El 20 de julio de 2022, un mes después de ganar las elecciones andaluzas con mayoría absoluta, el presidente de la Junta en funciones, Juan Manuel Moreno, pronunció en el Parlamento un discurso de investidura con la hoja de ruta para toda la legislatura. La medida estrella fue una batería de rebajas fiscales con un impacto de 620 millones de euros en las arcas públicas durante los cuatro años de mandato, 260 millones sólo en 2023.
Más de la mitad de la pérdida de la recaudación prevista para ese primer año de legislatura provenía de la supresión del canon del agua, que repercutiría “en un ahorro estimado de 140 millones para las familias y empresas andaluzas”, en palabras del presidente de la Junta.
Un año después, el Gobierno andaluz ha reactivado ese gravamen en el proyecto de ley de Presupuestos para 2024, lo que permitirá volver a aumentar en 40 euros de media la factura del agua que pagan las familias al año. “Una familia de cuatro miembros -dos adultos y dos menores de edad-, con un consumo medio de 100 euros por trimestre, viene pagando en la actualidad entre 9,50 y 10 euros en su factura. Con esta medida, se puede ahorrar en torno a 40 euros anuales en la factura del agua”, había cuantificado el propio Moreno.
Los andaluces notarán este incremento tributario autonómico en los recibos del consumo doméstico e industrial en 2024, sumándose, además, a las subidas del impuesto municipal de agua ya anunciadas por los grandes ayuntamientos de la comunidad, como Sevilla, Málaga o más recientemente Córdoba, que este mismo jueves ha presentado una subida del 5% en su tarifa del agua.
Las principales corporaciones municipales que han incrementado el gravamen sobre el consumo de agua en las últimas semanas están gobernadas por el PP, lo cual obligó al Ejecutivo de Moreno a responder si era “contradictorio” que el mismo partido que suspendía el canon del agua a nivel autonómico lo aumentase a nivel municipal.
“Revolución fiscal, revolución hídrica”
Las cuentas del año que viene para Andalucía -cifradas en 46.753 millones de euros- no contemplan nuevas rebajas tributarias, pero sí retoman uno de los impuestos que se suprimió en 2022 como parte de la llamada “revolución fiscal” que anunció Moreno, a bombo y platillo, para “aliviar las consecuencias de la inflación, el aumento de la cesta de la compra y de los servicios básicos”.
La supresión del canon del agua sobresalía de la reforma fiscal del Gobierno andaluz, aunque se trataba de una medida temporal y su impacto en las cuentas era menor, por ejemplo, que la rebaja del IRPF prevista para los cuatro años de mandato.
Moreno quiso ejemplificar en esta medida su alegato reivindicativo contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que le demandaba más financiación estatal para combatir los efectos de la sequía en la economía andaluza. “¡Pongan el dinero de una vez por todas, que nos morimos de sed!”, gritó durante un acto con militantes en la clausura del congreso del PP de Sevilla, en octubre de 2022.
El presidente de la Junta situó el agua como “prioridad máxima”, empezó a hablar de “la gran legislatura del agua”, y destacó la supresión temporal del canon como parte fundamental de su “revolución hídrica”. “El agua es fuente de empleo, de vida y de oportunidades, no es de derechas ni de izquierdas, es de todos”, dijo el entonces portavoz de la Junta en funciones, Elías Bendodo.
El canon del agua grava el consumo urbano y se traduce en un ingreso propio de la comunidad autónoma que se reutiliza para financiar las infraestructuras hidráulicas más próximas a la ciudadanía. El PP andaluz defendió su eliminación a la par que demandaba mil euros más de financiación al Gobierno central para afrontar el impacto de la sequía en el PIB autonómico.
Los populares justificaban la medida, advirtiendo de que el anterior Ejecutivo del PSOE sólo había ejecutado 179 millones de los 730 millones recaudados desde la entrada en vigor de este impuesto, en 2011. Cuando el PP llega al Palacio de San Telmo, en 2019, encontraron un remanente sin utilizar de 500 millones de euros, un dinero con el que Moreno se comprometió a acelerar las obras hidráulicas pendientes, mientras anunciaba que los andaluces se ahorrarían durante “al menos 12 meses” el dinero de la factura del agua.
Moreno también llegó a anunciar que durante el año en el que el canon dejaría de cobrarse, la Junta igualaría la inversión en infraestructuras hídricas a los 140 millones de recaudación prevista con dicho gravamen. Sin embargo, el nivel de ejecución de estas inversiones en 2022 ha llegado hasta 95,4 millones, muy por debajo de lo prometido, aunque “tres veces por encima del nivel de ejecución presupuestaria del último año de gobierno socialista”, matizan desde la Junta.
Según estas cifras, el remanente por la recaudación del canon del agua en años anteriores aún supera los 400 millones de euros, es decir, sigue existiendo una abultada partida presupuestaria sin ejecutar que justificó la eliminación temporal del gravamen.
Desde el Gobierno andaluz aseguran que “todo ese dinero ya está comprometido en actuaciones en marcha o programadas”. El PSOE, en cambio, viene denunciando desde hace meses la falta de ejecución de “las 17 obras declaradas de interés general de la Comunidad Autónoma por acuerdo de 16 de junio de 2020, cuyo grado de inicio y de ejecución no es acorde con la situación excepcional de sequía que estamos viviendo en Andalucía”.
Los socialistas también han exigido en el Parlamento la puesta en marcha de “las obras declaradas de interés para Andalucía frente a la sequía, recogidas en el Decreto 178/2021, de 15 de junio, por el que se regulan los indicadores de sequía hidrológica y las medidas excepcionales para la gestión de los recursos hídricos en las Demarcaciones Hidrográficas Intracomunitarias de Andalucía”.
La consejera de Hacienda, Carolina España, ha defendido este jueves en Canal Sur que la supresión del canon del agua siempre fue “temporal”, por un año, aunque la Junta nunca descartó prorrogar la medida “en tanto dispongamos del remanente recaudado sin ejecutar”. El Ejecutivo andaluz dejó abierta esta posibilidad en una comunicación ordinaria con la Autoridad Independiente de Régimen Fiscal (AIREF), que recoge la medida en uno de sus últimos informes.