El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha comentado este viernes que Andalucía no está ahora mismo en la “situación” de necesitar pedir a los tribunales que le autoricen a establecer un toque de queda nocturno, y ha apostillado que “tenemos que hacer todo lo posible para no llegar a ello”.
Así lo ha indicado el vicepresidente andaluz a preguntas de los periodistas en una atención a medios al participar en el acto de la firma el convenio del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) con los responsables de las ocho diputaciones provinciales, que ha tenido lugar en el Palacio de San Telmo de Sevilla.
Marín ha insistido en señalar que, “inicialmente”, la Junta no contempla de manera inmediata un endurecimiento de las restricciones vigentes en Andalucía, pero ha subrayado que “estamos viendo cómo va la evolución” de la pandemia, y ha explicado que “este fin de semana se produce un cambio importante”, entre la primera y la segunda quincena de julio, con “gente que vuelve de vacaciones”, de forma que “habrá que ver” la “reacción” que se produce en las “ciudades de origen” de esos viajeros que regresan.
“En función de cómo vaya la evolución”, la Junta irá actuando, y su comité regional de Alerta sanitaria maneja “diariamente toda la información pendiente de poder tomar cualquier decisión”, según ha indicado el vicepresidente, quien en todo caso ha lamentado la “situación de inseguridad jurídica” existente en la que “son los jueces los que deciden por los sanitarios”.
Marín ha remarcado que esto ha venido “provocado por lo que todos sabemos”, porque desde el Gobierno no se ha habilitado a las comunidades autónomas para que “pudiéramos tomar este tipo de decisiones” de, por ejemplo, decretar toques de queda o limitaciones a la movilidad.
En esa línea, ha subrayado que, ante las peticiones de algunas comunidades autónomas para decretar toques de queda, algunos tribunales superiores de Justicia y sus fiscalías se están mostrando a favor y en otros no, y ha defendido que, “ante esa situación, cualquier medida que podamos adaptar solamente puede afectar a las competencias que tenemos delegadas” las comunidades autónomas.
Marín ha opinado que “si fueran los servicios, los expertos sanitarios los que tomaran esas decisiones”, y éstas no se pusieran “en manos de los jueces, creo que sería mucho más fácil para todos y la pandemia la podríamos controlar mucho mejor”.
“Pero el presidente del Gobierno de España no lo creyó así oportuno, ni tampoco la ministra” de Sanidad, según ha criticado Juan Marín, que ha remarcado que a la titular de dicho departamento se le “ha insistido en muchas ocasiones en que estamos en esa indefensión jurídica a la hora de poder tomar decisiones”, que, de este modo, en lo que respecta a las comunidades autónomas se deben limitar a “reducciones de horarios o de aforos”, según ha apuntado, porque “no podemos limitar la permanencia en la calle” sin que esté en vigor un estado de alarma.
Al respecto de esta cuestión, Marín ha aludido a la reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre el confinamiento y las restricciones que acordó el Gobierno en el marco del primer estado de alarma decretado en marzo de 2020 frente a la pandemia, y se ha preguntado si “los que toman decisiones han pensado en esto en serio”.
Ha insistido en que tanto el presidente de la Junta, como el consejero de Salud o él mismo “tenemos unas limitaciones” como responsables autonómicos, y “hasta ahí podemos llegar”, porque “no podemos rebasar ese marco jurídico”, y ha lamentado que, “en este momento, en España las decisiones sanitarias las están adoptando los jueces, no porque ellos quieran, sino porque el Gobierno de España no les ha dejado otra opción”, según ha remachado.
Por otro lado, a preguntas de los periodistas, Marín ha comentado que ha podido hablar recientemente con un concejal del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Conil de la Frontera (Cádiz), municipio costero y turístico que superó hace días la tasa de 1.000 casos de contagio por 100.000 habitantes en 14 días, y le explicó que “los refuerzos en materia de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para limitar las aglomeraciones de jóvenes en horario nocturno tienen que ser designados por la Delegación del Gobierno de España, porque son competencia” del Ejecutivo central.
En ese sentido, el vicepresidente ha señalado que la Unidad de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma cuenta con “un número de personas muy reducido” para toda Andalucía, y en la Junta “no tenemos esa capacidad” de reforzar los efectivos de seguridad.
Por ello, según ha abundado Marín, “tienen que ser la Policía Municipal, la Guardia Civil y la Policía Nacional los que en la vía pública puedan prohibir que la gente esté consumiendo alcohol” dando lugar a “concentraciones masivas”, como le ha trasladado al concejal de Conil con el que ha tenido ocasión de hablar, según ha explicado.