La tasa turística tiene poco futuro en Andalucía, a tenor de la posición que este jueves ha mostrado Arturo Bernal, consejero de Turismo y Deporte, y por tanto responsable de su posible implantación. En una comparecencia en el Parlamento Andaluz a petición de los grupos de la oposición, Bernal ha planteado un panorama negro para el turismo, y la economía en general, si Andalucía aprobara la tasa, que en territorios que ya la tienen oscila entre los 50 céntimos y los cuatro euros: este gravamen sería cargarse la “gallina de los huevos de oro”, ha dicho, antes de asegurar que los andaluces se oponen y recordar la posición ideológica de su Gobierno, contrario a nuevos tributos.
Bernal tiene por delante la tarea, según repite la Junta de Andalucía, de “mediar” entre la patronal turística y algunos alcaldes, como los de Málaga, Sevilla o Córdoba (todos del PP), que llevan semanas presionando para que al menos se abra un debate. El propio presidente Juan Manuel Moreno le instó a que convocara un encuentro con el sector turístico y la Federación Andaluza de Municipios. Bernal recogió el guante de su jefe sin entusiasmo: aún no hay fecha para el encuentro. Y, en todo caso, el autoproclamado mediador parece inclinar de un lado la balanza.
La oposición le ha acusado de pensar más en los intereses de la patronal que en los de la ciudadanía y los municipios. Bernal, que antes de consejero fue Director General de Turismo Costa del Sol, llegó al cargo en 2022 mostrando su rechazo a la tasa turística, y llegó a ser definido por el lobby turístico de la Costa del Sol como “uno de los nuestros”.
Bernal no ha negado tajantemente la posibilidad de que al final haya un tributo, y ha dicho que la reunión servirá para buscar el “consenso”. Sin embargo, todos sus sirvieron para posicionarse en contra y aguar la expectativa de un gravamen. Primero, empezó definiéndolo como “impuesto”, y no tasa, puesto que no grava un bien o servicio concreto. La precisión terminológica es, en realidad, una forma de marcar terreno: el PP andaluz se opone a nuevos impuestos.
A continuación, Bernal desgranó los datos que dan cuenta del peso del turismo en la economía andaluza y lanzó alguna pregunta retórica: “¿No se acuerdan que se tuvieron que sacrificar millones de cabezas de ganado porque no había a quién venderle esa producción?”, dijo, recordando la pandemia. “El turismo beneficia a 76 ramas de actividad, además del alojamiento o la restauración”, lanzó, citando la metalurgia, la industria papelera o el comercio.
Luego puso el énfasis en la proporción de andaluces que son turistas en su tierra, y que por lo tanto quedarían sujetos al tributo. Dos tercios del total, que en 2023 fueron 34 millones de personas. Sólo el 16% estaría interesado en imponer una tasa al turismo, según una Encuesta de la Percepción elaborada por la empresa pública de Turismo, que este medio no ha podido localizar.
En cuanto a la percepción sobre los efectos del turismo masivo en la vivienda o el consumo de recursos públicos, Bernal dijo ser partidario de introducir criterios de sostenibilidad, pero negó que la gentrificación, especialmente en ciudades como Sevilla, Cádiz o Málaga, venga determinada por la turistificación. “La culpable del déficit de vivienda es la Ley de Derecho a la Vivienda, que ha convertido al propietario en una especie de pirata. Todos los derechos al inquilino y ninguno al propietario, que prefiere ponerlo en vivienda turística o la retira del mercado”.
Por último, situó el debate en la financiación de los municipios, un desplazamiento del marco del debate la Junta de Andalucía lleva explorando un par de semanas. Según Bernal, el problema a resolver es el de la financiación municipal, es crónico, y no se soluciona con la tasa turística. “¿La solución es poner el foco en el turismo? Tenemos que tratarlo bien, nos estamos cargando la gallina de los huevos de oro”.
Sin embargo, quienes propugnan la tasa (oposición, municipios, expertos) no lo hacen porque vaya a solucionar todos los problemas de financiación municipal, sino como mecanismo de aportación del turismo a gastos que ahora soportan los municipios y, por tanto, los contribuyentes locales.
En este asunto, es la oposición de izquierdas quien apoya las peticiones de los alcaldes del PP, como Francisco de la Torre (Málaga), José Luis Sanz (Sevilla) o Bellido (Córdoba). Isabel Aguilera, del PSOE, recordó a Bernal que tendrá que ir a la reunión “obligado por los alcaldes y por Moreno Bonilla”, y le pidió que más que mediar, legisle. El argumento de la pérdida de competitividad “cae por su propio peso, porque en ciudades que se cobra no se ha resentido lo más mínimo”, dijo Aguilera, que recordó que el gasto turístico por persona y día ha aumentado 8 euros, hasta los 78, en el último año. “¿Piensa que un andaluz va a cambiar de destino por pagar 50 céntimos?”.
En la misma línea se expresaron Maribel Mora (Adelante) y Esperanza Gómez (Con Andalucía). “En ninguna comunidad la tasa ha supuesto un tapón, ni en ningún país de Europa u otros sitios. No ha habido merma alguna de la afluencia de turistas”, dijo Mora, que resaltó el vínculo entre turismo masivo y la falta de acceso a la vivienda, y pidió a la Mesa del Parlamento que tramite la proposición de ley a la que hasta ahora no ha dado curso.
El consejero recibió el apoyo de Vox, que le exigió más contundencia para aclarar que “Andalucía no va a sucumbir ante las peticiones de esos malos alcaldes”, y cuyo portavoz, Antonio Sevilla, cree que una tasa llevaría al “dumping fiscal” entre municipios, se trasladaría al IPC, afectaría a los andaluces y sería discriminatorio. “¿Los millones de turistas de crucero no hacen uso de los recursos? ¿Y los amigos que comparten piso?”.
El portavoz del PP, Francisco Oblaré, también se posicionó contra la tasa, un tema que “puede crear problemas” y puede “espantar al turismo”, dijo. “Es muy digno poner cañas, aunque sea en euskera. Es un sector potente, y todos son dignos. Vamos a equilibrar: tecnólogos, agricultores. Tenemos la gallina de los huevos de oro y ustedes están quitándole la comida”.
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