El PSOE andaluz prepara un “Plan B” por si se abre vista oral contra el presidente de la Diputación de Huelva

El Partido Socialista prepara un “Plan B” para aplicar en el caso de que su secretario general, Ignacio Caraballo, sea llamado oficialmente a declarar en una vista oral por el conocido como ‘Caso Aljaraque’.

Aunque el argumentario esgrimido por todos los cargos del PSOE consultados en las últimas horas no se sale del guión marcado por la la dirección provincial en Huelva de “presunción de inocencia” y “no hay vista oral prevista”, de puertas para adentro la tranquilidad no es tanta.

Dos factores se han unido: por un lado, la convocatoria de elecciones generales. El 10 de noviembre está más cerca de lo que parece, y  si el recurso presentado por los abogados de Caraballo es rechazado y se fija vista oral, su dimisión ya será inaplazable, en cumplimiento con el código ético socialista, y podría entrar en campaña.

Los socialistas no esperaban que el juez se pronunciase con tanta rapidez sobre este asunto, pero este martes, el Juzgado de Instrucción número 1 de Huelva ordenaba continuar el procedimiento contra el también presidente de la Diputación de Huelva, por un delito de cohecho.

Así se recoge en un auto emitido por el juez instructor a raíz de la comparecencia que ante él tuvieron las partes el pasado 13 de septiembre, en el que tanto la defensa de Caraballo como las del resto de investigados en la causa solicitaron el sobreseimiento de la misma, al entender que debería de declararse nula por basarse en unas grabaciones de conversaciones telefónicas que fueron “manipuladas”.

La opción del alcalde de Huelva

La segunda preocupación de los socialistas onubenses es el nombre del hipotético sustituto de Caraballo al frente del partido si finalmente tiene que dimitir. Aunque fuentes del partido aseguran que es un asunto que no se ha tratado, fuentes del PSOE indican a eldiario.es/andalucia que el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, es el mejor posicionado para ello. Los plazos no preocupan, porque como mucho se llegarían a las elecciones del 10 de noviembre con un presidente en funciones. Lo demás se irían viendo según avanzan los meses. Sobre su sustituto en la presidencia de la Diputación, es menor el debate interno, pero el nombre del diputado José Fernández es el que cobra más fuerza si hace falta un cambio en el sillón.

Pero, ¿qué pasa con el resto de responsabilidades de Ignacio Caraballo? Una de las que acaba de tomar es la vicepresidencia de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP). El cargo lo asumió el pasado sábado en Sevilla. Su presidente, Fernando Rodríguez Villalobos, no se sale del guión. Asegura que, tras pronunciarse el juez, “no hay nada nuevo, la situación es la misma”, aunque ha sostenido que “es un tema de calado y competencia orgánica, no institucional”.

No obstante, ha dicho que “es importante matizar que no se abre ningún juicio, la situación es la misma, y además no es un autor firme, por lo que es susceptible de recurso”.

En el lado contrario, el portavoz parlamentario del PP-A, José Antonio Nieto, ha afirmado que, “de manera inmediata, tiene que producirse la dimisión” de Caraballo.  “Tiene que producirse, simplemente, aplicando los mismos criterios que su partido recoge en su código ético”, ha sostenido Nieto en conferencia de prensa antes de que el portavoz parlamentario del PSOE-A, José Fiscal, señalara en otra rueda de prensa que el citado código ético de su partido contempla las dimisiones cuando se abre juicio oral.

En realidad, hay otro matiz que Fiscal no cita pero es igualmente importante. El código ético dedica dos puntos a poner sobre la mesa qué tiene que hacer un cargo de este partido en el caso de ser imputado (o investigado, que es lo mismo) que están relacionados con este caso.

5.2. Cualquier cargo público u orgánico del PSOE al que se le abra juicio oral por un procedimiento penal dimitirá de su cargo en el mismo momento en el que se le dé traslado del auto de apertura del mismo y solicitará la baja voluntaria. En caso contrario, será suspendido cautelarmente de militancia y, en su caso, expulsado del partido.

5.3. Toda persona que ostente cargo o responsabilidad pública u orgánica vinculada al PSOE, en el caso de que resulte imputado por una resolución judicial, dará cuenta de las concretas acusaciones o delitos que se le imputan ante la Comisión Ejecutiva Federal, que trasladará esta información a la Comisión Federal de Ética y Garantías y, en su caso, ante la Comisión de Garantías de Igualdad a fin de que, si es preciso, estos órganos puedan adoptar o recomendar la adopción al órgano competente de las medidas estatutarias oportunas en atención a los hechos y a su gravedad. Si la persona afectada no informara en los términos expuestos en este apartado, será cautelarmente suspendida de militancia a la espera del resultado del preceptivo expediente informativo o, en su caso, disciplinario.

A Caraballo sólo le afectaría el segundo de los puntos. Falta saber si ha cumplido con “dar cuenta de las concretas acusaciones o delitos que se le imputan ante la Comisión Ejecutiva Federal, que trasladará esta información a la Comisión Federal de Ética y Garantías y, en su caso, ante la Comisión de Garantías de Igualdad”. Si no lo hubiese hecho, tendría que haber sido suspendido de militancia, según el mismo código ético.

Desde Ferraz se apunta que no hay una forma “concreta” de comunicar este tipo de casos. Bastaría con una conversación telefónica, apuntan las fuentes, aunque se entiende que lo oficial sería haberlo comunicado por escrito. No se aclara si Caraballo llegó a hacerlo.

Historia del Caso Aljaraque

En diciembre de 2016 se anuncia que el PP y Sí se Puede, marca blanca de Podemos en el pueblo, firman un pacto para echar a la socialista Yolanda Rubio de la alcaldía. Los ediles que apoyaban al PP sostenían que había 13 puntos programáticos no cumplidos por la edil socialista en su acuerdo con ellos, y que suponía incumplir el 75% del programa.

Desde que se anuncia la ruptura del pacto se suceden varias reuniones en el pueblo. En una de ellas, uno de los presentes, que acudió como asesor de Sí se Puede, M.A.A., asegura que se ofrece, por parte del PSOE, un puesto de trabajo en una empresa pública de gestión de agua a la esposa de uno de los concejales de la formación, Francisco Martín. M.A.A. no lo denuncia en ese momento, sino que realiza varias grabaciones de conversaciones en días sucesivos manteniendo una actitud de normalidad, aunque mostrándose en contra de aceptar la oferta. La denuncia fue presentada el pasado 9 de febrero, y en ella se solicita que se investigue la reunión mantenida en Aljaraque el 10 de enero anterior.

El denunciante realizó varias grabaciones telefónicas desde el 10 de enero. Prácticamente grababa todas las llamadas que recibía. En una, registra un ofrecimiento realizado por el sindicalista onubense José Luis Rodríguez del citado puesto de trabajo a la mujer del edil de Sí se Puede. En la denuncia se recoge que Rodríguez acudió al encuentro del 10 de enero como “enviado político de Ignacio Caraballo”. Según la misma denuncia, dos días después se anunció la retirada de la moción de censura. El denunciante aportó al juzgado más de seis horas de grabaciones.