Más allá de otoños calientes

Parece que el empobrecimiento de las personas trabajadoras no tiene freno este año; los precios no han dejado de subir, mientras los salarios se han estancado. Las familias se encuentran con subidas que alcanzan el 25% respecto al año pasado en productos de primera necesidad como la leche. En el lado contrario, las empresas siguen obteniendo beneficios. En el caso de las energéticas, los mayores de su historia; y en el resto de empresas, beneficios mantenidos, ya que los costes se han trasladado a los productos y a los servicios, de tal manera que, una vez más, somos las personas trabajadoras quienes pagamos la crisis.

Por ello, pedir que los gobiernos intervengan no es demagogia, sino una urgente necesidad. De seguir así, a las familias no les quedará más remedio que reducir las compras en alimentos fundamentales y especialmente importantes para el crecimiento de los menores, como la carne, el pescado, la fruta o los productos lácteos.

En la actualidad tenemos decenas de convenios pendientes de negociación, en muchos casos estancados por la ignominia empresarial, que se niega a esa subida salarial o propone el 0,5% en un contexto de IPC de casi el 11%

El comodín del bloqueo de Putin para justificar las subidas de los precios se ha acabado y no vale como excusa de las empresas para no subir los salarios. Desde CCOO le venimos reclamando desde hace tiempo al empresariado subidas razonables porque las personas están viviendo con salarios que nos les dan ni para cubrir las necesidades más básicas, por lo que más que vivir, malviven.

En la actualidad tenemos decenas de convenios pendientes de negociación, en muchos casos estancados por la ignominia empresarial, que se niega a esa subida salarial o propone el 0,5% en un contexto de IPC de casi el 11%. Como consecuencia de ello se han planteado más de 400 conflictos en lo que va de año y seguiremos en esta línea hasta que la patronal se tome con seriedad la negociación.

Los trabajadores y trabajadoras estamos hartos de una realidad que requiere de políticas activas que protejan a las familias trabajadoras y, en especial, a las que tienen los salarios más bajos. En lugar de eso, nos encontramos con acciones como las del Banco Central Europeo que sube el tipo de interés, cuya consecuencia directa será el ahogamiento de aquellas familias con dificultades para llegar a fin de mes y cuyas hipotecas se verán incrementadas; o en un ámbito más cercano, medidas como las del Gobierno andaluz de eliminar el impuesto de Patrimonio en Andalucía, del que se van a beneficiar únicamente las grandes fortunas, en detrimento de los servicios públicos que son sustento de igualdad para todos los andaluces y andaluzas; y con esta medida dejarán de ingresar casi cien millones de euros anuales cuando nuestra comunidad está a la cola en gasto sanitario y educativo. Una medida que, además, en contra de lo que defiende el Ejecutivo andaluz, no mejora la recaudación en el IRPF, incurre en dumping fiscal de unas comunidades autónomas frente a otras, e incide en la pérdida de igualdad y de equidad fiscal.

Políticas como estas se alejan mucho del discurso de investidura del Presidente en el que afirmaba que gobernaría para todos los andaluces y andaluzas en esta legislatura.

El Gobierno andaluz tiene que asumir su responsabilidad, gobernando para todas las andaluzas y andaluces, no solo para las grandes fortunas y los empresarios

Para CCOO, la obsesión del Ejecutivo por bajar impuestos, choca con las necesidades reales de la inmensa mayoría y son caramelos envenenados que, a medio plazo, acaba pagando caro la clase trabajadora en forma de un aumento de listas de espera en la sanidad y en la dependencia, de mayores ratios en las aulas, o de ventanillas cerradas en servicios públicos esenciales por falta de presupuesto.

Es cierto que las medidas y ayudas puntuales que se han puesto en marcha por parte del Gobierno central, como la bonificación de los carburantes, las bonificaciones de transportes, o el complemento a las becas, están ayudando a las familias de forma inmediata; pero se hace necesario ir a la raíz del problema, con la puesta en marcha por parte de los gobiernos de medidas estructurales como el incremento del SMI adecuado a la carestía de la vida; la regulación de los precios de la vivienda, el alquiler y de la energía; o el refuerzo de los servicios públicos, entre otras, que contribuyan a revertir esta situación y a reducir las desigualdades. El Estado tiene que impulsar y ser tractor de la economía para que esta sirva a las personas.

Así mismo, el empresariado tiene que asumir su responsabilidad alcanzando acuerdos en la Negociación Colectiva para evitar un mayor empobrecimiento de las personas trabajadoras; superando la actitud avariciosa y cortoplacista que está llevando a un retraimiento de la economía y mermando la capacidad de compra; e incorporando a los convenios la cláusula de revisión salarial, que no supone una subida inmediata de los salarios, pero garantiza que no se pierda poder adquisitivo en el periodo acordado, lo cual parece que molesta mucho al empresariado, porque en 2 de cada 3 convenios sectoriales no ha sido posible incorporarla a pesar de la insistencia sindical.

Y en esto el Gobierno andaluz tiene que asumir su responsabilidad, gobernando para todas las andaluzas y andaluces, no solo para las grandes fortunas y los empresarios. Debe garantizar que las empresas cumplan la normativa laboral, los convenios, perseguir el fraude y exigir el cumplimiento de las cláusulas sociales en las contrataciones públicas de servicios públicos subcontratados, teniendo presente la indexación salarial. 

No solo de ricos se puede mantener la economía del país y si no quieren enterarse a través del diálogo -que por cierto hay que practicarlo, porque si no, no existe- daremos la pelea por proteger los salarios y las mejoras de las condiciones laborales y de vida. No es una cuestión de otoños calientes, sino de justicia social.  

Parece que el empobrecimiento de las personas trabajadoras no tiene freno este año; los precios no han dejado de subir, mientras los salarios se han estancado. Las familias se encuentran con subidas que alcanzan el 25% respecto al año pasado en productos de primera necesidad como la leche. En el lado contrario, las empresas siguen obteniendo beneficios. En el caso de las energéticas, los mayores de su historia; y en el resto de empresas, beneficios mantenidos, ya que los costes se han trasladado a los productos y a los servicios, de tal manera que, una vez más, somos las personas trabajadoras quienes pagamos la crisis.

Por ello, pedir que los gobiernos intervengan no es demagogia, sino una urgente necesidad. De seguir así, a las familias no les quedará más remedio que reducir las compras en alimentos fundamentales y especialmente importantes para el crecimiento de los menores, como la carne, el pescado, la fruta o los productos lácteos.