La Dirección del Grupo Popular tiene decidido sancionar a los cinco diputados que este martes se negaron a votar a favor de su proposición de ley de reforma parcial de la ley de aborto, entre ellos, Javier Puente, representante del PP de Cantabria, que ha sido nombrado este miércoles candidato a la Alcaldía de Ribamontán al Mar.
Sin embargo, no aplicará el mismo castigo a todos y, en todo caso, prefiere esperar a que concluya toda la tramitación parlamentaria de la iniciativa para acumular nuevas rupturas de voto de los mismos u otros parlamentarios. En el peor de los casos, se calcula que un diputado podría sumar hasta 1.800 euros.
En la votación del martes, donde se tomó en consideración la propuesta del PP para obligar al consentimiento paterno a las jóvenes de 16 y 17 años que quieran interrumpir su embarazo, hubo una diputada que votó en contra, la madrileña Eva Durán, y cuatro que prefirieron no participar en la votación: José Eugenio Azpiroz (Guipúzcoa), Lourdes Méndez (Murcia), Javier Puente (Cantabria) y Antonio Gutiérrez Molina (Melilla).
Tres de estos diputados (Azpiroz, Méndez y Puente) explicaron por carta a sus compañeros del Grupo Popular que se desmarcaban por considerar insuficiente la reforma parcial de la ley de aborto ya que mantiene los plazos para interrumpir voluntariamente el embarazo (14 primeras semanas de gestación).
Discrepancia pública
Según informaron a Europa Press en fuentes de la dirección del Grupo Popular, a la hora de aplicar la sanción habrá que analizar la actitud que ha mantenido cada uno de estos diputados a lo largo de las últimas semanas y el sentido del voto. Es decir, no puede tratarse de la misma forma el voto en contra que no votar, y tampoco es igual quienes han aireado públicamente su discrepancia que los que se han mantenido al margen de polémicas públicas.
También se tendrá en cuenta la responsabilidad que ocupan en el grupo parlamentario, pues se da la circunstancia de que dos de ellos, José Eugenio Azpiroz y Lourdes Méndez, no son diputados de base sino que presiden sendas comisiones en el Congreso (Empleo y Discapacidad).
Todos estos elementos influirán en la decisión final de las multas, que serán individualizadas dentro de una horquilla que va de 150 a 600 euros. Pero, en todo caso, la dirección del Grupo Popular “no piensa precipitarse” y esperará a ver la evolución de la tramitación por si hay reincidencia.
Faltan dos votaciones
Y es que se calcula que, tras las elecciones de mayo, puede haber dos o tres votaciones más sobre esta reforma en el Pleno del Congreso: Una sobre las enmiendas de totalidad que presenten PSOE e Izquierda Plural, donde no habrá discrepancias porque lo que piden es mantener tal cual la ley de plazos de 2010, y las votaciones definitivas de la proposición del PP (la del dictamen de la comisión y la votación de conjunto dado que el de rango orgánica). Acumular tres multas que se consideren especialmente graves podría suponer una suma global de 1.800 euros para un diputado.
Lo que el PP no quiere arriesgar bajo ningún concepto es esa votación final de carácter orgánico, que requiere sumar 176 votos presentes a favor. En principio no tiene problemas si no hay muchas ausencias y dando por hecho que volverá a sumar los seis de Unió (UDC), el de UPN y el de Foro Asturias.