La Asociación Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa) ha solicitado al Juzgado de lo Penal número 1 de Huesca que ejecute el auto que autoriza las visitas a la cueva de Chaves, en la Sierra de Guara (Huesca), criticando “la dilación” por parte de la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Aragón.
En una nota de prensa, Apudepa señala que “la petición oficial para acceder a la cueva de Chaves y su entorno, también declarado BIC, la formuló con carácter oficial la propia Dirección General de Patrimonio, organismo que a pesar de las reiteradas solicitudes formuladas por Apudepa, la Asociación Valle de la Gloria, Ecologistas en Acción Huesca y la Plataforma para la Defensa del Patrimonio de Huesca, responde con evasivas e inexplicables dilaciones a la convocatoria de puertas abiertas”.
El Juzgado de lo Penal número 1 de Huesca autorizó el pasado mes de octubre “de forma urgente” el acceso al yacimiento arqueológico de la cueva de Chaves y su entorno inmediato para los dos proyectos arqueológicos impulsados por el Gobierno de Aragón y para las jornadas de puertas abiertas que puedan establecerse según avancen los trabajos.
“Hemos presentado ante el Juzgado la solicitud de apertura al coto de Bastarás ya que no entendemos la equívoca actitud de Patrimonio”, ha indicado la presidenta de Apudepa, Belén Boloqui.
Ha rechazado la “interpretación sesgada y restrictiva del auto judicial, máxime cuando el propio juez titular de lo Penal sostiene su decisión apelando a la Ley del Patrimonio cultural aragonés, que prevé la apertura de un BIC cuatro días al mes”. “No obstante, incluso consideraríamos admisible inicialmente que, dadas las circunstancias legales y propietarias, se dictara una visita pública mensual”.
La sociedad propietaria de la cueva es contraria a la autorización de las visitas. La finca, que se encuentra arrendada todavía, explican desde Apudepa, es propiedad de Fimbas S.A., lo que no obsta para que el juzgado considere irrenunciable la autorización. “Este bien inmueble --señala el auto citado- está pendiente de entrega a la Diputación General de Aragón, siendo el único bien que tiene inscrito a su nombre la empresa que resultó condenada a hacer frente a los daños por responsabilidad civil derivada del delito [destrucción del yacimiento]. Con independencia del supuesto arrendamiento de la finca por parte de un tercero, Inversiones Patrimoniales Asturianas S.A., lo cierto es que la DGA está plenamente legitimada, atendiendo a la encomienda estatutaria de defensa del patrimonio arqueológico aragonés, para acceder a la finca de referencia y hacer las investigaciones e intervenciones que considere conveniente, y por el personal que esta considere competente y conveniente”.
Desde 2018 diversas entidades han reclamado que se cumpla la sentencia y que la propiedad de la cueva pase al Gobierno de Aragón “y que el espacio sea definitivamente público. Asimismo reiteramos que se retiren las vallas que lo cierran y la ciudadanía pueda recuperar los caminos contenidos en la finca”.