Las consecuencias de perder Caja Cantabria

En términos históricos es muy complejo señalar cuál puede haber sido la mayor pérdida del patrimonio común para nuestra tierruca. Sin embargo, acotando el horizonte temporal desde que Cantabria se constituyó en comunidad autónoma hasta nuestros días, quizás se pueda señalar lo ocurrido con Caja Cantabria como la mayor pérdida de nuestro patrimonio común.

Todo lo acontecido durante las dos últimas décadas en torno a Caja Cantabria ha llevado a la pérdida de una herramienta de primer orden para el desarrollo de Cantabria. En un breve repaso de lo que hemos perdido por las decisiones políticas y de gestión empresarial tomadas sobre la Caja de Ahorros de Santander y Cantabria (de denominación comercial y popular Caja Cantabria) especialmente en los últimos años de su existencia, podemos identificar efectos negativos a varios niveles: para los hogares, las empresas y el sector público.

En términos generales, el crédito en Cantabria ha caído desde 2008 un 36,7%. El hecho de que la economía cántabra tenga actualmente acceso solo a dos terceras partes del crédito existente hace una década no se explica únicamente por la crisis, pues esta afectó a toda la economía española y en Cantabria la caída relativa ha sido mayor. En el caso cántabro, buena parte del diferencial negativo con el marco de comparación estatal se encuentra en la pérdida de Caja Cantabria como entidad financiera propia tras su integración en Liberbank.

Pero la pérdida para la economía de Cantabria no solo es una cuestión que afecte al crédito en términos generales. También se han producido importantes efectos asimétricos en el acceso al crédito. En el caso de los hogares, hoy en día en muchos casos es muy complicado acceder a la financiación de una vivienda. Lo que en la práctica resulta en una exclusión al acceso a un bien básico para el que hace unos años no hubieran tenido problemas. Por otra parte, los cierres de oficinas de la antigua Caja Cantabria, la sustitución de empleo por máquinas y negocio por internet o la adopción plenamente de prácticas de negocio bancario han supuesto el incremento del riesgo de exclusión en el uso de los servicios financieros de las personas de más edad o de personas que viven en entornos rurales. Por no hablar de la comercialización de productos que no se corresponden con el perfil de las personas a las que se ofrecen. En esta última cuestión seguro que muchos pensarán en las participaciones preferentes, y no es para menos, pero el caso llega mucho más allá. Por casualidad, esta misma semana al ir a utilizar un cajero pude ayudar a una persona mayor que no sabía utilizar una tarjeta que le habían vendido y que, en su frustración, me comentó que ni siquiera la quería pero que ahora pagaba por ella y no la sabía utilizar. Este caso, para nada trivial, nos habla del día a día de la asimetría de información en el sector financiero, de la exclusión financiera en la práctica y de cómo hay quien gana y quien pierde con ella. Y aquí una herramienta como fue Caja Cantabria durante buena parte de su historia (hasta que empezó a funcionar progresivamente como un banco… llegando, posteriormente, a ser parte de uno), hubiera podido desarrollar una línea de funcionamiento con mayor peso de los criterios sociales que del criterio de maximización del beneficio.

Los efectos se extienden también a la financiación empresarial, donde muchas pequeñas y medianas empresas tienen un acceso muy limitado al crédito, o no tienen acceso al mismo. Esto ha afectado negativamente al empleo que se ha podido crear en Cantabria, así como a la falta de financiación para la necesaria modernización de nuestra estructura productiva. Añadamos la pérdida directa de cientos de empleos dentro de la propia entidad financiera. Que, quizás por tener una mayor fragmentación de sus centros de producción no haya sido tan visible pero que si quisiéramos hacernos una idea podríamos visualizarlo como el efecto del cierre de una gran factoría.

También el propio Gobierno de Cantabria hubiera podido financiar parte de su endeudamiento a unos tipos de interés mucho más reducidos en caso de haber dispuesto de una herramienta que primase el desarrollo socioeconómico común sobre la maximización del beneficio. Pero esa herramienta se perdió cuando Caja Cantabria abandonó su naturaleza histórica (antes incluso de dejar de ser legalmente una caja). Sin dicha pérdida los cántabros podríamos haber evitado pagar parte de los intereses que el Gobierno de Cantabria ha abonado (en los últimos cinco años algo más de 300 millones) de haber contado con una financiación más asequible con Caja Cantabria como herramienta financiera. La misma lógica que para el ejecutivo autonómico podríamos aplicar para los ayuntamientos.

Y estos son solo algunos de los efectos sin entrar en otras cuestiones relevantes como, por ejemplo, la capacidad perdida de la potente obra social que realizaba la entidad o la pérdida de capital de más de 300 millones de euros entre lo que suponía la antigua Caja Cantabria y la participación de la fundación actual en Liberbank. La pérdida económica para Cantabria por esas decisiones tomadas en torno a Caja Cantabria ha sido uno de los mayores lastres con los que nuestra tierra ha podido afrontar la crisis que la azota desde 2008. Y no pensemos que fue una pérdida producida en un único momento o por la crisis.

Se comenzó a comprometer el valor de Caja Cantabria como herramienta común de desarrollo para nuestra sociedad y nuestra economía desde que se sustituyó progresivamente un modelo que fue exitoso (tanto como para batir al mismo Banco Santander en varios segmentos del negocio financiero en Cantabria), sostenible durante más de un siglo y contribuyó al desarrollo cántabro por una caja que cada vez funcionaba más como un banco. Posteriormente, sucesivas vueltas de tuerca en esa dirección, tanto por decisiones regulatorias, políticas y de gestión en la entidad, no hicieron sino agravar el problema. Por lo que no fue la crisis ni fue algo inevitable lo que ha ocurrido con Caja Cantabria. Más bien fue algo que se alimentó voluntariamente, cuando se tomaron sucesivas decisiones que acabaron poniendo en riesgo un patrimonio público común cántabro.

Dada la pérdida común de esa herramienta de desarrollo y el vacío que ha dejado en la economía de Cantabria, hay que preguntarse qué pasó. Es necesario investigar cómo y por qué se tomaron las decisiones para este resultado, estudiar con profundidad y rigurosidad las consecuencias de tales decisiones y, si se diera el caso, exigir responsabilidades. Es difícil de entender por qué a nivel estatal o en otras comunidades autónomas se está investigando en los parlamentos qué ocurrió con situaciones relativamente similares y aquí no. Es, también, difícil entender que una pérdida común que superaría los cientos de millones de euros se haya producido en medio de un silencio ensordecedor, en lo social y en lo mediático. Lo ocurrido con Caja Cantabria merece una investigación que arroje luz sobre la cuestión. Por el daño económico y social causado, por la pérdida de una herramienta para el desarrollo que ahora echamos en falta y, también, porque un mejor conocimiento sobre lo ocurrido puede permitirnos aprender para no repetir errores en las pocas herramientas comunes de desarrollo que nos quedan.

En términos históricos es muy complejo señalar cuál puede haber sido la mayor pérdida del patrimonio común para nuestra tierruca. Sin embargo, acotando el horizonte temporal desde que Cantabria se constituyó en comunidad autónoma hasta nuestros días, quizás se pueda señalar lo ocurrido con Caja Cantabria como la mayor pérdida de nuestro patrimonio común.

Todo lo acontecido durante las dos últimas décadas en torno a Caja Cantabria ha llevado a la pérdida de una herramienta de primer orden para el desarrollo de Cantabria. En un breve repaso de lo que hemos perdido por las decisiones políticas y de gestión empresarial tomadas sobre la Caja de Ahorros de Santander y Cantabria (de denominación comercial y popular Caja Cantabria) especialmente en los últimos años de su existencia, podemos identificar efectos negativos a varios niveles: para los hogares, las empresas y el sector público.