El PSOE andaluz está dispuesto a “analizar y revisar” la proposición de ley que han registrado PP, Ciudadanos y Vox en el Parlamento para regularizar 1.461 hectáreas del entorno del Parque Natural de Doñana que, a día de hoy, riegan con agua de sus acuíferos de manera ilegal. Los socialistas han tardado una semana en aclarar su posición política, desde que conocen el texto de la propuesta de los grupos conservadores. Es un asunto “complejo”, dicen, que enfrenta los intereses económicos de los agricultores de la fresa -muchos de ellos en municipios onubenses gobernados por el PSOE, como Moguer, Rociana o Bonares- con la protección del hábitat natural de Doñana.
Hace décadas que este conflicto del condado de Huelva está enquistado y bajo vigilancia de la Unesco y el Tribunal de Justicia de la UE, que reprocha a España no estar haciendo lo suficiente para solucionar el problema de los pozos ilegales de Doñana. Tras muchas deliberaciones, el PSOE andaluz se inclina por apoyar la toma en consideración de la proposición de ley de PP, Cs y Vox, que llegará al Parlamento en febrero, pero espera que posteriormente el Consejo de Gobierno de Juan Manuel Moreno emita un informe sobre dicha iniciativa -no está obligado ni es vinculante-, previa consulta a su gabinete jurídico. “No nos oponemos a analizar y revisar la propuesta de ley, pero con garantías jurídicas e informes serios”, dice la portavoz y vicesecretaria general de los socialistas andaluces, Ángeles Férriz.
El líder de la oposición a Moreno hubiera preferido que las fuerzas que sostienen a su Ejecutivo hubieran consultado antes con todos los sectores afectados por esta iniciativa que afecta de lleno a Doñana. Al tratarse de una proposición de ley de los grupos PP, Cs y Vox, en vez de un proyecto de ley que emana del Gobierno andaluz, la iniciativa no ha tenido que ser deliberada previamente por el Consejo de Participación de Doñana, donde están representadas todas las instituciones y autoridades con competencias en el ámbito del Parque Natural. Es un reproche que este miércoles ha formulado un portavoz de la organización ecologista WWF, y que tanto PP como Cs han replicado recordándole que sus grupos tienen “toda la legitimidad” para presentar una propuesta política en la Cámara.
El PSOE busca una posición “de equilibrio” en un debate que considera “polarizado” de entrada por PP, Cs y Vox, y que “enfrenta no sólo a ecologistas y agricultores, sino a los propios propietarios que se reparten esas 1.400 hectáreas que se pretenden legalizar”. Sin embargo, el momento político para defender posiciones intermedias no puede ser menos propicio: el debate sobre la regularización de cultivos en el borde de Doñana se solapa con la controversia que han generado las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre las macrogranjas y el riesgo de la ganadería industrial.
Las palabras de Garzón al periódico británico The Guardian, tergiversadas luego por PP, Cs y Vox a las puertas de las elecciones en Castilla y León, han provocado la indignación generalizada del sector agrícola y ganadero, y un terremoto político del que el Gobierno de Pedro Sánchez no ha podido o sabido sustraerse. El presidente y hasta tres ministros socialistas, incluido el titular de Agricultura, Luis Planas, han desautorizado a Garzón y abierto una fisura grave con Unidas Podemos, su socio de Gobierno, que ha servido en bandeja a PP, Cs y Vox parte de la campaña electoral en Castilla y León, donde el campo representa un pilar de su economía. La regularización de los regadíos próximos a Doñana no tiene nada que ver con este asunto, pero se trata de un marco mental en el que vuelven a confrontar los agricultores y sus intereses económicos con la ecología, la sostenibilidad y el medio ambiente.
La doble proposición de ley de PP, Cs y Vox plantea modificar el Plan Especial de Ordenación de la Corona Forestal de Doñana aprobado por el Gobierno socialista andaluz en 2014 -conocido como Plan de la Fresa- para poner coto a la sobreexplotación del acuífero del Parque Nacional con pozos ilegales. La norma determinó entonces que era suelo agrícola regable (SAR) todo el que tenía esa consideración en 2004, ya que en la década que transcurrió entre ambas fechas hubo suelo forestal (sobre todo antiguas zonas de eucaliptos) que se reconvirtió a agrícola.
En esta situación se encuentran las 1.461 hectáreas de regadío contempladas en la proposición de ley, de las que destacan 335 sobre suelo forestal con la máxima protección ambiental. La vía para darles acceso al derecho a recibir agua es tan simple como borrar una década de un plumazo y fijar el punto de partida en 2014, cuando la Junta aprobó el Plan de la Fresa con Susana Díaz como presidenta. Para ello también hay que modificar la Ley Forestal andaluza, ya que PP, Cs y Vox consideran que se hizo una “aplicación restrictiva” de la norma estatal, lo que redujo la cifra de explotaciones que podían regularizarse y, a su juicio, provocó la “indefensión” de los agricultores afectados.
En esas hectáreas ubicadas en la Corona Norte de Doñana -a 20 kilómetros del espacio protegido- habría agricultores con documentación que acredita que el suelo que poseen es de cultivo, y por tanto la norma regularizaría su derecho a regar, y otros que carecen de permiso alguno y que han accedido al acuífero de Doñana “pegándole una patada a una verja”. Fuentes socialistas calculan que son unas 500 hectáreas las que estarían en condiciones de ser regularizadas con la reforma del Plan. Los populares también advierten de que su propuesta sólo permitirá recalificar el suelo a aquellos que puedan acreditar que llevan años cultivando, pero luego será la Conferencia Hidrográfica del Guadalquivir la que debe autorizarles el acceso al agua.
En realidad, el problema de fondo es el agua. Es decir, la falta de agua. Es lo que ha advertido la Conferencia Hidrográfica nada más conocer el texto de la proposición de ley de PP, Cs y Vox. La diferenciación que hacen los socialistas, y también los populares, entre los agricultores que pueden regularizar sus cultivos y los que no, obvia que en los últimos años ambos han esquilmado agua de Doñana, contraviniendo todas las leyes vigentes.
El “equilibrio” y la equidistancia que el PSOE andaluz pide para abordar este asunto choca con los recelos que ha manifestado el propio Gobierno de Sánchez. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha advertido este miércoles en Canal Sur Radio que una ruptura del Plan de la Corona Norte de Doñana “pondría en riesgo” el enclave, su agricultura y, sobre todo, la “marca Doñana” ante los organismos internacionales. “Si se rompe esa marca, se pondrán en riesgo los dos elementos principales por los que Andalucía y España son conocidas en el mundo, la calidad ambiental del Espacio Natural y la producción agrícola que hay en su entorno, un compromiso que los mercados europeos aceptaron”, dice Morán, tras subrayar que si se rompen los límites que estableció el Plan de la Fresa se estaría incumpliendo ese compromiso y poniendo en riesgo la credibilidad de los productos agrícolas de Huelva en el mercado internacional.
“No hay más disponibilidad de agua que la que se recoge en ese plan y entendemos que lo que rompe cualquier razonable mecanismo de cooperación institucional es que se decidan poner hectáreas en regadíos para las cuales no hay agua”, ha reseñado el secretario de Estado de Medio Ambiente.
Los cultivos que se beneficiarán de esta amnistía se ubican en Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado, en la corona norte de Doñana, municipios onubenses cuya economía depende en gran medida de los frutos rojos y cuyos ayuntamientos (al margen de su signo político) se han posicionado junto a los agricultores aunque capten agua ilegalmente. Lucena del Puerto, con un alcalde independiente, y Moguer, con un regidor socialista, son las localidades más beneficiadas de la regularización que plantean los partidos que sostienen al Gobierno andaluz.
Tanto la portavoz de Unidas Podemos, Inmaculada Nieto, como la diputada no adscrita y líder anticapitalista que pilota Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, se han posicionado rotundamente en contra de la proposición de ley. Ambas han defendido que harán todo lo posible para evitar que la norma prospere, sin descartar acudir a organismos internacionales -la Unesco, europarlamentarios o el Tribunal de Justicia Europea- e incluso ante el Tribunal Constitucional en España para tumbar una norma, dicen, que pondrá en riesgo el Parque Nacional de Doñana.
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