El pacto por Doñana suscrito entre los gobiernos central y andaluz vive el momento más delicado desde que se rubricase el pasado mes de noviembre. El detonante ha sido la Ley de Simplificación Administrativa que esta semana se aborda en el Parlamento andaluz, que incluye de manera casi literal uno de los párrafos de la polémica proposición de ley de Doñana que se paralizó precisamente gracias a este acuerdo. La propuesta supone una modificación de la Ley Forestal de Andalucía que, según la Junta, se limita a una transposición de la normativa estatal, aunque la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera (PSOE), no lo ve así y ha acusado al Ejecutivo andaluz del PP de una “legalización retroactiva” de suelos que tendrían que ser forestales.
Ribera ha sido contundente al analizar un nuevo escenario que le “preocupa”, que “lamenta profundamente” y que le ha “sorprendido”, hasta el punto de expresar su deseo de que se haya producido “algún malentendido por el camino”. Pero, al margen del análisis jurídico que se está haciendo, su impresión es que la Junta de Andalucía pretende una “legalización retroactiva de usos agrarios en suelos forestales”, lo que supone un torpedo en la línea de flotación del pacto por Doñana y de los esfuerzos que se están haciendo por reducir la presión agrícola en este enclave natural.
El pistoletazo de salida a esta aparente resurrección de la guerra por Doñana lo daba el PSOE andaluz este lunes, alertando de que la Ley de Simplificación Administrativa esconde un intento por la puerta de atrás de cambiar suelos forestales por agrícolas. El secretario general socialista, Juan Espadas, le reprochaba así al Ejecutivo andaluz que lo que tiene que hacer es “proteger el suelo forestal, y no abrir la puerta sin control a la ampliación de zonas agrícolas regables en Andalucía”. A esto, la Junta de Andalucía respondía –antes de la intervención de Teresa Ribera– afirmando que es “rotundamente falso” que “recupere” la proposición de ley de regadíos, insistiendo en que “ni siquiera abre la puerta a retomarla”. A su juicio, “se limita a adaptar la Ley Forestal andaluza a la estatal, y en ningún momento se habla de regadíos ni de Doñana”.
Lo cierto es que la modificación propuesta es una traslación casi literal de uno de los artículos de la polémica ley de regadíos, que se introducía para el caso concreto de Doñana pero que tenía impacto en toda Andalucía al rehacerse la Ley Forestal. En un intento de reconducir la situación, en la mañana del lunes el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, mantenía una conversación telefónica con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, que parece no haber convencido al Ministerio a tenor de la reacción posterior de Ribera. Todo ello, en un contexto en el que no hay que olvidar que la ley de regadíos no está formalmente derogada, sino que el PP andaluz optó por guardarla en un cajón y dejarla en suspenso toda la legislatura para evitar votar contra ella en el Parlamento.
El que es cuarto decreto de simplificación administrativa de Juan Manuel Moreno ha levantado una considerable polvareda política porque, de una tacada, modifica nada menos que 176 normas vigentes (53 leyes, 95 decretos y 28 órdenes), lo que hace por la vía de “urgente y extraordinaria necesidad” de manera que se reducen plazos y controles de fiscalización. Toda la oposición de izquierdas (PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía) ya ha avanzado su intención de llevar esta ley ante el Tribunal Constitucional y ha denunciado las limitaciones que se han puesto para controlar el proceso: la nueva norma (con más de 600 páginas) se publicó el pasado viernes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y este mismo miércoles se aprobará en la Cámara andaluza con los votos de PP y Vox.
La validación de este decreto de simplificación, además, se producirá sólo 24 horas de la reunión que tienen prevista Ribera y Moreno para acordar medidas contra la sequía, que en estos momentos sigue formalmente en pie aunque rodeada de dudas y pendiente de la llamada que la vicepresidenta hará en la tarde de este lunes al presidente andaluz. De hecho, la propia Ribera ha anunciado que suspende el encuentro que estaba previsto para mañana entre el Gobierno y los 14 ayuntamientos del entorno de Doñana, en la que debía abordarse el reparto de las ayudas estatales que deben gestionar unos municipios enfrentados por ello.
“A mí me preocupa lo que he visto, porque me lo he encontrado ya publicado en un diario oficial”, ha subrayado la ministra para la Transición Ecológica, que ha puesto en contexto esta aparente marcha atrás en el idilio que mantenían ambos gobiernos en Doñana: “Es muy difícil trabajar para reducir las presiones sobre Doñana, dedicar un volumen de recursos muy notable, buscar consenso con las comunidades locales, con las administraciones, con la comunidad científica, con el Patronato y el Consejo de Participación de Doñana y encontrarnos que, frente a todas estas políticas para reducir las presiones, de un día para el otro se produce una legalización retroactiva de usos agrarios en suelo forestal”.
El artículo que ha desatado la tormenta es el 242 de la Ley de Simplificación Administrativa, en el que se recoge que pueden volver a ser agrícolas superficies que ya lo fueron en su momento pero en las que se quitaron los cultivos para introducir plantaciones de las consideradas de turno corto, como eucaliptos y chopos, básicamente para aprovechamiento maredero. Para el Ejecutivo andaluz, lo que se hace es ajustar la norma a la Ley Forestal estatal, de 2003 pero a la que en 2015 se le introdujo un nuevo apartado que deja en manos de los propietarios de estos terrenos la decisión de si siguen siendo forestales o los vuelven a convertir en agrícolas.
No lo ven así en bloque ni los tres partidos de izquierda presentes en el Parlamento andaluz ni las organizaciones ecologistas. Para Juan Romero, de Ecologistas en Acción, “ha quedado demostrado que no pensaron nunca en retirar la proposición de ley de Doñana”, ya que “están haciendo lo mismo pero con otras fórmulas jurídicas”, mientras que WWF considera que se reduce la protección ambiental de las zonas forestales de Doñana y se permite regularizar a agricultores ilegales. A su juicio, el decreto de simplificación esconde “una amnistía en toda regla para las transformaciones ocurridas en determinados suelos forestales que fueron convertidos ilegalmente en suelos agrícolas”.
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