Manuel Liñán, bailaor y coreógrafo de prestigio reconocido, entre otros galardones, por un premio Max y un Nacional de Danza, vive un momento amargo que nada tiene que ver con los escenarios, sino con los pasillos de la justicia. Un tribunal lo ha apeado del festival Lorca y Granada en los Jardines del Generalife 2022 que había obtenido por concurso público, después de que la empresa finalista impugnara dicha adjudicación. “Ha sido un palo muy fuerte”, admite. “Me parece una patada al sector cultural y al de la danza”.
El asunto se remonta al pasado 12 de abril, cuando la Junta de Andalucía, a través de su Consejería de Cultura y en procedimiento abierto, otorga a Liñán y su empresa Danza Liñán SLU el espectáculo a realizar en el festival Lorca y Granada en los Jardines del Generalife 2022. Tras conocer la noticia, la distribuidora madrileña Servicios Administrativos de Distribución Escénica SL, SEDA, que también concurría en el concurso, recurrió la decisión bajo el argumento de que Liñán había incurrido en varios errores en la presentación de la oferta por los que debía haber sido descalificada del proceso, tales como haber incluido en el sobre 2 información que se incluía en el sobre 3, o no haber justificado correctamente poseer la solvencia económica y financiera necesaria para poder participar en el concurso.
Después de que SEDA reclamara el envío de la documentación presentada por Liñán sin éxito, sus servicios jurídicos decidieron impugnar, y finalmente el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Andalucía ha resuelto a favor de la empresa madrileña. Cabe recordar que el fallo del concurso se había producido apenas cuatro meses antes del estreno —señalado el 19 de julio– y con 30 funciones por delante.
Solvencia imposible
Para Liñán, además de lesiva para su imagen, esta sentencia es un verdadero mazazo en tanto un proyecto de estas características involucra a un gran número de artistas y considerables recursos económicos. Y señala, para empezar, a la Junta por haber demorado la adjudicación. “Este es un proyecto que tendría que haberse concedido en diciembre, y en cambio se adjudicó el 12 de abril. Quien hace eso tiene muy poco conocimiento del esfuerzo de una producción de danza de estas características. Yo en abril empiezo a poner en marcha toda una maquinaria de ensayos, música, escenografía… Y artistas que ahora van a quedarse sin trabajo este verano”.
Según el granadino, las alegaciones que hizo el órgano de contratación se referían a que el sobre de su propuesta “no estaba contaminado” porque hablaba del Concurso de Cante Jondo de Granada –del que se celebrará en breve su centenario– “como todos los licitantes”, asevera. Tal mención, según la sentencia, contaminaba el proyecto presentado. “El proyecto de SEDA se titula Jondo, ¿no hay ahí una referencia al concurso?”, protesta Liñán.
“En cuanto a la solvencia económica”, prosigue, “que asciende a 240.000 euros, es lo que me pide el comité organizador y lo que yo brindo. Luego me hablan de una solvencia demostrable de 720.000 euros, y dudo que ninguno de los licitantes tenga esa cantidad”.
En opinión del bailaor, “existe una clara contradicción entre lo que propone el órgano de contradicción en su pliego y lo que resuelve el tribunal externo. Bajo mi lectura, el concurso debería ser declarado nulo, porque con las condiciones de solvencia que se exigen nadie podría haber optado a esa adjudicación. Todos los licitantes deberían haber sido excluidos”.
Controversias flamencas
Todo ha sumido a Liñán en la desolación, pero no baja los brazos. “Voy a ir hasta el final. Mi carrera ha sido muy profesional durante muchos años y en muchos sitios, y ahora me veo en medio de un juicio público que ni me va ni me viene. Sin contar con un dinero invertido y un montón de artistas que han perdido el trabajo. Pero según la sentencia del tribunal estoy excluido del proceso, no puedo recurrir”.
ElDiario.es Andalucía se puso este jueves en contacto con la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, sin obtener respuesta hasta el momento. Lo cierto es que este asunto viene a sumarse a otras controversias que han venido acompañando la gestión del flamenco de la consejera Patricia del Pozo, quien se considera a sí misma una buena aficionada a este arte. El más notable de ellos sigue siendo la situación de la ex directora del Instituto Andaluz del Flamenco, que tras ganar el derecho a recuperar su plaza volverá a los tribunales el próximo mes de septiembre para continuar una batalla legal de más de tres años, ya que la Junta la mantiene en el Ballet Flamenco de Andalucía.
De momento, Liñán quiere defender su inocencia. “Me he presentado a un concurso de manera limpia, y he sido valorado por un tribunal de expertos. Si todo esto se hubiera resuelto en diciembre, no hubiera pasado nada, pero el daño ya está hecho. Y me pregunto, en estos procedimientos, dónde queda el valor artístico. ¿Quién va a hacer estos espectáculos, el que más dinero tenga?”.