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El segundo año de la pandemia del coronavirus ha sido también el de la vuelta de los sindicatos sanitarios a las calles de Andalucía. Con las restricciones oportunas y en menor medida que antes de esta crisis sanitaria, los principales actores que representan a los profesionales de la sanidad pública andaluza han salido para reclamar más personal y recursos. Lo han hecho al verse sobrepasados por la presión asistencial derivada de la pandemia, pero también por los problemas que la falta de medios causa en todo el circuito sanitario para la atención de los pacientes y también para el día a día de los propios trabajadores. Un año “muy duro” en opinión de los sindicatos.
Con una plantilla total que ronda los 100.000 empleados públicos, el despido de 8.000 de ellos en noviembre ha sido el gran titular del año, pero no ha sido el único. Los sanitarios a los que la Junta no renovó han dejado un agujero de personal que ya padecía el sistema sanitario público de Andalucía (la tasa de reposición 0 impuesta en los años de la crisis de 2008 mermaron las plantillas al jubilarse personal y no salir plazas nuevas ni en interinidad), que se ha agrandado con la explosión de la sexta ola de la Covid-19. Esta pérdida de contratos se ha visto reflejada en la situación de algunos hospitales que, ante la falta de enfermeros, han tenido que sacar ofertas de empleo con urgencia para suplir bajas y vacaciones. Como recuerdan los sindicatos, muchos de estos profesionales despedidos han acabado yéndose a otras comunidades o han engrosado las plantillas de la sanidad privada. Tal es la situación que Andalucía ha optado por intentar repescar a sanitarios jubilados.
Pero 2021 también ha sido el año que ha erosionado la relación entre la Consejería de Salud y los principales sindicatos a cuenta de los complementos salariales. Por un lado, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha pagado con retraso el complemento de productividad o CRP y lo ha hecho valorando con puntuaciones bajas el esfuerzo que han realizado los trabajadores de la sanidad andaluza. Por otro, la Junta ha dejado en el aire otro de los complementos que estaban prometidos tras un acuerdo sectorial que es el que se refiere al desarrollo de la carrera profesional. Este extra del salario lleva aprobado más de 15 años, pero hay alrededor de 60.000 trabajadores de la sanidad pública que nunca lo han percibido. Salud sostiene que como no se ha aprobado un presupuesto regional, no es seguro que se pueda pagar desde el año que viene.
“Desidia y abandono”
Antonio Macías, portavoz sanitario de UGT, considera que 2021 ha sido otro año más de “llevar al límite al sistema sanitario”. Califica de “desidia” y “abandono” la actitud de la Junta de Andalucía con los profesionales porque “lejos de pensar en los pacientes y en quienes les cuidan, se entregan en cuerpo y alma a las encuestas y a los votos”. UGT, CCOO y CSIF han ido de la mano en los últimos meses para pedir más esfuerzos por parte del SAS y evitar que la sanidad pública colapse ante la falta de recursos. “Nuestro sistema sanitario lo que de verdad necesita es un verdadero revulsivo en forma de más personal y mejor remunerado”. La “desorganización” a la hora de gestionar estos dos años de pandemia han puesto en pie de guerra a los representantes sindicales que, como el portavoz de UGT, opinan que “el cóctel está servido para que el sistema se desmonte y el caos se apodere de nuestros ya maltrechos centros”.
Al respecto de la falta de personal, Rafael González de CCOO estima que la contratación ha ido “más o menos” acorde a la necesidad de cada momento hasta que en noviembre se despidieron a los 8.000 profesionales. Como la Covid-19 ha sido muy importante durante todo el año, especialmente durante la tercera ola de la pasada Navidad, calificada por este sindicalista como la “más mortífera” de toda la pandemia, se han dejado de lado otras patologías que están empeorando la calidad asistencial de los ciudadanos por el aumento de las listas de espera. En esta situación, el SAS ha acabado derivando a muchos pacientes hacia la sanidad privada, lo que para el portavoz de CCOO es un error. “Creemos que la inversión debería ser pública con profesionales capacitados que, en ocasiones, se han tenido que ir a otras latitudes por la dejadez del SAS”.
Entre esos profesionales que se han ido de Andalucía y cuyo éxodo ha sido uno de los principales caballos de batalla, destacan sobre todo los enfermeros y las enfermeras. Solo en noviembre se prescindió de 3.000 de ellos cuando estaban haciendo labores de apoyo en todo el sistema sanitario y trabajando como rastreadores y equipos de vacunación frente a la pandemia del coronavirus. Sin embargo, el SAS no solo prescindió de ellos entonces, sino que durante sus contratos los ha ido renovando por semanas o incluso días en algunas ocasiones. Un panorama de precariedad que ha empujado a algunos de estos sanitarios a renunciar a trabajar en Andalucía. Pese a que Salud ha creado las consultas de acogida que consisten en que un enfermero decida si un ciudadano tiene una patología lo suficientemente importante como para que le vea su médico de cabecera, el sistema adolece de estos profesionales.
Centros de salud desbordados
Ese ha sido otro de los principales conflictos a los que se ha enfrentado este año la sanidad pública de Andalucía. Las consultas de acogida, que ya existían en la atención hospitalaria, han llegado a los centros de salud justo cuando la actividad asistencial en persona se ha retomado. Los médicos creen que esta modalidad carga de responsabilidad y no da seguridad jurídica al profesional que tiene que decidir si el ciudadano debe verse con su médico de familia y los enfermeros, por su parte, también entienden que les añade más tareas a la larga lista de funciones que ya cubren. Eso sí, desde el sindicato de Enfermería SATSE siempre han dejado claro que se ven capacitados para hacer esa función porque tienen conocimientos para ello. El conflicto, sin embargo, se saldó con la imposición de estas consultas que no han acabado de arrancar ante el colapso de la Atención Primaria.
Porque la falta de personal y recursos se ha cebado especialmente con los centros de salud. Aunque la Junta de Andalucía y el consejero sanitario Jesús Aguirre no han dejado de insistir en que la Atención Primaria con los médicos de cabecera han vuelto de forma presencial para atender a la ciudadanía, la realidad sigue distando de ser así en la mayoría de ambulatorios. Los ciudadanos se quejan de que el tiempo para conseguir una cita en persona puede demorarse semanas y en algunas ocasiones solo tienen posibilidad de tenerla de forma telefónica. Al mismo tiempo, los sindicatos denuncian que este colapso se debe sobre todo a la falta de personal que hay en la Atención Primaria. Las largas listas de pacientes que ha de atender cada médico y la precariedad de los contratos que tienen quienes están empezando, han hecho que algunos galenos también hayan decidido irse de Andalucía y dejar el sistema tambaleando.
Francisco Cantalejo del Sindicato Médico cree que ese aspecto ha sido uno de los principales problemas de este 2021. “Nos gustaría que Andalucía hiciese más atractivo trabajar aquí que se vayan. Queremos que la gente a la que se forma, vea Andalucía como un lugar de desarrollo profesional”. Porque solo así, explica, será posible tener una mejor calidad asistencial. “Creo que hay un problema por abordar y que nadie quiere acometer que es el tema de la falta de médicos en las plantillas. Es verdad que con las oposiciones se está estabilizando el personal, pero se responde a unos criterios de 2003 y la realidad es que los servicios están desbordados”.
Una crítica que se asemeja mucho a la de José Sánchez del sindicato de Enfermería SATSE. “Lo que hemos intentado durante todo el año es que se incremente el presupuesto para aumentar la ratio de enfermeras por habitante, que es la más baja de España después de la de Murcia”. También han luchado para que las pérdidas puntuales de profesionales sean sustituidas al completo, para evitar que se reduzca la capacidad asistencial y aumente la presión de los trabajadores. Con una capacidad de conciliación personal baja por las contrataciones precarias que padecen, desde SATSE han reclamado en muchas ocasiones al SAS que se corrija ese aspecto. “Esta pandemia ha demostrado que el sistema público está falto de personal de Enfermería y de fisioterapeutas”, por eso, recuerdan, no se puede permitir seguir perdiendo sanitarios.
Mejoras en las condiciones laborales
Otro de los aspectos que ha marcado el 2021 en la sanidad pública andaluza ha sido el de las agresiones a los profesionales. Con la tensión derivada de la pandemia y las restricciones de acceso y asistencia hospitalaria, muchos trabajadores se han enfrentado a situaciones desagradables que no remiten, sino que siguen aumentando con el paso del tiempo. En ese sentido, todos los sindicatos han pedido una mayor protección. Por otra parte, también se han reclamado mejoras en los sueldos. “Seguimos exigiendo contratos estables, pues sigue habiendo contratos por semanas para cubrir puestos estructurales, mejores condiciones retributivas, pues con los diferentes recortes desde 2010 hemos perdido más de un 30% de poder adquisitivo, y aún nos deben la parte autonómica de la paga extra de 2013 y 2014, entre otras”, recuerda Victorino Girela de CSIF.
Por último, la integración de las Agencias Sanitarias y del 061 al sistema público del SAS ha provocado también una cascada de reuniones entre los sindicatos y la Consejería de Salud. “Hemos participado activamente en las mesas informativas con propuestas y posteriormente en Mesa Sectorial para lograr que se respeten los derechos de los trabajadores y trabajadoras, y estaremos vigilantes para que así sea. El sistema sanitario público de Andalucía exige un Pacto por la Sanidad de todos, políticos y agentes sociales, alejados del partidismo u oportunismo del momento, con una importante inyección económica que lo refuerce y apuntale”, sentencia Girela. “Nuestros trabajadores y trabajadoras lo han dado todo y lo siguen haciendo, con su profesionalidad, esfuerzo y compromiso, se logra mantener un alto nivel de calidad en la asistencia sanitaria, pero ya están agotados y al límite. A la falta de profesionales debemos exigir soluciones, no sólo con la apertura de las facultades y más plazas MIR/EIR, sino con mejores y más dignas condiciones de trabajo que eviten el éxodo que se está produciendo. Cuidemos a quien nos cuida”.