En plena controversia por la falta de agua en el Parque Nacional de Doñana, el pasado 12 de abril la Junta de Andalucía emitió un informe de impacto ambiental positivo para la construcción de una macrourbanización con campo de golf a menos de cinco kilómetros de límite de la zona protegida. La actuación urbanística incluye, además del campo de golf, hoteles y 300 villas de lujo. La noticia ha sido avanzada por El Confidencial. La decisión quedaría ahora en manos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), dependiente del Gobierno central.
A media tarde de este martes llegaba la reacción del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO): “Resultaría incomprensible que la Junta autorice campos de golf y macroproyectos turísticos a las puertas de Doñana en el momento de sequía que está atravesando España y en especial la cuenca del Guadalquivir”.
Más explícita ha sido en su perfil de la red social Twitter la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, al comentar un mensaje previo de un usuario. “Esta gente se ha vuelto loca. Esto es delictivo”, ha escrito el usuario Javier Peña (@hope_enpie), a lo que Teresa Ribera ha respondido con un “Sí. Se ha vuelto loca”.
El informe aprobado por la Junta no duda en afirmar, además, que hay agua suficiente para acometer el proyecto: “Teniendo en cuenta que la demanda para el horizonte 2027 se encuentra por debajo de las estimaciones de la Planificación Hidrológica y que la dotación del consumo actual y del crecimiento no superan los 250 litros por habitante y día asignados por la planificación hidrológica para el municipio de Trebujena, se informa la disponibilidad de recursos hídricos en los términos planteados”.
El proyecto que la Junta ve con buenos ojos no solo linda con Doñana, uno de los santuarios de biodiversidad más importantes de Europa, también limita con el estuario del Guadalquivir, otra zona protegida. Esta decisión de la Junta se suma a su intención de regularizar regadíos ilegales en la zona norte de Doñana, una pretensión que ha llevado al Gobierno de Moreno a colisionar con la comunidad científica del Parque Nacional, con el Gobierno central y con la Comisión europea.
El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que el informe favorable decaería si la autoridad competente en materia de agua en la zona, la CHG, dictaminara que no es viable. Fernández-Pacheco, en declaraciones recogidas por EFE, ha indicado que la CHE no ha respondido a las tres solicitudes que se le han derivado para que emitiera su informe sobre la viabilidad en materia de agua para este macroproyecto.
Al no obtener respuesta de la CHG, la Junta tenía “dos opciones”: dejar que este trámite “se eternice” o emitir un informe en el que indicara que en la parte que le competía “es positivo” y que “todo queda supeditado” a que la administración competente en materia de agua “dé su visto bueno”, ha detallado el consejero.
En el informe de la Junta –firmado por Óscar Curtido Naranjo, delegado territorial en Cádiz de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible– se refleja la insistencia del Gobierno autonómico por desbloquear la operación urbanística: “Dado que la actuación requería respuesta coordinada entre el órgano de cuenca competente, en este caso Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (...) se le requirió a este último órgano una consulta inicial el 3 de febrero de 2020 sin obtener respuesta. En la fecha 28 de junio de 2021 reiteramos el informe sin recibir respuesta tampoco. Por último el 9 de septiembre de 2022 hicimos una tercer intento de consulta sin respuesta hasta la fecha”.
En el comunicado difundido por el MITECO a media tarde se señala que el informe de la CHG “estará listo lo antes posible” y se subraya que “parece muy extraño pensar que se puedan construir viviendas en zonas inundables ahora que el cambio climático nos lleva a fenómenos más extremos como lluvias torrenciales”.
El 'modelo Benalup'
Los planes para este macroproyecto se remontan a 2003, cuando el Ayuntamiento de Trebujena –entonces y ahora en manos de Izquierda Unida– firmó un convenio con el promotor Bernard Devos, quien se hace llamar 'el belga loco', famoso por sus construcciones en Benalup y su empeño en trasladar el modelo de hotel-villas-golf a Los Barrios y Trebujena.
Desde Ecologistas en Acción llevan años vigilando los movimientos especulativos en la zona y este martes han emitido un comunicado censurando la actuación del Gobierno andaluz: “La Declaración Ambiental aprobada por la Junta es totalmente ilegal, ya que no cuenta con el preceptivo informe sobre riesgo de inundabilidad de la zona (toda está en zona inundable), no se ha evaluado sus efectos sobre la Red Natura 2000 de la UE, en la que están incluidos el estuario del Guadalquivir y Doñana, y no se ha contestado a ninguna de las 900 alegaciones presentadas contra el proyecto”.