El PP, con el arranque del nuevo curso político tras el periodo estival, ha dado el primer paso para derogar la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria aprobada durante la pasada legislatura por el Gobierno bipartito PRC-PSOE. Y lo ha hecho presentando una proposición de ley en el Parlamento autonómico días después de que Vox le presionara para dar cumplimiento al acuerdo de revocar la norma alcanzado por ambas formaciones hace un año.
Para los populares, tumbar esta ley “es bueno para la convivencia y sano para la democracia”. “Por encima de todo se trata de una iniciativa de higiene democrática; lo más sano es derogarla, por cómo se hizo y también por lo que contiene”, ha manifestado este jueves en un comunicado el diputado regional y senador autonómico, Íñigo Fernández (PP).
El PP cántabro, siguiendo la línea de esta formación en otros territorios en los que se ha mostrado partidario de sustituir las leyes de memoria por las que denominan “de concordia”, equipara a víctimas de la Guerra Civil y del franquismo con sus verdugos señalando que “no se puede distinguir entre víctimas de primera y de segunda según su adscripción ideológica”.
Para Fernández, tanto lo que su partido denomina 'Comisión de la Verdad', como “la imposición de un relato manipulado y con omisiones, el adoctrinamiento en las aulas, las subvenciones con dinero público a determinadas asociaciones o el establecimiento de distintas categorías de víctimas según su ideología no tienen manera de encajarse en un mínimo consenso social”.
El PP llama 'Comisión de la Verdad' al órgano colegiado denominado realmente Comisión de la Memoria, que tiene como objetivos, tal y como recoge la propia ley, “el reconocimiento a las víctimas; promover la reconciliación y la paz; servir como instrumento para conocer los hechos que permanecen ocultos acerca de abusos, violaciones de derechos y desapariciones; conmemorar y hacer duelo por las víctimas de la represión política; y preservar la evidencia documental que sirva para la conmemoración y el recuerdo de hechos históricos para evitar que ocurran nuevamente”.
“En una sociedad democrática del siglo XXI no puede existir una 'Comisión de la Verdad' en la que cinco miembros nombrados por el Gobierno elaboren un relato de lo ocurrido hace 85 años y obliguen a toda la sociedad a comulgar con él, incluidos los investigadores; que imponga multas y sanciones a quienes defienden puntos de vista diferentes; que diseñe una asignatura para impartir en los colegios sin el concurso de los profesores; que establezca diferencias entre quienes sufrieron violencia y represión política en la II República y la Guerra Civil, distinguiendo entre víctimas de primera y de segunda según su adscripción ideológica”, ha argumentado el parlamentario popular.
Lo cierto es que, según la norma, los cinco miembros no son elegidos por el Gobierno. Son dos los elegidos por el Ejecutivo autonómico, mientras que los otros tres restantes lo son por el Parlamento de Cantabria a propuesta de los grupos parlamentarios.
Según Fernández, la labor de la Comisión de la Memoria “es propia de una dictadura comunista, pero no de una sociedad europea y democrática”. “Ya está bien de dividir a la sociedad y enfrentar a la gente todo el día, como si este país no tuviera problemas más serios y urgentes que abordar”, ha instado.
Trabajos de exhumación
Para el PP, los socialistas “impusieron a toda la sociedad de Cantabria” en 2021 la Ley de Memoria Histórica “sin escuchar a nadie y sin dialogar con nadie”. En este sentido, los populares, en su propuesta alternativa, se comprometen a mantener el apoyo del Gobierno de Cantabria “a todos los procedimientos de localización o exhumación de restos que se soliciten por parte de familiares de las víctimas” y, para ello, remiten expresamente a lo regulado en la Ley de Patrimonio Histórico de Cantabria.
“A nadie se le niega ese derecho”, ha subrayado Fernández, que ha precisado que en este momento “no hay ningún procedimiento abierto porque no hay ni una sola petición sobre la mesa”. Lo cierto es que el PP, cuando llegó al Gobierno hace un año, paralizó las prospecciones que se estaban llevando a cabo en cuatro fosas pese a que anunció que mantendría los trabajos.
En cuanto a la custodia del material documental, “queda garantizada”, según recoge el texto del PP, mediante la remisión a lo dispuesto en la Ley de Cantabria de Archivos y Bibliotecas. “La documentación se va a proteger y los investigadores van a poder trabajar con una libertad que la ley les negaba, es decir, sin que nadie les diga cuál tiene que ser el resultado final de sus investigaciones”, ha expresado el parlamentario popular.
Por último, Fernández ha asegurado que la derogación de esta norma “va a suscitar mucho más consenso que su aprobación, porque se apoya en el sentido común y en el respeto a la convivencia y no en la imposición y el sectarismo”. Al hilo, ha reiterado que España y Cantabria “tienen hoy retos mucho más importantes que dedicar el debate político a que unos impongan a otros un relato de lo que ocurrió hace 85 años con el único fin de dividir y enfrentar a la sociedad”.
El PSOE exige al PP que “frene su ofensiva”
Al hilo de la proposición de ley presentada por los populares para derogar la norma en vigor, el PSOE se ha mostrado crítico y ha exigido este jueves a la formación encabezada por la presidenta autonómica, María José Sáenz de Buruaga, que “frene su ofensiva” para derogar una ley que se aprobó “para devolver la dignidad y memoria de las víctimas y cerrar heridas aún abiertas”. “Esto es un ataque directo a nuestros derechos”, ha criticado el diputado socialista Mario Iglesias, al tiempo que ha anunciado que el PSOE impulsará medidas para evitar la derogación de la ley.
Asimismo, ha pedido explicaciones a la consejera de Cultura por haber tenido “totalmente paralizada la campaña de exhumaciones”. “El PP y su compañero de viaje, Vox, siempre han tenido problemas con la memoria, se olvidan de que en España hubo dictadura y una Guerra Civil que dejó muchas vidas enterradas en fosas y cunetas”, ha sentenciado Iglesias.
Además, ha advertido a Buruaga que “no se le olvide que contamos con una Ley de Memoria Histórica estatal, que su Gobierno tiene obligación de cumplir y no lo está haciendo”. Para el diputado socialista, la norma actual “es reconciliación, justicia, verdad y reparación; y es permitir que las familias que perdieron a un ser querido y no saben dónde están sus retos puedan saberlo”.
Tras el acuerdo alcanzado hace un año entre PP y la extrema derecha de Vox para derogar esta normativa, surgió en la Comunidad la denominada Plataforma Memoria y Democracia de Cantabria, conformada por casi un centenar de organizaciones y bajo el lema 'sin memoria no hay futuro'. Desde entonces, sus integrantes han desarrollado diversas acciones reivindicativas, como concentraciones, manifestaciones y las conocidas como 'rutas de la memoria'. Además, entregaron a los diputados del PP en el Parlamento autonómico una 'cartilla básica' de memoria histórica y democrática para tratar de persuadirles de tumbar la ley.