Feminismo como derecho de todas, nunca como propiedad de unos pocos

La violencia contra la mujer se agrava, incluso, en las instituciones públicas. La igualdad y la no discriminación son principios básicos en la protección de los derechos humanos. Constituyen la base del Estado de Derecho y son esenciales para construir sociedades más justas, democráticas e igualitarias. Sin embargo, la violencia contra las mujeres sigue siendo uno de los mayores obstáculos para la igualdad, el desarrollo, la paz, y el pleno respeto de los derechos humanos.

En este contexto, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979), se posiciona como el instrumento internacional más completo en materia de derechos de las mujeres. Su finalidad principal es eliminar la discriminación y la violencia de género, garantizando la igualdad plena entre mujeres y hombres. 

Resulta necesario subrayar que la igualdad entre las personas constituye es un derecho humano universal, reconocido ampliamente en diversos documentos internacionales. Este principio establece que los derechos humanos son inherentes a todas las personas, sin distinción de género, y promueve un trato equitativo en ámbitos, como el acceso a bienes y servicios, la participación política, la toma de decisiones y la libertad de expresión.

Es crucial comprender que la igualdad de género no implica tratar a hombres y mujeres de manera idéntica en todas las circunstancias. Más bien, se refiere a garantizar que las oportunidades, los derechos y el acceso a recursos no se vean condicionados por el sexo de las personas. Esto significa que la ley debe aplicarse de manera justa, considerando las circunstancias particulares de cada sujeto, para asegurar un trato equitativo y no discriminatorio.

A pesar de los avances conseguidos, la violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas en todo el mundo. Se calcula que, a nivel global, casi una de cada tres mujeres han sido víctimas de violencia psicológica, física y/o sexual al menos una vez en su vida. En 2023, las cifras revelaron que aproximadamente 51.100 mujeres y niñas murieron a manos de sus parejas u otros miembros de su familia, y en 2024, una mujer fue asesinada cada 10 minutos debido a la violencia machista. 

Nos encontramos con una lacra que se ha intensificado en diferentes entornos, incluidos el lugar de trabajo y los espacios en línea, y se ha visto agravada por los conflictos y el cambio climático. Ante esta alarmante realidad, es fundamental movilizar a todos los miembros de la sociedad para frenar la escalada de violencia contra las mujeres, revitalizar compromisos institucionales, exigir responsabilidades y adoptar medidas concretas a los garantes de la toma de decisiones. 

Actualmente, en nuestro país, la violencia contra las mujeres y niñas sigue siendo silenciada por un sistema que favorece la impunidad de los agresores, estigmatiza a las víctimas y perpetúa su propia vergüenza. En particular, las instituciones públicas han demostrado ser un foco preocupante de esta problemática. Las mujeres son a menudo acosadas por sus “puritanos” superiores que, con una doble imagen, las persiguen y apartan de sus derechos por no entrar en sus sucios intereses personales. Lamentablemente, estos comportamientos, sostenidos por estructuras de poder corruptas y encubiertos por subordinados cómplices, son un reflejo de un sistema que protege a los agresores y calla a las víctimas. Espero que, en fecha no muy lejana, afloren públicamente estos desdeñables comportamientos sexistas de los “demócratas” acosadores. No olvidemos que el acoso psicológico es la forma más habitual de violencia contra las personas (sean hombres o mujeres) y que, estamos siendo silenciadas por los sicarios de los que ostentan el poder.

La violencia influye en la salud física, sexual y psicológica de las mujeres. Sus repercusiones son devastadoras, impactando todas las etapas de la vida, desde la educación hasta el acceso al empleo y otras oportunidades fundamentales. Es preciso denunciar que la violencia afecta de forma más significativa a las personas en condiciones de mayor vulnerabilidad, incluyendo aquellas que enfrentan crisis humanitarias, migración, discapacidad, edad avanzada, o que viven en zonas rurales. 

Razonadamente, la declaración de intenciones de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que promueve no dejar a nadie atrás, no podrá cumplirse sin primero poner fin a la violencia contra mujeres y niñas. Este compromiso es indispensable, ya que la sostenibilidad está intrínsecamente ligada al empoderamiento de todas las personas, permitiéndoles alcanzar su máximo potencial y promoviendo un crecimiento económico inclusivo. En consecuencia, si nuestro objetivo es garantizar un futuro sostenible y resiliente, debemos comprometernos con el cumplimiento de los derechos humanos y el respeto de la dignidad individual de cada persona.

La solución está en la educación desde la más temprana edad y en acabar con la impunidad de los acosadores, independientemente del cargo que ostenten. Esto incluye la adopción y el financiamiento de planes de acción efectivos, así como la inversión en soluciones impulsadas por los diversos movimientos que luchan por los derechos de las mujeres

El avance hacia sociedades más justas y equitativas requiere la aplicación de principios como la universalidad, igualdad, transversalidad, integralidad, inclusión, solidaridad, equidad y dignidad. Estos valores deben guiar las políticas y enfoques dirigidos a proteger a los grupos en condición de vulnerabilidad. La erradicación de la pobreza y la promoción de oportunidades equitativas en el acceso a los medios de vida solo serán posibles cuando estos principios se traduzcan en acciones concretas. 

La solución está en la educación desde la más temprana edad y en acabar con la impunidad de los acosadores, independientemente del cargo que ostenten. Esto incluye la adopción y el financiamiento de planes de acción efectivos, así como la inversión en soluciones impulsadas por los diversos movimientos que luchan por los derechos de las mujeres. Todo ello debe desarrollarse en el marco de una sociedad que valore y respete los derechos humanos de todas las personas.

La violencia contra la mujer se agrava, incluso, en las instituciones públicas. La igualdad y la no discriminación son principios básicos en la protección de los derechos humanos. Constituyen la base del Estado de Derecho y son esenciales para construir sociedades más justas, democráticas e igualitarias. Sin embargo, la violencia contra las mujeres sigue siendo uno de los mayores obstáculos para la igualdad, el desarrollo, la paz, y el pleno respeto de los derechos humanos.

En este contexto, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979), se posiciona como el instrumento internacional más completo en materia de derechos de las mujeres. Su finalidad principal es eliminar la discriminación y la violencia de género, garantizando la igualdad plena entre mujeres y hombres.