Cerca de dos años han pasado ya desde que empezaron a tomar forma los primeros proyectos de parques eólicos en Cantabria. Cerca de dos años en los que vecinos, autoridades locales y asociaciones ecologistas no han cesado en su empeño en paralizar lo que consideran que es “una burbuja de la energía eólica”, y es que la comunidad tiene contemplados 36 proyectos que se distribuyen, principalmente, entre el sur y el centro del territorio.
Precisamente, dentro de esta lucha, hace unos meses se creó un 'Fondo para la Defensa Jurídica de la Cordillera Cantábrica' que consiguió recaudar cerca de 50.000 euros que servirían para frenar la construcción de los parques en las comunidades del norte. Así, y gracias a la obtención de estos recursos, las plataformas cántabras pidieron paralizar cautelarmente el parque de El Escudo, uno de los más avanzados de la comunidad.
Ahora, los colectivos afectados por los eólicos han decidido recaudar su propio fondo económico a través de la plataforma de micromecenazgo 'Gofundme' que les permita llegar a los tribunales y así seguir con el modelo de los compañeros del resto de España para el resto de parques. La forma escogida es un crowdfunding o micromecenazgo a través del cual se pretende llegar a 6.000 euros que servirán para crear “una bolsa de resistencia” con la que seguir dando pasos en firme después de haber alegado en la tramitación de cerca de 30 parques. En este caso, han señalado desde las agrupaciones, es “imprescindible” contar con un fondo económico como “herramienta para seguir luchando” en el resto de proyectos que aún están en trámites.
“Queremos implicar a la sociedad civil y necesitamos su compromiso porque estamos viendo en casos como el de Villanueva de Oscos, donde el Tribunal Superior de Asturias ha avalado que los ayuntamientos puedan frenar parques eólicos”, ha explicado una de las portavoces, Carmen González, en rueda de prensa.
“Nos da esperanza y ayuda a sentar precedentes sobre que hay jueces que se han dado cuenta de que los colectivos trabajan en la línea de proteger el territorio”, han revelado. Además, y aportando otro ejemplo, han contado el caso de Villar de Canes, un municipio de Castellón donde se ha realizado un referéndum avalado por el Consejo de Ministros entre los vecinos para votar a favor o en contra de la implantación de un parque eólico.
Asimismo, preguntados por la implicación de los consistorios, desde el colectivo han confirmado que “no hay problemas” ya que todos los alcaldes comparten la opinión de unos vecinos que, en muchos casos, han votado a través de una consulta en la que se ha confirmado el 'no' a los eólicos “por mayoría absoluta”. “También hemos implicado a los ayuntamientos y hay zonas que ya tienen el compromiso de aportar seguros jurídicos o, por lo menos, de ayudar a contratarlos”, han aseverado.
Por lo tanto, y después de afirmar que la comunidad científica les “refrenda”, este colectivo ha advertido que, lejos de que las energías renovables supongan energía limpia, “toda la cadena de las renovables incluye combustibles fósiles”. Así, defienden que el cambio de modelo no debe ser el actual: “No se trata de contaminar y sacrificar algunos sitios para darles la energía a otros, o de seguir construyendo parques sin parar con materiales finitos y que hay que traer de otros continentes. El modelo es el de decrecer porque la red eléctrica ya está sobredimensionada y esto implicará producir por producir”, ha defendido Miguel Santamaría este jueves.
El impacto de los parques eólicos
Por otro lado, estos miembros contrarios a los aerogeneradores también han querido reiterar los motivos que les han llevado a tener una posición tan determinante y han destacado que, a diferencia de lo que se cree, “los parques no solo afectan a los valles, sino que es un problema de todos y lo que suceda en nuestros manantiales repercutirá en los grifos de Santander”.
De esta forma, han recordado que uno de los principales problemas que traería la implantación de esta energía “es el asesinato de suelos fértiles”, algo que, han recordado, no se podrá recuperar y llevará consigo un cambio en la flora y la fauna. No obstante, el impacto paisajístico, socioeconómico o del patrimonio también han sido algunos de los motivos que han alegado desde el colectivo para mostrar cómo los parques podrían traer “aún más despoblación” en zonas con un saldo vegetativo que es más negativo año tras año. “La biodiversidad hay que protegerla, ¿cómo piensan frenar el despoblamiento si ponen un molino a un kilómetro de las casas?”, se ha preguntado Ángel Santamaría, uno de los intervinientes en la rueda de prensa.
Por último, han recordado que estas iniciativas se están multiplicando dentro de Cantabria y fuera de ella, y han asegurado que se trata de “macroproyectos” llevados a cabo por grandes empresas energéticas que están dispuestas “a sacrificar” territorios para formar parte de lo que denominan como “burbuja energética”. “No beneficia a la gente de allí, beneficia a otras personas, y lo que hace falta es una legislación que regule todo esto”, han concluido.