Tal día como hoy, hace un año, se pusó en marcha la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Aragón. No fue un día elegido al azar: el anuncio se hizo el 20 de noviembre, el aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco. La derogación de dicha ley fue uno de los requisitos de Vox para dar su respaldo al Gobierno de Jorge Azcón, apoyo que se rompería unos meses más tarde, en julio, tras las exigencias de Vox en materia migratoria.
La derogación de la Ley de Memoria Histórica en Aragón fue una de las condiciones del acuerdo entre PP y Vox para gobernar la comunidad y así lo reconoció Azcón en su discurso de presidencia. El 20 de noviembre iniciaron el proceso y el 1 de febrero lo llevaron a las Cortes de Aragón para su debate, que salió adelante con el voto a favor de PP y Vox, la abstención del PAR y los votos en contra de PSOE, CHA, Aragón-Teruel Existe, Podemos e IU.
Esta medida se encontró con muchas voces en contra, desde los partidos de la oposición a las asociaciones memorialistas, que consideraron que era un “auténtico batacazo social porque era un reconocimiento moral para las víctimas”, aunque en todo momento han confiado en el amparo legal que les proporciona la ley estatal.
El texto de la derogación contempla que quedan suspendidos el Censo de Memoria Democrática de Aragón, las Rutas de Memoria, el Inventario de Lugares y Rutas Democráticas y el Centro de Investigación de la Memoria Democrática. También se elimina el Registro de Entidades Aragonesas de Memoria Democrática y el Portal Web Institucional del Gobierno de Aragón sobre Memoria Democrática. Además, las actuaciones en el ámbito educativo relativas a la memoria democrática han sido canceladas o “sustituidas por actuaciones sobre la Historia de Aragón y la relevancia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la Constitución Española para los aragoneses”, según recoge el texto.
Tras la derogación, el Gobierno de Azcón anunció un plan de concordia en el que no se recoge ninguna referencia a la dictadura franquista ni a las víctimas de la represión durante esos 40 años de historia. Este plan contiene 26 objetivos, pero no establece medidas concretas para llevarlos a cabo. Sí que están contempladas las víctimas de terrorismo de forma específica, y la palabra terrorismo aparece en diez ocasiones en el texto de 26 páginas.
El plan de concordia también estuvo marcado por la polémica desde su anuncio el 5 de abril. Un mes después, Naciones Unidas publicó un informe en el que aseguraba que leyes como esta, llamadas de concordia, atentaban contra la legislación sobre derechos humanos al ordenar “la supresión de múltiples entidades, proyectos, sitios web y actividades de memoria histórica sobre las graves violaciones de Derechos Humanos” cometidas en el franquismo y “previstas o creadas en cumplimiento de la legislación estatal y autonómica vigente en la materia”.
El Gobierno de Aragón se rebeló contra este informe de la ONU y Azcón envío una carta asegurando que el escrito contenía “bulos” y criticando que no se habían puesto en contacto con el Ejecutivo para su elaboración: “Si se hubiesen puesto en contacto con el Gobierno de Aragón no habrían cometido errores de bulto como han cometido, entiendo que influenciados por la información que les ha trasladado el Gobierno de España, lo que dice ese informe es lisa y llanamente, mentira”.
El periplo judicial y político de esta derogación y del plan de concordia no acabó con el conflicto con la ONU. A finales del mes de mayo, Ángel Víctor Torres, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, anunció el recurso a la derogación de la ley ante el Tribunal Constitucional y aseguró que “supone una vulneración de los derechos humanos, retira la condena a la dictadura y hace mucho más complicado a las asociaciones y a los colectivos exhumar los restos de víctimas del franquismo”.
Antes de llegar a este recurso, Torres había invitado al Gobierno de Aragón a una comisión bilateral para tratar el asunto, pero el Ejecutivo autonómico se negó a acudir y envió una carta en la que “se ratifica en la plena constitucionalidad de la referida derogación legislativa aprobada por las Cortes de Aragón” y consideraba que una Comisión Bilateral Aragón-Estado “no permitiría la solución de la presente discrepancia competencial que resultase satisfactoria para ambas partes”.
El recurso del Gobierno central se admitió a trámite el 14 de junio y al mismo tiempo se acordó suspender la ley derogatoria durante cinco meses, conforme al artículo 161.2 de la Constitución, que ofrece esta posibilidad cuando el Ejecutivo nacional impugna disposiciones adoptadas por las comunidades autónomas.
El Constitucional debía decidir, tal y como establece la Carta Magna en dicho precepto, si ratificaba o levantaba la suspensión cautelar una vez transcurridos esos cinco meses. La Abogacía del Estado pidió mantenerla, pero las Cortes y el Gobierno de Aragón abogaron por lo contrario, correspondiendo el asunto a la magistrada progresista María Luisa Segoviano. Sin embargo, el Constitucional no estudió el asunto hasta días después de la fecha límite. Esto significa que desde entonces la ley derogatoria recobró su vigencia y que seguirá desplegando sus efectos hasta que el Constitucional sentencie definitivamente este asunto.