La familia de una joven asesinada en Langreo reclama el alejamiento del autor del crimen ante su salida de la cárcel
Patricia Fernández Guzmán, de 22 años, desapareció en la tarde del 13 de marzo de 2008 y su cadáver fue hallado calcinado 24 horas después por un grupo de menores que jugaba cerca de una escombrera del pozu Samuño, en La Nueva (Langreo). Celso M.B., que entonces tenía 33 años, y con el que esporádicamente mantenía una relación sentimental, había acudido unas horas antes a la peluquería donde trabajaba la víctima. Fue la última vez que fue vista con vida. Él fue condenado por su autoría en el crimen. Mañana, jueves, saldrá en libertad tras cumplir 16 años de condena.
Los padres y el hermano de la víctima son conscientes de que él ya ha cumplido la pena impuesta por el asesinato pero su principal temor es que pueda regresar a Langreo donde residen porque, según han explicado a elDiario.es Asturias, durante su estancia en prisión se aplicó la orden de alejamiento a la familia que iba implícita en la sentencia condenatoria.
“Siento rabia, impotencia y dolor porque estos días hemos vuelto a revivir todo lo que pasó con mi hermana y saber que vamos a tener tan cerca a su asesino es algo cuanto menos inquietante”, explica Saúl Fernández Guzmán.
“Es una situación muy difícil”, afirma el hermano de la víctima
Saúl tenía 12 años cuando mataron a su hermana. Hoy, con 28, mantiene intacto el recuerdo de Patricia cantando con él “a todo trapo” una canción grabada en un cd. A su muerte, lo primero que hizo fue tatuar su imagen en su brazo izquierdo y su nombre en la espalda como una forma de perpetuar su memoria.
Asegura que siempre la recuerda con una sonrisa y por eso le preocupa que el autor del crimen vuelva a enturbiar la tranquilidad que poco a poco intenta recuperar junto a su padre Carlos y su madre Felisi.
“Para mí, esta es la situación más difícil de toda mi vida, siendo ya consciente de lo que ocurrió veo que me hizo madurar muy rápido. El dolor no se va a ir nunca porque con el asesinato de mi hermana se ha ido un trozo de mi corazón que ya no voy a tener”, comenta.
Su padre, Carlos, admite que está “indignado” porque a partir de mañana, jueves, el autor de la muerte de su hija pueda cruzarse con él en la calle en cualquier momento.
“Como es una sentencia firme y ya ha cumplido la pena sabemos que poco más podemos hacer, pero nos gustaría poder estar tranquilos y no verle nunca más y que la orden de alejamiento se aplicara ahora y no entonces”, dice tajante.
Su mujer, Felisi, ha pasado estos años sin su hija con el corazón roto. Dice que si la muerte de Patricia se hubiera producido en un accidente o a consecuencia de una enfermedad sería igualmente doloroso, pero saber que fue asesinada y calcinada la mata por dentro.
“Esto es un sinvivir. Todo te la recuerda, especialmente los días peores son las fechas de cumpleaños, Reyes...”, corrobora.
La familia está especialmente agradecida a la labor realizada por la Guardia Civil de la entonces Comandancia de Gijón por la compleja investigación que llevó a cabo ante las dificultades de la identificación dado que el cadáver estaba calcinado y para reunir las pruebas suficientes para determinar la autoría del crimen.
Un agradecimiento que hace extensiva a la antigua comisión de festejos de la localidad de Lada, a los vecinos de Langreo, a la entonces corporación municipal langreana y a la Asociación Maeve que lucha contra la violencia de género y ofrece apoyo a las víctimas. Todos ellos participaron en una concentración silenciosa en solidaridad con la familia en la plaza del Ayuntamiento de Langreo tras el hallazgo del cuerpo de Patricia.
La cronología del crimen
Celso M.B. fue detenido 24 horas después del hallazgo del cadáver de Patricia. Tras pasar a disposición judicial, ingresó en prisión.
Un jurado popular integrado por seis hombres y tres mujeres asumió el enjuiciamiento de la vista oral de la causa en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Oviedo. El juicio arrancaba el 15 de noviembre de 2010.
La Fiscalía pidió 15 años de cárcel para Celso M.B. como autor de un delito de homicidio con la agravante de aprovechamiento del lugar y solicitó una indemnización de 160.000 euros para los padres y de 60.000 euros para su hermano por los daños morales ocasionados.
La acusación particular, ejercida por los padres de la víctima, elevó su petición a 25 años de cárcel al sostener que se trataba de un asesinato, al haber actuado el acusado con alevosía y no haber dado opción a Patricia para defenderse. Reclamó una indemnización de 650.000 euros para los familiares de la joven.
El abogado defensor, por su parte, interesó la libre absolución al mantener que su representado no tenía relación alguna con el crimen.
Una de las sesiones más duras corrió a cargo de los médicos forenses que afirmaron que el autor prendió fuego al cuerpo para destruir las pruebas.
Las declaraciones
Agentes de Criminalística de la Guardia Civil detallaron en la vista oral que existían restos de etanol en las uñas y de gasóleo y gasolina en una colilla, una gamuza, unos guantes de trabajo y una botella de whisky en el coche del acusado.
Responsables del departamento de Biología añadieron que las pruebas revelaron la existencia de ADN que coincidían con los de la víctima en una gamuza y en la sudadera que se recogió en la casa del acusado, así como una mezcla de los perfiles genéticos de agresor y víctima bajo las uñas de la mujer.
Los forenses cifraron la muerte de Patricia sobre las ocho y media de la tarde de ese 13 de marzo de 2008. Los restos mortales presentaban quemaduras susceptibles de ocasionarle por sí solas la muerte.
En apenas cuatro horas, el jurado alcanzó un veredicto por unanimidad: el acusado era culpable de un delito de asesinato, se mostró contrario a un posible indulto y a la suspensión de la condena. En su argumentación explicó que las causas de que el acusado quemara el cuerpo fueron su intención de ocultar las huellas del delito y no para acabar con su vida.
El jurado indicó que actuó con alevosía, al agredir a Patricia en un lugar apartado, que no podía verse desde la carretera y sin dar opción de defensa a la víctima que no podía esperar un ataque similar procedente de una persona con la que mantenía una relación sentimental esporádica.
El tribunal popular llegó a la conclusión de que las pruebas aportadas por la Guardia Civil habían sido “veraces, coherentes y minuciosas”, mientras que por el contrario el acusado había efectuado declaraciones que, bajo su criterio, “carecían de coherencia y sensatez”, puesto que se contradecían con las manifestaciones ante las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado y con las versiones de los testigos.
El veredicto de culpabilidad por asesinato obligó a las partes a modificar sus conclusiones de forma que la Fiscalía elevó su petición de 15 a 18 años de cárcel y la acusación particular rebajó su solicitud de 25 a 20 años de prisión. La defensa pasó de su petición absolutoria a demandar 15 años de cárcel.
“Patricia no vuelve, no va a volver”, contestó su padre, Carlos, al ser preguntado si en su opinión se había hecho justicia y reclamó que al menos Celso “cumpla lo que le caiga” en la sentencia aunque a él, particularmente, le gustaría que “no saliera nunca más en la vida de la cárcel, pero eso no es así”.
La Audiencia Provincial de Asturias dictaba la sentencia: 18 años y seis meses de cárcel.
La rebaja de la pena
La sentencia condenatoria fue recurrida en apelación por la defensa del acusado. El 30 de marzo de 2011 el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) rebajaba la pena de 18 años y seis meses de cárcel a 15 años de cárcel. Los magistrados de la Sala Civil y Penal del alto tribunal asturiano no apreciaron alevosía y, por tanto, el caso pasaba de ser considerado un asesinato a ser calificado como un homicidio.
El fallo recogía expresamente que el tribunal no había visto probado “cómo, ni en qué momento Celso tomó o utilizó el objeto con el que golpeó a la víctima, ni si ambos discutían en ese momento y de qué manera”.
Este jueves, Celso M.B. saldrá en libertad tras cumplir su condena. La familia de su víctima confía en no volver a verle más, aunque son conscientes de que ya ha pagado penalmente su pena y no tiene restricción alguna de movimientos.
“Queremos estar y vivir tranquilos. Es lo mínimo que podemos pedir y que Patricia no caiga en el olvido”, reclaman sus padres y su hermano.
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