
Mientras, el alumnado sordo no puede seguir las clases online, lo que ha sido denunciado por el Defensor del Pueblo, y los intérpretes se ven en el limbo. Los intérpretes de Marcos Bailón cobraron marzo, pero no abril. “Nos hemos puesto de acuerdo para no pagar y hacer un poco de presión. No tenemos solvencia económica”, admite la gerente. Los trabajadores se sienten utilizados. “Para todo el mundo yo estoy trabajando, así que no puedo pedir moratoria de hipoteca ni desempleo. Pero no percibimos nada”, explica Luisa Aguilar, delegada sindical en Tangram Geriformación.
Para esta sindicalista, “están jugando con los trabajadores” manteniéndolos en la indefinición. Para ellos, esto se traduce en que no tienen nada: ni nómina, ni ERTE, ni desempleo.