El Gobierno de Cantabria que preside María José Sáenz de Buruaga (PP) impulsará esta legislatura un nuevo proyecto de Ley de Vivienda que va a priorizar lo que el Partido Popular considera los “problemas más importantes” que existen en este ámbito, de modo que la norma “proteja la propiedad privada” e incluya “todas las barreras posibles a la okupación”.
“Aunque la mayoría de las competencias para frenar este fenómeno son estatales y han sido articuladas en favor del okupa desde la ley de acceso a la vivienda dictada por el Gobierno de Pedro Sánchez, desde nuestras competencias, Cantabria no dejará ni un solo resquicio en la ley que vamos a desarrollar para que el propietario no se encuentre desprotegido”, ha dicho el consejero de Fomento, Roberto Media (PP).
Así lo ha destacado el consejero durante la gala anual de la asociación Afilia Inmobiliaria, en la que el Gobierno cántabro ha reiterado su compromiso para implantar en esta legislatura “las medidas necesarias que faciliten el acceso a la vivienda en la comunidad autónoma”. Además, volverá a reclamar al Estado una norma nacional “más sensata” y que “no ponga por delante los intereses de los okupas frente a los propietarios” para incrementar la oferta de vivienda en alquiler.
Media ha defendido que el fenómeno de la okupación o las demoras en los desahucios de inquilinos morosos “está generando inseguridad” y están haciendo que se retiren del mercado muchas viviendas en alquiler. En este sentido, ha puesto de ejemplo el 'Plan Moviva' que se creó por el anterior Ejecutivo PRC-PSOE para movilizar vivienda vacía en Cantabria y que solo cuenta con seis solicitudes de propietarios.
Como ha descrito el consejero responsable de estas políticas en el Ejecutivo, la situación de la vivienda es “preocupante” en el país, donde se incrementa el porcentaje de jóvenes que tienen que vivir con con sus padres.
Frente a ello, el consejero ha reivindicado que el Gobierno cántabro ha incrementado un 5% para 2024 el dinero que destina a vivienda, hasta los 48,1 millones. También ha recordado el anuncio de la construcción de 171 viviendas de alquiler para jóvenes en siete ayuntamientos, con una partida de fondos europeos de 13 millones.
“Este Gobierno va a construir más vivienda pública en estos cuatro años que en las últimas dos décadas”, ha subrayado Media en su intervención durante esta gala. También ha apuntado los diferentes programas de ayudas al alquiler, como el bono joven y el destinado a colectivos vulnerables, que para el año 2024 están dotados con cerca de 10 millones para facilitar la emancipación.
Respecto al programa de rehabilitación de viviendas, ha señalado que mantendrá sus reivindicaciones ante el Gobierno de España para exigir “el dinero que adeuda a los cántabros” y “tapar el agujero” de 28 millones que dejó el anterior Gobierno cántabro.
Durante su discurso, el consejero del Gobierno cántabro ha expresado su apoyo a los agentes inmobiliarios y ha asegurado que la futura Ley de Vivienda de Cantabria que se está redactando incluirá iniciativas para reforzar el papel de este importante colectivo profesional y empresarial de Cantabria.
“Los consumidores necesitan de seguridad en el tráfico de las transacciones inmobiliarias, necesitan confianza, y estos aspectos se impulsarán a través del contenido de la ley con la creación de un registro autonómico de agentes inmobiliarios que acredite ante el cliente la profesionalidad y solvencia”, ha señalado.
Reforma fiscal
Además, se ha referido a la reforma fiscal que va a entrar en vigor el 1 de enero, que, según ha detallado, elimina el tope de renta en la deducción por alquiler de vivienda para jóvenes en el IRPF que elevará la edad hasta los 36 años, y rebaja hasta el 4% el impuesto de transmisiones patrimoniales para la compra de vivienda.
También ha recordado que la reforma va a “favorecer” a los municipios en riesgo de despoblamiento al eliminar el tope de renta en las deducciones del IRPF por arrendamiento de vivienda habitual, o por los gastos ocasionados al trasladar la residencia habitual a una zona de Cantabria en riesgo de despoblamiento por motivos laborales.
En el impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD) se rebajará el tipo general para la compra venta de bienes inmuebles del 10% al 9%.
La reforma fiscal también ayudará, según Media, a los cántabros a acceder a su primera vivienda gracias a rebajar el tipo de transmisiones patrimoniales para la vivienda habitual al 7% para bienes inmuebles de hasta 200.000 euros. A partir de ese valor se aplicaría el tipo general del 9%.