A veces las inauguraciones con tinte electoral pueden volverse en contra. Algo así ha pasado en Estepona, carne de meme a cuento de un tobogán que ha costado 28.000 euros y que, visto ahora, parece diseñado con poca cautela, por decirlo de algún modo. El Ayuntamiento, gobernado por José María García Urbano (PP), había anunciado la atracción con la etiqueta de “el tobogán urbano más grande de España”. Se estrenó el jueves a la hora en que empezaba la campaña, y el viernes ya circulaba el vídeo de una señora que entre chillidos descendía a toda velocidad los 35 metros del tobogán, hasta dar con sus huesos en la grava. El público no salía de su asombro, porque la mujer pareció salir escupida de la gigantesca estructura metálica, que por la inclinación recuerda a un tubo para arrojar escombros.
Menos de 24 horas después de abrirlo, el Ayuntamiento tuvo que clausurar el tobogán, a tiempo para evitar males mayores que varios contusionados y algunas desolladuras. Sin embargo, no evitó que durante tres días el nombre de Estepona haya circulado de boca en boca, no por la supuesta brillantez de instalar un tobogán muy deslizante para salvar una pendiente de más del 30% y acortar camino, sino por los vídeos y memes que ridiculizan la idea y su ejecución fallida. En Málaga a los toboganes se les llama “chorraera”.
No pasó por el pleno
El Consistorio de Estepona venía anunciando desde hace meses la ampliación del llamado “Parque de los Niños” y, en particular, el proyecto estrella de que la gente pudiera salvar la diferencia de altura entre las calles Sofía y Eslovaquia: un gran tobogán. Ya en octubre, García Urbano declaró a El País que a los técnicos se les había encendido la bombilla cuando observaron que muchos esteponeros salvaban el desnivel por una trocha en la ladera: “La gente es sabia y hemos aprovechado la idea”. Se trata de una obra que no pasó por el Pleno.
Para ejecutar el proyecto se abrió una licitación, con un presupuesto base de ejecución de 298.839,73 euros para todo el parque, y 28.662,20 euros destinados específicamente para el tobogán. De la nota de prensa previa a la “puesta en funcionamiento” queda claro que la estrella del proyecto era el tobogán, que debía tener 60 centímetros de anchura, formar “curvas adaptadas al terreno con peraltes de 18 centímetros en las zonas exteriores de las curvas” y estar fabricado en acero inoxidable, “a colocar en pendiente de 31 a 34 grados”.
Inauguración prohibida por la Junta Electoral
También pedía que se cumplieran los requisitos de seguridad de la norma UNE-1176 (relativa a áreas de recreo infantiles) y del decreto autonómico correspondiente a las medidas de seguridad en parques infantiles, uno de cuyos artículos prohíbe su uso por adultos. Sin embargo, el proyecto especificaba que el tobogán debía ser seguro “para personas de todas las edades”, y que la empresa debía acreditarlo aportando un certificado de conformidad. Ese certificado cuesta 380 euros, según el desglose de la memoria.
Al concurso sólo concurrió Licuas, S.A., que resultó adjudicataria y firmó el contrato con el Ayuntamiento el 21 de diciembre. Y aunque se recogía un plazo de ejecución de cuatro meses, las obras acabaron demorándose hasta que estuvo listo justo para el primer día de campaña electoral.
Eso sí, después de una denuncia de IU la Junta Electoral de Zona prohibió a García Urbano dar un discurso a los pies del tobogán, llamar inauguración a lo que a todas luces era una inauguración. Por orden de la JEZ, García Urbano también se ahorró un discurso que, visto el resultado del tobogán, probablemente lo hubiese viralizado a él. Además, la JEZ prohibió una visita guiada por García Urbano a un hospital aún en obras y la inauguración de una estatua. Todo estaba previsto para el jueves de arranque de campaña.
“Se tiraron mal”
La idea declarada del alcalde era que se pudiera disfrutar del paisaje en el descenso y que el tobogán fuera un atractivo turístico, pero pronto se vio que el acero inoxidable y el desnivel favorecían descensos de vértigo. El Ayuntamiento asegura que unas mil personas probaron la atracción sin que hubiera ningún incidente, pero la imagen de una señora con la falda a la altura de la nariz y descendiendo a velocidad de trineo olímpico ha sido muy poderosa.
Desde la empresa delegan las explicaciones en el Consistorio, que no ha respondido a las preguntas de este medio sobre los controles que superó la atracción, abierta al público sin control de acceso. En una nota de prensa emitida el mismo viernes destacó que la empresa había revisado la instalación y que algunos usuarios se tiraron mal. “El Ayuntamiento tenía colocadas indicaciones de cómo se debe usar el tobogán de forma adecuada para no comportar riesgos”, dice la nota, que también anuncia una nueva revisión de la estructura.
El expediente administrativo recoge que un técnico municipal revisó los parámetros técnicos y dio su aprobación, pero su informe es puramente descriptivo. Señala que la documentación “describe pormenorizadamente la longitud del tobogán” (35 metros), que “las piezas son descritas con exactitud”, así como que se hacen “observaciones muy necesarias” para los montadores. “Además de ello, representa en planta los tres ángulos (158º, 135º y 158º) que se forman en el longitudinal para romper la monotonía del trazado recto”. El técnico no valora la seguridad.
En cuanto al coste, el Ayuntamiento ha insistido en que la obra no repercutió en las arcas municipales, porque la asumía una promotora. Sin embargo, este suele ser un mecanismo de compensación habitual que permite al promotor sustituir por equipamientos el pago de unos derechos de edificación. Lo que el municipio recibe en especie deja de ingresarlo en metálico.
“Mi sensación es que se ha puesto en peligro a los vecinos y que gracias a que salieron en masa a las redes sociales se precintó el tobogán”, opina Emma Molina, candidata del PSOE a la alcaldía de Estepona. “El primer responsable es el Ayuntamiento porque el suelo es público, se vendió como ampliación del parque de los niños y el tobogán está dentro de la zona verde”, señala Isabel Reyes, exsecretaria general de Podemos en Estepona, y ahora parlamentaria andaluza.
Además, Molina critica la tendencia de García Urbano a obras de alto coste de escasa rentabilidad, como un orquideario que costó 3,5 millones de euros, o “el tobogán urbano más grande de España”.